Pregunta II.2 · Sistema constitucional español UOC 2018

a. Concepto, naturaleza y finalidad objetiva.

Solución: Regulado en el art. 161.1 a) CE, es un instrumento procesal directo frente a leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Se trata de un juicio puramente abstracto y objetivo, no vinculado a ningún litigio o caso concreto entre partes ordinarias, que busca depurar el ordenamiento expulsando las normas contrarias a la Constitución.

b. Sujetos legitimados para su interposición.

Solución: El art. 162.1 a) CE veta la acción popular y reserva el recurso a un catálogo tasado de órganos públicos: Presidente del Gobierno; Defensor del Pueblo; 50 Diputados o 50 Senadores; y Órganos colegiados ejecutivos (gobiernos) y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (según el art. 32 LOTC, frente a normas estatales que afecten a su ámbito propio de autonomía, si bien el TC interpreta este nexo con flexibilidad).

c. Plazos procesales de presentación.

Solución: Con carácter general, el plazo es de tres meses a partir de la publicación de la ley en el diario oficial correspondiente (art. 33.1 LOTC). Se amplía a nueve meses cuando se inicia un procedimiento previo de negociación entre el Estado y la Comunidad Autónoma en el seno de la Comisión Bilateral (art. 33.2 LOTC, introducido por la LO 1/2000).

d. Efectos y régimen de suspensión del acto normativo impugnado.

Solución: Por regla general, admitir a trámite el recurso no suspende la vigencia ni la ejecutividad de la ley. La única excepción opera cuando el Presidente del Gobierno recurre una norma con rango de ley autonómica e invoca expresamente el art. 161.2 CE (o art. 30 LOTC), momento en que la suspensión cautelar es automática, debiendo el TC ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.