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5.1. ISABEL II: LAS REGENCIAS. LAS GUERRAS CARLISTAS. LOS GRUPOS POLÍTICOS, EL ESTATUTO REAL DE 1834 Y LA CONSTITUCIÓN DE 1837. Entre 1833 y 1868 se produjo el paso definitivo del Antiguo Régimen a un estado liberal. El proceso de consolidación del estado liberal fue complejo por las luchas entre los liberales y los absolutistas, pero también entre los liberales moderados y los liberales más progresistas y radicales, que querían modelos diferentes. LAS GUERRAS CARLISTAS Y LA CUESTIÓN FORAL Fernando VII, después de cuatro matrimonios, sólo había tenido descendencia con su cuarta esposa, su sobrina Mª Cristina de Borbón. En 1830 nace su primera hija, Isabel.
En el reinado de Felipe V se había impuesto la "Ley Sálica" (1713), que impedía a las mujeres heredar la Corona. Pero en 1830 Fernando VII promulgó la "Pragmática Sanción", que anulaba la ley Sálica. Cuando Fernando VII murió en septiembre de 1833 su hija primogénita fue proclamada reina, con el nombre de Isabel II. Debido a la minoría de edad de Isabel fue nombrada regente su madre Mª Cristina de Borbón que contó con el apoyo de los liberales. Los grupos favorables al absolutismo se negaron a reconocer a Isabel como legítima sucesora a la Corona española y se sublevaron contra el gobierno de María Cristina de Borbón.
Los sublevados proclamaron rey al infante don Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII). Daba así comienzo un largo conflicto bélico que, de una u otra manera, estuvo presente a lo largo del reinado de Isabel II y en todo el siglo XIX. El enfrentamiento se produjo entre: - Carlistas (tradicionalistas, realistas o apostólicos). Su lema era "Dios, patria, rey y fueros". Defendían la confesionalidad del Estado católico frente a los ataques liberales a la Iglesia y la separación de la Iglesia y el Estado. Se basaron en el absolutismo, basado en su origen divino y legitimista (sólo los varones podían reinar). Mantenían los fueros navarros y vascos frente al centralismo.
Socialmente eran apoyados por una parte del clero y de la baja nobleza rural, los mandos intermedios del ejército y gran parte del campesinado. Su área de influencia fueron las zonas rurales de Navarra y el País Vasco, en Cataluña y en el Maestrazgo. - Isabelinos (cristinos o liberales). Ante el levantamiento carlista, la regente María Cristina, contó desde el principio con parte de los absolutistas (alta nobleza, jerarquía eclesiástica…) que habían sido siempre fieles a Fernando VII y que se mantuvieron al lado de su hija.
Aunque a los isabelinos se les identificaba ideológicamente con la causa liberal y geográficamente encontraron su apoyo en las áreas urbanas con guarniciones fieles al Estado y, en general, en el centro y sur del país. Las bases sociales eran: alta nobleza, jerarquía eclesiástica, altos mandos militares, clases urbanas e intelectuales. Lo que empezó como un pleito dinástico se convirtió en una guerra civil que enfrentó a liberales y absolutistas. 1. La Primera Guerra Carlista (1833- 1840) Al morir Fernando VII se formaron las primeras partidas de guerrilleros y comenzó la primera guerra carlista.
Fue la más sangrienta y supuso un descalabro demográfico y económico que retrasó, aún más, el desarrollo del país. Inicialmente los carlistas llevaron el predominio militar. El general Zumalacárregui, al mando del ejército carlista, empleó con éxito tácticas guerrilleras y logró controlar el País Vasco, Navarra y Cataluña, excepto las ciudades. El general carlista consiguió formar un ejército regular aglutinando las partidas dispersas. Aunque se aseguró el control de las áreas rurales fracasó en el asedio de Bilbao, en el que murió, privando a Carlos Mª Isidro de su militar más capacitado.
En 1835 los carlistas emprendieron varias expediciones militares desde el norte, con lo que el conflicto trascendió del ámbito regional (País Vasco, Navarra y el Maestrazgo) al nacional. La expedición del propio Carlos María Isidro (rey Carlos V para los carlistas), llegó hasta Madrid en 1837, pero incapaz de tomar la ciudad se replegó de nuevo hacia el norte. El general Espartero, partidario de Isabel II, adquirió gran prestigio tras liberar Bilbao de su segundo sitio por parte de los carlistas, que fueron derrotados en la batalla de Luchana (1836).
El cansancio de la guerra entre los contendientes de ambos bandos y la división de los carlistas (los transaccionistas –partidarios de negociar la paz- y los exaltados – contrarios a la negociación-) llevó a buscar una solución al conflicto, que llegó con el llamado Abrazo o Convenio de Vergara (1839) entre el general Espartero (liberal) y el general carlista Maroto (líder de los transaccionistas). Se pactó y firmó la rendición carlista, prometiendo los isabelinos el respeto a los fueros vascos (promesa posteriormente incumplida) y el mantenimiento de la graduación de los oficiales carlistas que se incorporasen al ejército.
Los exaltados no aceptaron negociar la paz y continuaron la lucha en el Maestrazgo, bajo el mando del general Cabrera (carlista exaltado), hasta la toma de la ciudad de Morella (1840) por los isabelinos. Durante la guerra, ambos bandos contaron con apoyo internacional: los carlistas tuvieron el apoyo de Austria, Prusia y Rusia y los liberales, apoyados por Inglaterra, Francia y Portugal, estados con los que firmaron la Cuádruple Alianza (1834). A pesar de su derrota militar, el carlismo siguió latente, y en algunos momentos de crisis volverá a resurgir, dando lugar a dos guerras más (1846-49 y 1872-76). 2.
La Segunda Guerra Carlista (1846–1849): También llamada "guerra dels matiners" (madrugadores), se desarrolló en zonas rurales de Cataluña y tuvo como pretexto inmediato el fracaso en las negociaciones para casar a Carlos VI (hijo de Carlos Mª Isidro) con Isabel II, lo que habría resuelto el pleito dinástico. No tuvo ni el impacto ni la violencia de la primera, pero se prolongó intermitentemente hasta el año 1860. 3. La Tercera Guerra Carlista (1872–1876): En esta ocasión, los carlistas se enfrentaron primero a un rey perteneciente a una nueva dinastía, Amadeo I y después a la I República. Se desarrolló en Cataluña, Navarra y el País Vasco.
La restauración de los Borbones en el trono (1875) supuso el declive del carlismo, ya que la derecha monárquica se aglutinó en torno a los descendientes de Isabel II. En febrero de 1876, el pretendiente carlista (Carlos VII), cruzó la frontera en dirección a Francia. REINADO DE ISABEL II (1833-1843): LAS REGENCIAS. En la primera década del reinado de Isabel II, debido a su minoría de edad, actuaron como regentes en primer lugar su madre, Mª Cristina de Borbón (1833-1840), y posteriormente el general Espartero (1840-1843).
Se trata de un período dominado políticamente por la cuestión del carlismo y por los cambios gubernamentales, casi siempre forzados y violentos, entre moderados y progresistas. Grupos políticos: Con la regente Mª Cristina de Borbón las ideas liberales llegan al poder, pero divididas en dos corrientes: Moderados. Se apoyaban en los grandes terratenientes, nobles, funcionarios de prestigio, alto clero y mandos militares, burguesía comercial y financiera. Anteponen la autoridad y el orden a la participación de las masas en la política ya que consideran que ésta debe quedar en manos de una minoría ilustrada y propietaria.
Defendían el sufragio censitario muy restringido, la soberanía compartida entre el rey y las cortes, los intereses de las clases más altas, una política económica proteccionista, la confesionalidad del Estado y la limitación de los derechos individuales (prensa, opinión, reunión). Sus representantes son Martínez de la Rosa y Narváez. Su programa se concretó en la Constitución de 1845. Progresistas. Tenían su base social en los sectores más dinámicos de la burguesía nacional y, en general, en las clases populares urbanas (artesanos, comerciantes, profesiones liberales) y oficiales del ejército. Eran partidarios de la soberanía nacional y una ampliación del sufragio censitario.
Pretendían limitar el poder de la Corona y su intervención en la política. Pretendían la restauración de la Milicia Nacional y el empoderamiento de los municipios. Defendieron la política librecambista y la libertad religiosa con derechos individuales más amplios. Espartero, Mendizábal y Prim, son sus representantes. Su programa se concretó en la Constitución de 1837. La lucha por el poder político entre moderados y progresistas, generará un clima de inestabilidad política acentuada por el protagonismo de los militares en la vida política, que utilizaron el pronunciamiento militar como forma habitual de llegar al poder. La regencia de María Cristina de Borbón (1833–1840).
La regente María Cristina de Borbón, se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales para poder defender los derechos al trono de su hija Isabel frente a los carlistas. Durante su regencia se produjo una alternancia en el poder de moderados (1833-1835), progresistas (1835- 1837) y la vuelta de los moderados (1837-1840). La regencia de María Cristina estuvo condicionada por la primera guerra carlista. Comenzó con un gobierno presidido por Cea Bermúdez, un monárquico reformista que sólo llevó a cabo algunas reformas administrativas, siendo la más importante la nueva división del territorio español en 49 provincias obra del ministro Javier de Burgos (1833).
Pero el estallido de la guerra carlista y el descontento de los liberales ante la falta de reformas, obligaron a la Regente a ampliar las concesiones a los liberales. Nombra Jefe de Gobierno al moderado Martínez de la Rosa (1834-1835), con el que se inicia el tránsito desde el absolutismo hacia un liberalismo muy moderado. Se emprenden una serie de reformas entre las que destaca la promulgación del Estatuto Real (1834), que no era realmente una Constitución sino una "Carta Otorgada", es decir una concesión de la Corona a sus súbditos, de carácter muy conservador. Del Estatuto Real cabe destacar: no hay soberanía nacional ya que es el rey quien concede el estatuto.
Las Cortes son bicamerales, y compuestas por: Un Estamento de Procuradores, cuyos representantes eran elegidos mediante sufragio censitario muy restringido, entre los que tenían altísimas rentas (no llegaba al 0,15 % de la población) Un Estamento de Próceres designados por la Corona, con carácter vitalicio, formado por miembros de la nobleza, alto clero… No hay separación de poderes. Así, las Cortes votaban los impuestos, pero no podían iniciar ninguna actividad legislativa sin la aprobación real. No reconocía derechos individuales. Los liberales progresistas se movilizaron contra el Estatuto Real, al que consideraban claramente insuficiente.
Ante los desórdenes urbanos y la formación de juntas revolucionarias, junto al temor a quedarse sin su apoyo, Mª Cristina nombró Jefe de Gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal (1835-1836), que profundizó en las reformas liberales: impulsó la Ley de Desamortización eclesiástica y la reforma del ejército. La Desamortización eclesiástica de Mendizábal (decreto de febrero de 1836). Se nacionalizaron y pusieron en venta los bienes pertenecientes a conventos y monasterios, con el fin de sanear la Hacienda pública y sufragar la guerra contra los carlistas, así como de crear una capa social de nuevos propietarios rurales comprometidos con la causa liberal.
Este último objetivo no se consiguió porque las tierras fueron sacadas a subasta pública y adquiridas por la aristocracia latifundista y la burguesía urbana, que eran los que tenían dinero para comprarlas. Los campesinos salieron perjudicados y el conflicto con la Iglesia se reactivó. Estas medidas provocaron el descontento de la Iglesia y del ejército, por lo que Mª Cristina sustituyó a Mendizábal por el moderado Istúriz.
La oposición de los progresistas a las medidas de Istúriz y de la Regente dio lugar a una extensa protesta que culminó con un pronunciamiento militar progresista organizado por suboficiales del ejército y conocido como el Motín de los Sargentos de la Granja (agosto de 1836) que obligó a Mª Cristina a restablecer la Constitución de 1812 y a designar como jefe de gobierno al liberal progresista Calatrava (1836-1837) que nombró a Mendizábal ministro de Hacienda. Con ellos se inicia realmente la revolución liberal. El gobierno de Calatrava convocó elecciones a Cortes para elaborar una nueva Constitución.
Se promulgó la Constitución de 1837, de carácter progresista, aunque con algunos planteamientos moderados por su redacción consensuada entre moderados y progresistas, ante el peligro común del carlismo y para que permitiera estabilidad política. Con ella se implanta definitivamente el régimen constitucional en España. La Corona renunció definitivamente al absolutismo y, a cambio, se le reconocieron facultades más amplias que en la Constitución de 1812. De su contenido destaca la proclamación de la soberanía nacional y el reforzamiento de la Corona.
El rey tendría capacidad legislativa, derecho a convocar y disolver las Cortes y derecho a vetar las leyes aprobadas, además de ejercer, a través de su jefe de gobierno, el poder ejecutivo. El poder legislativo recae en la Corona junto con las Cortes bicamerales: Congreso de Diputados, elegido por sufragio censitario, y Senado que combina la elección con el nombramiento del rey. Se reconocen derechos como el de libertad de imprenta y de expresión y el de igualdad jurídica. Los ayuntamientos son de nuevo elegidos por los vecinos. Se vuelve a establecer la Milicia Nacional o cuerpo de voluntarios defensores del liberalismo que dependen de los ayuntamientos.
El Estado deja de ser confesional, pero como la desamortización y la supresión del diezmo habían dejado al clero sin su fuente de recursos tradicionales, la Constitución recogió el compromiso de financiar el culto y el clero de la religión católica Además de la Constitución, este gobierno progresista llevó a cabo una serie de reformas: Supresión del régimen señorial, los mayorazgos y el diezmo. Se pretendía convertir la propiedad vinculada del Antiguo Régimen en propiedad libre que podría venderse.
Aprobación de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado para completar la liberalización de la economía: la supresión de la Mesta, abolición de los privilegios gremiales, de las aduanas interiores, etc. Ley electoral que ampliaba ligeramente el derecho a voto, aunque siguió siendo censitario y muy reducido (2% de la población). Restablecimiento de la libertad de imprenta y prensa. Pero la Regente desaprobaba las reformas y tras la aprobación de la Constitución, María Cristina cesó a Calatrava en agosto de 1837. En las elecciones de finales de 1837 los moderados obtuvieron la mayoría y pasaron a ocupar el gobierno.
Desde finales de 1837 a 1840 se sucedieron varios gobiernos moderados, que contaron con el apoyo decidido de la Corona. La situación política se fue deteriorando y en 1840, cuando los moderados trataron de aprobar una nueva Ley de Ayuntamientos que suprimía la elección democrática de los alcaldes de las capitales de provincias que sería nombrados por la Corona, se iniciaron una serie de altercados progresistas que llevaron a María Cristina a renunciar a la regencia y exiliarse a Francia. Isabel II permaneció en España. El líder de los progresistas, el general Espartero, fue elegido por las Cortes para asumir la regencia.
A partir de este momento y durante gran parte del siglo XIX, será frecuente que los militares lideren partidos políticos y gobiernos. La regencia de Espartero (1840 – 1843). Baldomero Espartero era un militar progresista que gozaba de una gran popularidad gracias a sus triunfos en la guerra carlista. Pero su forma de gobernar muy autoritaria y personalista, apoyándose sólo en su grupo de colaboradores y sin contar con las Cortes, le va a enemistar con gran parte de su propio partido. En su corta regencia se continuó con la desamortización de los bienes eclesiásticos, interrumpida por los moderados.
Se aprobó la Ley de modificación de fueros (1841) por la que Navarra dejaba de ser un reino y se convertía en una provincia poniendo fin a sus instituciones y exención militar, pero manteniendo un sistema fiscal distinto. Se adoptaron medidas de carácter librecambista (la aprobación de un arancel que abría el mercado español a los textiles de algodón ingleses) que le enfrentaron a los industriales y trabajadores textiles catalanes y que dieron lugar a una revuelta popular en Barcelona, en 1842, que Espartero reprimió bombardeando la ciudad.
La represión indiscriminada aumentó su impopularidad y la oposición de numerosos políticos progresistas que, en principio, habían colaborado con Espartero. Su aislamiento es aprovechado por los moderados y, en 1843, un pronunciamiento militar dirigido por el general Narváez - líder de los moderados- triunfa y Espartero abandona la regencia, exiliándose a Londres. Con la marcha de Espartero, la regencia quedaba vacante. Moderados y progresistas se pusieron de acuerdo en adelantar la mayoría de edad de Isabel II.