Examen de Sistema de Derechos y Libertades UB 2017 · final de casos prácticos

Caso 1. Garantías procesales y tutela judicial efectiva de ciudadano extranjero

En abril de 2017, el Sr. Soro, de nacionalidad extranjera, acumulaba más de cinco años de residencia legal continuada en España. En dicho mes fue arrestado en el contexto de una investigación policial iniciada dos años antes por la circulación masiva de billetes falsificados de 500 euros. La policía atribuyó al Sr. Soro la máxima dirección técnica en la falsificación.

Tanto en su primera declaración como a lo largo de la vista oral, el investigado solicitó asistencia de intérprete; el juzgado desestimó reiteradamente tales peticiones al apreciar que su castellano rudimentario bastaba para comprender la causa y declarar en ella. Asimismo, su defensa propuso la práctica de una prueba pericial orientada a acreditar que la maquinaria intervenida en su domicilio —núcleo de la acusación— no correspondía a la empleada para elaborar los billetes decomisados. El juez tachó de irrelevante dicha pericia y la inadmitió. Finalmente, la sentencia condenó al Sr. Soro a cuatro años de prisión sin hacer pronunciamiento alguno acerca de la maquinaria incautada, pese a haber sido un punto nuclear del debate defensivo.

Responda a las siguientes cuestiones:

a.

¿Qué derechos fundamentales habrían resultado lesionados en el proceso? Al ser de nacionalidad extranjera, ¿es el Sr. Soro titular legítimo de tales derechos?

b.

¿A qué órgano o sujeto resulta imputable la presunta vulneración y qué vías procesales iniciales puede ejercitar el condenado para restablecer sus derechos?

c.

Valore la procedencia del recurso de amparo constitucional en este caso, precisando frente a qué resoluciones u omisiones cabría formularlo y los requisitos de admisibilidad exigibles.

d.

¿Sería viable elevar el conflicto ante alguna instancia jurisdiccional internacional o supranacional? Indique el cauce y su fundamentación jurídica.

Caso 2. Principio de igualdad y discriminación por razón de sexo en complemento salarial

El demandante presta servicios como trabajador en el hospital de la Seguridad Social de Ávila. En dicho centro sanitario existe un complemento retributivo por importe de 4.000 pesetas mensuales por concepto de guardería, conferido a todas las trabajadoras que tengan hijos menores de seis años, y reconocido a los trabajadores varones con hijos de idéntica edad únicamente si se encuentran en estado de viudedad.

El empleado, casado y con una hija nacida el 7 de abril de 1983, solicitó la percepción del citado complemento. El 30 de mayo de 1985 formalizó una reclamación previa ante la Dirección General del INSALUD instando el reconocimiento del derecho, la cual resultó desestimada por silencio administrativo. Ante dicha inactividad, promovió la oportuna demanda judicial.

A partir de los hechos expuestos y de la jurisprudencia constitucional recaída sobre este litigio, responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a.

¿Cuáles son las dos situaciones o supuestos de trato diferenciado que examina el órgano jurisdiccional/constitucional?

b.

¿Qué alcance otorga el Tribunal Constitucional a las cláusulas específicas de no discriminación consagradas en el artículo 14 de la Constitución Española y por qué motivo se incorporó de forma expresa el sexo en dicha interdicción?

c.

¿Qué canon o criterio de control se aplica para determinar que una distinción o trato desigual no incurre en vulneración del principio de igualdad jurídica?

d.

¿Qué argumentos justifican la decisión sobre la vulneración o no del principio de igualdad en relación con este complemento retributivo y cuál es la relevancia del empleo de datos estadísticos?

Caso 3. Conflicto de derechos en manifestación política y consecuencias laborales

Los promotores de una formación política convocan una manifestación pública. Al concluir el recorrido, el presidente de la organización se dirige a los asistentes desde un escenario y califica al Presidente del Gobierno de «ladrón», «corrupto» y «dictador». Al día posterior, un diario de difusión nacional publica en primera página dichas manifestaciones, acompañada de una instantánea en plano cerrado de asistentes a la concentración bajo el titular: «Finalmente alguien habla claro». En dicha fotografía es nítidamente reconocible el rostro del Sr. Martínez. Transcurridas dos semanas, el Sr. Martínez, personal laboral al servicio de la Administración del Estado, recibe una notificación formal mediante la cual se le comunica la no renovación de su relación contractual de trabajo.

Responda motivadamente a las siguientes cuestiones con cita de los preceptos aplicables:

a)

¿Qué derechos fundamentales colisionan a la hora de determinar si las expresiones dirigidas contra el Presidente del Gobierno conllevan responsabilidad jurídica? ¿Bajo qué pautas de ponderación se resuelve el conflicto y qué eventual responsabilidad afectaría al medio de comunicación que reprodujo las declaraciones?

b)

En el hipotético caso de que la delegación gubernativa competente hubiese alterado previamente el trayecto o el horario previsto para la marcha aduciendo un grave colapso del tráfico rodado ordinario, ¿podría haberse acudido a la sede jurisdiccional para defender el derecho fundamental de reunión? ¿Ante qué orden y órgano se sustancia, mediante qué procedimiento y con qué argumentos?

c)

¿Qué derechos fundamentales del Sr. Martínez han podido ser vulnerados con la difusión de la fotografía y con la extinción/no renovación de su contrato de trabajo? ¿De qué vías de tutela procesal dispone el afectado?

Caso 4. Conflicto entre derecho a la vida y libertad religiosa en transfusión a menor

Un joven de 13 años (ABC) sufre un accidente de bicicleta y es trasladado de urgencia a un centro hospitalario. El equipo médico que lo atiende determina que, para salvar su vida, resulta imprescindible someterle a una transfusión de sangre; no obstante, el menor, perteneciente a los Testigos de Jehová, rehúsa someterse a ella. Sus progenitores, que profesan el mismo credo, se niegan igualmente a autorizar la práctica médica con el argumento de que su hijo ha formulado de manera inequívoca su voluntad de rechazo.

Ante el riesgo inminente de fallecimiento de ABC, el hospital recaba autorización judicial urgente para efectuar la transfusión. El juez de guardia concede dicha autorización y los padres acatan la decisión judicial sin oponerse físicamente. Sin embargo, en el instante en que el personal sanitario va a ejecutar la intervención, el menor vuelve a negarse y entra en un cuadro de agitación tan severo que imposibilita la actuación médica. Los doctores requieren a los progenitores para que convenzan al menor de que permita el tratamiento, pero estos se niegan reiterando que respetan la decisión de su hijo. Dos días más tarde, el joven fallece. El Ministerio Fiscal incoa causa penal contra los progenitores por homicidio por omisión del deber de socorro, y la Audiencia Provincial los condena con arreglo a dicho tipo delictivo.

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

a.a)

¿Afecta la condena penal impuesta a los progenitores a algún derecho fundamental? De ser así, ¿a cuál o cuáles y de quién?

a.b)

¿Puede el menor de edad ser titular de los derechos en conflicto? ¿Qué efectos despliega su minoría de edad sobre el ejercicio de tales facultades?

a.c)

¿Cuál es el fundamento constitucional del requerimiento médico a los padres y, por otro lado, el de la condena penal impuesta?

b)

¿Resulta viable que el litigio acceda al conocimiento del Tribunal Constitucional? Indique la vía y los presupuestos procesales aplicables.

c)

De conformidad con el juicio de ponderación constitucional (STC 154/2002), ¿cuál debiera ser el sentido del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en torno a la condena de los padres?

d)

¿Cabría elevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)? Precise el cauce y sus requisitos de admisibilidad.