Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes

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APUNTES PRINCIPIOS E INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES Grado en Derecho Universidad de Barcelona AprenAI 2026-2027 Apuntes de Constitucional: Gobierno, Cortes, Poder Judicial, TC, ordenamiento jurídico, tipos de leyes, decretos del Gobierno y potestad reglamentaria. APREN.AI Índice El Gobierno 1 Estructura, principios y nombramiento Naturaleza y principios rectores del Gobierno Composición orgánica y estatuto de los miembros Régimen de incompatibilidades y fuero procesal El procedimiento ordinario de investidura (art. 99 CE) 2 Atribuciones y relaciones de control con las Cortes 1. Funciones constitucionales del Gobierno (art. 97 CE) 2. Control parlamentario ordinario o de fiscalización 3.

Control extraordinario y exigencia de responsabilidad política 4. Facultad de disolución anticipada de las Cámaras (art.

115 CE) 3 El Poder Judicial — Principios, estatuto y Consejo General del Poder Judicial Posición constitucional y naturaleza del Poder Judicial Principios constitucionales de la función jurisdiccional Estatuto jurídico de jueces y magistrados Régimen de responsabilidades El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 4 El Tribunal Constitucional — Naturaleza, estatuto orgánico y competencias Naturaleza y modelo de justicia constitucional Composición y estatuto orgánico de los magistrados Estructura organizativa: Pleno, Salas y Secciones Competencias jurisdiccionales y vías procesales Resoluciones procesales, efectos y potestades ejecutivas 5 El ordenamiento jurídico — Estructura y principios del sistema de fuentes Concepto de fuentes y distinciones básicas Propiedades estructurales del ordenamiento jurídico Validez frente a vigencia jurídica Principios de articulación del sistema de fuentes Los principios constitucionales del artículo 9.3 CE 6 La Ley — Concepto constitucional y procedimiento legislativo ordinario Transformación histórica y concepto constitucional de la ley La reserva de ley y sus dimensiones Posición de la ley en el sistema normativo El procedimiento legislativo ordinario Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 1 7 Tipologías de leyes — Leyes orgánicas, presupuestarias y reglamentos parlamentarios Especialidades del procedimiento legislativo ordinario La Ley Orgánica: ámbito material y régimen procedimental La Ley de Presupuestos Generales del Estado Los Reglamentos de las Cámaras 8 Normas del Gobierno con rango de ley — Decreto-ley y decreto legislativo 1.

Justificación histórica y naturaleza de la legislación gubernamental 2. El Decreto-ley: presupuesto de hecho y límites materiales (art. 86 CE) 3. Tramitación, convalidación y control parlamentario del Decreto-ley 4. El Decreto legislativo: modalidades de delegación y límites (arts. 82-85 CE) 5.

Fiscalización y control de constitucionalidad 9 La potestad reglamentaria — Régimen jurídico y control jurisdiccional Concepto constitucional y delimitación del reglamento Titularidad de la potestad reglamentaria y condiciones de validez Clasificación doctrinal de las disposiciones reglamentarias Control jurisdiccional de los reglamentos: inaplicación y anulación 10 Resumen para repasar El Gobierno y las relaciones con las Cortes El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional Ordenamiento jurídico, leyes y normas del Gobierno Soluciones de las preguntas de repaso Estos apuntes pueden contener errores u omisiones.

Son un material de apoyo y no sustituyen al temario oficial ni al profesorado: contrasta la información importante. Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 2 1 Estructura, principios y nombramiento AL ACABAR SABRÁS Identificar los principios rectores que articulan el funcionamiento colegiado y presidencial del Gobierno. Diferenciar las atribuciones orgánicas del Presidente frente a las de los Ministros según la Ley 50/1997. Explicar las fases, plazos y mayorías requeridas en el procedimiento de investidura del artículo 99 CE.

PIÉNSALO ANTES DE LEER 1 ¿Debe el Presidente del Gobierno haber sido elegido obligatoriamente como diputado en las elecciones generales para poder ser investido? El Gobierno constituye el órgano constitucional que ostenta la cúspide del poder ejecutivo. Su marco normativo fundamental se asienta en el Título IV de la Constitución Española («Del Gobierno y de la Administración») y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, mientras que las dinámicas de control y exigencia de responsabilidad política se ubican en el Título V («De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales»).

A diferencia de los modelos constitucionales decimonónicos, el Gobierno goza de autonomía constitucional plena respecto a la Jefatura del Estado: ya no es un mero ejecutor subordinado a la voluntad regia, sino un sujeto con legitimación parlamentaria propia.

El Gobierno 1 Estructura, principios y nombramiento 2 Atribuciones y relaciones de control con las Cortes Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 3 ESQUEMA Estructura institucional del Gobierno Naturaleza y principios rectores del Gobierno El ordenamiento articula el funcionamiento del Gobierno mediante cinco directrices estructurales que equilibran el liderazgo unitario y la deliberación colectiva: Dirección presidencial: el Presidente del Gobierno ostenta una posición de preeminencia indiscutible. Establece las directrices políticas generales y coordina a los restantes miembros.

Colegialidad y responsabilidad solidaria: las decisiones de trascendencia política y normativa se deliberan y aprueban colectivamente en el Consejo de Ministros. Todos los integrantes del gabinete responden solidariamente de los acuerdos adoptados; el cese o la caída del Presidente arrastra consigo a la totalidad del ejecutivo. Principio departamental: concede a cada titular ministerial autonomía funcional y de gestión técnica al frente de su sección administrativa. Homogeneidad política: el gabinete requiere cohesión programática e ideológica interna para actuar con un criterio unificado, ya se trate de gabinetes monocolor o de coalición multipartidista.

DEFINICIÓN El parlamentarismo racionalizado es el diseño constitucional que protege la estabilidad gubernamental subordinando la permanencia del gabinete a mayorías tasadas y concentrando la confianza política de las Cortes en la figura individual del Presidente. COMPRUEBA 2 ¿En qué medida el principio de dirección presidencial condiciona la responsabilidad solidaria de los ministros?

Presidente del Gobierno Dirección política y preeminencia constitucional Vicepresidencias Órgano potestativo de apoyo y suplencia Consejo de Ministros Órgano colegiado de deliberación y decisión Ministerios departamentale Gestión de ramos específicos de la Administración Ministros sin cartera Atribuciones funcionales sin departamento propio Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 4 Composición orgánica y estatuto de los miembros Conforme al artículo 98.1 de la Constitución, el Gobierno se integra por el Presidente, los Vicepresidentes (en caso de existir) y los Ministros, junto con aquellos otros cargos que fije la ley.

La norma contempla también la figura del Ministro sin cartera, a quien se confían áreas funcionales específicas sin asignarle un departamento ministerial concreto. Cargo Naturaleza del cargo Funciones principales (Ley 50/1997) Presidente Órgano unipersonal; centro de gravedad del ejecutivo. Fija el programa de gobierno, propone el cese y nombramiento de ministros, disuelve las Cortes y plantea la confianza parlamentaria tras deliberación del Consejo. Vicepresidente Órgano de existencia potestativa. Ejerce las funciones que le encomiende el Presidente y lo suple en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. Ministro Titular departamental o sin cartera.

Dirige su ámbito sectorial, formula anteproyectos normativos e interviene en la deliberación y voto del Consejo de Ministros. El acceso al cargo ministerial exige reunir la nacionalidad española, la mayoría de edad, la titularidad del sufragio activo y pasivo y no hallarse inhabilitado para el empleo o cargo público. Su separación se efectúa de manera enteramente discrecional por el Rey a propuesta del Presidente, mediante Real Decreto y sin necesidad de motivación causal alguna. ERROR FRECUENTE Pensar que los miembros del Gobierno deben poseer forzosamente acta de diputado o senador en las Cortes Generales. La Constitución exige tal condición únicamente para los Presidentes autonómicos (art.

152 CE), pero en el ámbito estatal el Presidente y los Ministros pueden ser personas sin escaño parlamentario, aunque resulte habitual que procedan de las Cámaras. Régimen de incompatibilidades y fuero procesal Para preservar la imparcialidad del ejercicio público, el artículo 98.3 CE prohíbe a los integrantes del Gobierno ejercer cualquier otra función representativa que no derive de su propio cargo, así como realizar cualquier actividad profesional o mercantil privada.

La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, amplía estas cautelas mediante un periodo de incompatibilidad de dos años posteriores al cese oficial, durante el cual no podrán prestar servicios en entidades privadas afectadas directamente por resoluciones en las que hayan intervenido. En el terreno penal, el artículo 102 de la Constitución consagra el aforamiento procesal de los miembros del Gobierno ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. COMPRUEBA 3 ¿Puede un ministro sancionado penalmente por el Tribunal Supremo recibir un indulto por parte del Gobierno?

Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 5 El procedimiento ordinario de investidura (art. 99 CE) La designación ordinaria del Presidente del Gobierno se articula mediante el mecanismo de la investidura parlamentaria. Dicho proceso vincula de forma directa la Jefatura del Estado con el Congreso de los Diputados: PROCESO Procedimiento de investidura (art. 99 CE) En caso de no obtener la confianza en ninguna de las dos votaciones, se tramitan sucesivas propuestas siguiendo el mismo cauce.

No obstante, si transcurre un plazo perentorio de dos meses a partir de la primera votación de investidura sin que ningún candidato logre el respaldo parlamentario, el Rey disuelve ambas Cámaras de forma automática y convoca nuevas elecciones. Ronda de consultas regias: constituidas las Cámaras tras las elecciones generales (o acontecida la dimisión o fallecimiento del Presidente previo), el Rey celebra consultas con los representantes de las formaciones con representación parlamentaria. 1 Propuesta regia: a través de la Presidencia del Congreso, el Rey formaliza y traslada la candidatura al Presidente del Gobierno.

2 Exposición y debate: el candidato expone ante el Pleno de la Cámara Baja el programa de gobierno que pretende desarrollar, debatiendo de forma sucesiva con las fuerzas parlamentarias. 3 Primera votación: se realiza de manera pública por llamamiento. Requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso (al menos 176 votos favorables) para otorgar la confianza. 4 Segunda votación: si no se alcanza la mayoría absoluta, se convoca una nueva votación pasadas 48 horas, donde basta con alcanzar la mayoría simple (más votos a favor que en contra).

5 Consultas regias El Rey consulta con los grupos parlamentarios 1 Propuesta formal El Monarca propone candidato mediante el Congreso 2 Debate del programa Exposición del candidato ante el Pleno 3 Primera votación Exige mayoría absoluta de los diputados 4 Segunda votación A las 48 horas por mayoría simple 5 Límite de dos meses Disolución de Cortes si no hay investidura 6 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 6 PARA RECORDARLO Recuerda la regla temporal de la investidura: «48 horas para la mayoría simple y 2 meses para la disolución automática».

El reloj de los dos meses empieza a correr ininterrumpidamente desde la primera votación, nunca desde las consultas regias ni desde las elecciones. IDEAS CLAVE El Gobierno se rige por los Títulos IV y V de la Constitución y la Ley 50/1997, poseyendo plena autonomía constitucional respecto de la Corona. La estructura ejecutiva se asienta en los principios de dirección presidencial, colegialidad en el Consejo de Ministros, responsabilidad solidaria y división departamental. No es requisito jurídico que los ministros o el Presidente ostenten la condición de diputados o senadores de las Cortes Generales.

El estatuto de los miembros del ejecutivo fija un estricto régimen de incompatibilidades durante el cargo y de dos años posteriores al cese (Ley 3/2015), junto con aforamiento ante el Tribunal Supremo. La investidura (art. 99 CE) exige mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple a las 48 horas; si transcurren dos meses sin investidura desde la primera votación, las Cortes se disuelven automáticamente. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 4. ¿En qué se diferencia el requisito de pertenencia parlamentaria del Presidente del Gobierno frente al de los presidentes autonómicos? 5.

¿Qué consecuencias institucionales acarrea el principio de responsabilidad solidaria si prospera una moción de censura contra el Presidente? 6. ¿A partir de qué hito procesal comienza a computar el plazo límite de dos meses para evitar la repetición electoral en el artículo 99 CE? Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 7 EL GOBIERNO 2 Atribuciones y relaciones de control con las Cortes AL ACABAR SABRÁS Diferenciar las atribuciones ejecutivas, normativas y de dirección política recogidas en el artículo 97 CE. Distinguir el control parlamentario ordinario de los mecanismos extraordinarios de exigencia de responsabilidad política.

Comparar los plazos, mayorías y consecuencias de la moción de censura y la cuestión de confianza. Identificar los presupuestos y límites de la potestad presidencial de disolución anticipada de las Cámaras. PIÉNSALO ANTES DE LEER 7 ¿Por qué la Constitución exige proponer a un nuevo Presidente al censurar al Ejecutivo en lugar de convocar elecciones inmediatas? 1. Funciones constitucionales del Gobierno (art. 97 CE) El artículo 97 de la Constitución Española define el estatuto funcional del órgano ejecutivo delimitando sus atribuciones esenciales frente al resto de poderes del Estado.

De acuerdo con este precepto, el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, además de ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. La función de dirección política se manifiesta en diversos ámbitos de actuación y en su relación directa con los demás órganos constitucionales: Relaciones con las Cortes Generales: incluye la facultad de acordar la disolución de las Cámaras y convocar elecciones anticipadas (art. 115 CE), la iniciativa legislativa mediante proyectos de ley (art. 88 CE), la potestad de dictar normas con fuerza de ley como decretos-leyes y decretos legislativos (arts.

85 y 86 CE), el planteamiento de la cuestión de confianza (art. 112 CE) y la iniciativa de reforma constitucional (art. 166 CE). Relación con el cuerpo electoral: la propuesta exclusiva para convocar referéndums consultivos (art. 92 CE). Relación con el Poder Judicial: el ejercicio del derecho de gracia a través de la concesión de indultos. Relación con el Tribunal Constitucional: legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad e iniciar conflictos de competencias con las Comunidades Autónomas (art. 162 CE), así como proponer el nombramiento de dos magistrados constitucionales (art. 159 CE).

Relación con las Comunidades Autónomas: la adopción de medidas extraordinarias mediante el mecanismo de coerción estatal del artículo 155 CE. Política exterior y de defensa: abarca la negociación de tratados internacionales (ius contrahendi), el nombramiento y acreditación de embajadores y representantes diplomáticos (ius legationis) y la Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 8 conducción de las relaciones con la Unión Europea. En defensa, el Gobierno determina la participación en misiones militares y conflictos internacionales.

Por su parte, la función ejecutiva y reglamentaria comprende la ejecución directa de los mandatos legales y la capacidad de dictar reglamentos subordinados jerárquicamente a la ley para ordenar la actuación administrativa (véase «La potestad reglamentaria — Régimen jurídico y control jurisdiccional»). COMPRUEBA 8 ¿En qué se distingue la iniciativa legislativa ordinaria del Gobierno de su potestad para dictar decretos-leyes? 2. Control parlamentario ordinario o de fiscalización El control ordinario o de fiscalización (art. 108 CE) constituye una actividad permanente orientada a supervisar la acción diaria del Ejecutivo sin poner en riesgo inmediato su continuidad institucional.

Este control lo ejercen tanto el Congreso como el Senado, y puede desarrollarse de forma individual por los parlamentarios o a través de los grupos parlamentarios. Sus efectos son de carácter informativo, crítico y político, incidiendo en la opinión pública. Instrumento Sede constitucional Formato y tramitación Consecuencia parlamentaria Solicitud de información Art. 109 CE Petición escrita a cualquier Administración pública cursada por Cámaras o comisiones. Obligación administrativa de remitir los datos o documentos requeridos. Comparecencias Art. 110 CE Presencia en Pleno o comisión de miembros del Gobierno a requerimiento de las Cámaras.

Debate contradictorio abierto con intervenciones de los grupos parlamentarios. Preguntas Art. 111 CE Escritas u orales (en Pleno o comisión). Tiempo reservado de dos horas semanales. Aluden a hechos concretos. Respuesta ministerial con turno de réplica; las no sustanciadas pasan a contestación escrita. Interpelaciones Art. 111 CE Registro con 15 días de antelación (o por trámite de urgencia). Siempre orales y ante el Pleno. Versan sobre motivos o cuestiones de política general; pueden originar una moción. Comisiones de investigación Art. 76 CE Comisiones no permanentes sobre cualquier asunto de interés público aprobadas por mayoría.

Conclusiones sin fuerza judicial, con posibilidad de traslado al Ministerio Fiscal. A diferencia de las preguntas, las interpelaciones tratan temas de trascendencia política general y permiten abrir un debate en el que pueden participar todos los grupos. Tras una interpelación, el grupo interpelante tiene la facultad de registrar una moción ordinaria para que la Cámara fije formalmente su Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 9 postura sobre el asunto debatido. COMPRUEBA 9 ¿Qué diferencia existe entre el desenlace formal de una pregunta parlamentaria y el de una interpelación? 3.

Control extraordinario y exigencia de responsabilidad política El control parlamentario extraordinario busca exigir la responsabilidad política del Gobierno y condiciona directamente su permanencia en el cargo. En virtud del bicameralismo imperfecto establecido en la Constitución, este mecanismo compete exclusivamente al Congreso de los Diputados, quedando el Senado al margen del otorgamiento o la retirada de la confianza política. MOCIÓN DE CENSURA CONSTRUCTIVA Instrumento parlamentario extraordinario por el que el Congreso exige la responsabilidad política al Gobierno (art.

113 CE), requiriendo la presentación preceptiva de un candidato alternativo a la Presidencia para evitar situaciones de vacío de poder en caso de que prospere. La tramitación de la moción de censura comprende las siguientes fases formales: Presentación y registro: debe ser propuesta por al menos la décima parte de los Diputados (35 escaños) en escrito motivado que incluya un candidato formal a la Presidencia del Gobierno (quien no necesita ser diputado). 1 Admisión y mociones alternativas: la Mesa del Congreso admite a trámite el escrito y lo comunica al Presidente del Gobierno. Se abre un plazo de dos días hábiles para presentar mociones alternativas con sus respectivos candidatos.

2 Periodo de enfriamiento: transcurre un mínimo de cinco días desde la presentación inicial durante los cuales queda prohibida la votación parlamentaria. 3 Debate y votación: intervienen un defensor de la moción sin límite de tiempo, el candidato propuesto para exponer su programa de gobierno y los grupos parlamentarios. La votación es pública y por llamamiento, exigiéndose el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja. 4 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 10 PROCESO Fases de la moción de censura constructiva Si la moción alcanza la mayoría absoluta, el Gobierno cesa inmediatamente y el candidato propuesto queda investido como Presidente (art.

114.2 CE), siendo formalmente nombrado por el Rey conforme al artículo 99 CE. Si resulta desestimada, el Gobierno se mantiene en sus funciones y los diputados firmantes quedan inhabilitados para suscribir otra moción durante el mismo período de sesiones ordinario. La cuestión de confianza (art. 112 CE) responde a la iniciativa exclusiva del Presidente del Gobierno, previa deliberación obligatoria, aunque no vinculante, del Consejo de Ministros. Mediante ella, el Presidente busca revalidar ante el Congreso la cohesión parlamentaria en torno a su programa de gobierno o a una declaración de política general.

PARA RECORDARLO La moción de censura derriba al Ejecutivo desde la oposición con una exigencia reforzada (mayoría absoluta), mientras que la cuestión de confianza la convoca el propio Presidente para fortalecerse y solo requiere el listón de la mayoría simple. Rasgo distintivo Moción de censura (art. 113 CE) Cuestión de confianza (art. 112 CE) Iniciativa Al menos una décima parte del Congreso (35 diputados). Exclusiva del Presidente del Gobierno (previa deliberación del Consejo de Ministros). Objeto Exigencia de cese gubernamental e investidura del candidato propuesto. Revalidación del programa o de una declaración de política general. Periodo de reflexión Mínimo de 5 días desde el registro.

Mínimo de 24 horas entre el debate y la votación. Registro de la moción Firma de al menos 35 diputados y propuesta de candidato alternativo 1 Mociones alternativas Plazo de dos días para que otros grupos registren candidatos 2 Periodo de enfriamiento Cinco días mínimos de reflexión obligatoria antes de someterla a votación 3 Debate plenario Defensa de la moción y exposición del programa de gobierno del candidato 4 Votación de investidura Exigencia de mayoría absoluta en votación pública por llamamiento 5 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 11 Rasgo distintivo Moción de censura (art. 113 CE) Cuestión de confianza (art.

112 CE) Mayoría requerida Mayoría absoluta del Congreso (176 votos afirmativos sobre 350). Mayoría simple del Congreso (más votos a favor que en contra). Efecto en caso de éxito Cese del Gobierno e investidura directa del candidato censurante. Ratificación política del Gobierno y continuidad en el cargo. Efecto en caso de fracaso El Gobierno continúa; los firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. Dimisión inmediata del Gobierno ante el Rey e inicio del proceso del art. 99 CE.

ERROR FRECUENTE Un fallo habitual de examen consiste en atribuir al Senado competencias para votar la censura o la confianza, o creer que el rechazo de la cuestión de confianza disuelve las Cortes automáticamente. La relación fiduciaria reside exclusivamente en el Congreso, y si se rechaza la confianza, el Gobierno debe dimitir ante el Rey, activándose el procedimiento de investidura ordinario del artículo 99 CE sin disolución inmediata. COMPRUEBA 10 ¿Qué ocurre si el Congreso de los Diputados vota en contra de una cuestión de confianza planteada por el Presidente? 4. Facultad de disolución anticipada de las Cámaras (art.

115 CE) Como contrapeso constitucional al control extraordinario del Parlamento, el artículo 115 CE atribuye al Presidente del Gobierno la potestad de acordar la disolución anticipada de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados o del Senado. La decisión es privativa del Presidente y requiere únicamente la previa deliberación formal del Consejo de Ministros, sin vinculación jurídica. El decreto de disolución fija la fecha de celebración de los nuevos comicios electorales. Esta facultad restablece el equilibrio de poderes frente al legislativo, aunque su ejercicio queda sometido a límites constitucionales estrictos previstos para preservar la estabilidad institucional.

Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 12 IDEAS CLAVE El artículo 97 CE fija las competencias del Gobierno: dirección política interior y exterior, defensa, función ejecutiva y potestad reglamentaria. El control ordinario (preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación) fiscaliza de forma continuada sin comprometer de inmediato la subsistencia del Gabinete. La moción de censura exige un candidato alternativo, firma de al menos la décima parte de la Cámara (35 diputados) y mayoría absoluta para prosperar. La cuestión de confianza es de iniciativa presidencial exclusiva, exige deliberación ministerial y se aprueba por mayoría simple del Congreso.

El Senado queda excluido de los procedimientos de otorgamiento y ruptura del vínculo fiduciario con el Gobierno. El Presidente puede decretar la disolución anticipada de las Cortes (art. 115 CE) previa deliberación del Consejo de Ministros. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 11. ¿Qué requisitos de presentación y mayoría exige la moción de censura para prosperar según la Constitución? 12. ¿Qué consecuencias jurídicas acarrea la desestimación de una cuestión de confianza? 13. ¿Por qué el Senado carece de legitimidad para reprobar políticamente al Gobierno mediante moción de censura? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 14.

¿Qué mayoría requiere el candidato a la presidencia en la segunda votación de investidura? 15. ¿Cuál es la duración de la incompatibilidad privada tras cesar en un alto cargo ministerial según la Ley 3/2015? 16. ¿Ante qué órgano jurisdiccional gozan de aforamiento penal los integrantes del Gobierno? 17. ¿Quién tiene la iniciativa exclusiva para plantear la cuestión de confianza?

Mayoría de dos tercios a) Mayoría de tres quintos b) Mayoría absoluta c) Mayoría simple d) Seis meses a) Un año b) Dos años c) Cinco años d) Tribunal Constitucional a) Juzgado Central de Instrucción b) Tribunal Supremo c) Audiencia Nacional d) El Consejo de Ministros a) La Mesa del Congreso b) El Presidente del Gobierno c) Un tercio del Congreso d) Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 13 18. ¿Qué mayoría requiere el Congreso para aprobar una moción de censura? 19. ¿Cuál es el plazo mínimo de enfriamiento antes de votar una moción de censura?

3 El Poder Judicial — Principios, estatuto y Consejo General del Poder Judicial AL ACABAR SABRÁS Diferenciar la función técnica judicial de la actuación política del Gobierno. Explicar los principios constitucionales de unidad y exclusividad jurisdiccional. Analizar el estatuto de independencia, inamovilidad y responsabilidades de los jueces. Detallar la composición, funciones de gobierno y evolución legal del CGPJ. PIÉNSALO ANTES DE LEER 20 ¿Por qué un juez que considera injusta o contraria a la Constitución una ley formal no puede limitarse a descartarla en su sentencia?

El Poder Judicial desempeña una función estatal cualitativamente distinta a la del poder político: no persigue objetivos de oportunidad ni diseña políticas públicas, sino que resuelve controversias aplicando el ordenamiento jurídico mediante criterios exclusivamente técnicos.

Mayoría simple de presentes a) Tres quintos de la Cámara b) Dos tercios de la Cámara c) Mayoría absoluta de miembros d) Dos días hábiles a) Cinco días desde presentación b) Veinticuatro horas exactas c) Quince días naturales d) Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 14 ESQUEMA Estructura institucional del Título VI CE Posición constitucional y naturaleza del Poder Judicial El Título VI de la Constitución Española (artículos 117 a 127) establece las bases del Poder Judicial. El artículo 117.1 proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados.

A diferencia del Gobierno, que actúa con discrecionalidad dentro del marco constitucional, los órganos judiciales carecen por completo de margen de oportunidad política. Su labor está estrictamente reglada y supeditada a las normas vigentes. En el Estado constitucional contemporáneo, el Poder Judicial asume una posición protagonista por tres razones fundamentales: Fiscaliza que los actos del Gobierno y de la Administración pública se ajusten plenamente a la ley (artículo 103.1 CE). Constituye la garantía institucional definitiva para la tutela efectiva de los derechos fundamentales (artículo 53 CE).

Colabora con el Tribunal Constitucional mediante la interposición de cuestiones de inconstitucionalidad para salvaguardar la coherencia del ordenamiento (artículo 163 CE). Desde una perspectiva orgánica, el Poder Judicial no responde a una jerarquía burocrática centralizada: es una estructura difusa integrada por jueces y magistrados distribuidos territorialmente. Todos ellos forman un cuerpo único de funcionarios que desarrollan su trayectoria profesional mediante la carrera judicial. En su dimensión funcional, ejercen la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Asimismo, existe una vertiente prestacional (vinculada al artículo 24 CE) que engloba el conjunto de medios materiales, infraestructuras y personal técnico auxiliar: la denominada «administración de la administración de Justicia».

Poder Judicial Función jurisdiccional del Estado Principios rectores Unidad, exclusividad e independencia Juzgar y ejecutar Aplicación estricta del ordenamiento Estatuto judicial Inamovilidad, incompatibilidades y responsabilidad Garantías procesales Mecanismos de abstención y recusación CGPJ Órgano constitucional de gobierno interno 20 Vocales y Presidente Mayoría parlamentaria de tres quintos Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 15 COMPRUEBA 21 ¿En qué se distingue esencialmente el criterio de actuación de un juez del de un miembro del Gobierno?

Principios constitucionales de la función jurisdiccional La Constitución sujeta la función jurisdiccional a una serie de principios configuradores que determinan su validez: Independencia: ausencia de subordinación frente a los poderes Legislativo o Ejecutivo, así como frente a los tribunales de grado superior. Los jueces no reciben órdenes de nadie respecto al sentido de sus fallos. La única vía para rectificar una resolución es el sistema legal de recursos. Sumisión al imperio de la ley: los tribunales resuelven exclusivamente según el Derecho objetivo.

Si un juez duda de la validez de una ley aplicable al caso, no puede ignorarla: debe elevar una cuestión al Tribunal Constitucional (véase «El Tribunal Constitucional — Naturaleza, estatuto orgánico y competencias»). Por el contrario, los reglamentos ilegales deben ser inaplicados directamente (véase «La potestad reglamentaria — Régimen jurídico y control jurisdiccional»). Legitimidad democrática funcional: los integrantes del Poder Judicial no son elegidos por sufragio directo, sino que adquieren legitimidad democrática en el ejercicio de su función al aplicar normas emanadas de las Cortes, institución que ostenta la representación popular.

Principio de unidad jurisdiccional (artículo 117.5 CE): base organizativa de los tribunales con dos vertientes: Vertiente interna: prohíbe las jurisdicciones especiales, los tribunales de honor (artículo 26 CE) y los de excepción (artículo 117.6 CE). Admite la especialización material (civil, penal, contencioso- administrativo y laboral), así como excepciones tasadas constitucionalmente: la jurisdicción militar (en el ámbito estrictamente castrense), los tribunales consuetudinarios tradicionales, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Vertiente territorial: la administración de justicia es monopolio estatal exclusivo.

Las Comunidades Autónomas no tienen un poder judicial propio; únicamente asumen la gestión de los medios materiales («administración de la administración de Justicia»). Exclusividad jurisdiccional: posee un sentido positivo (solo los jueces y tribunales juzgan y hacen ejecutar lo juzgado) y un sentido negativo (los tribunales no pueden ejercer funciones distintas a las jurisdiccionales y a aquellas expresamente atribuidas por ley en garantía de derechos, como acordar entradas y registros o autorizar intervenciones de comunicaciones).

Admite matizaciones como el arbitraje, los tratados internacionales y la cesión de competencias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante el artículo 93 CE. Principio Contenido nuclear Límites o excepciones Independencia Inexistencia de órdenes o jerarquías decisorias internas y externas. Revisión de resoluciones mediante el sistema de recursos procesales. Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 16 Principio Contenido nuclear Límites o excepciones Unidad jurisdiccional Cuerpo único y orden ordinario idéntico para todos los ciudadanos. Jurisdicción militar, tribunales consuetudinarios, TC y Tribunal de Cuentas.

Exclusividad Monopolio de juzgar y prohibición de asumir otras funciones públicas. Arbitraje, convenios internacionales, cesión al TJUE y actos de garantía de derechos. COMPRUEBA 22 ¿Pueden las Comunidades Autónomas crear sus propios tribunales de justicia independientes del Poder Judicial del Estado?

Estatuto jurídico de jueces y magistrados Para asegurar que los jueces actúen sin presiones, el ordenamiento articula una serie de garantías y restricciones personales: El acceso a la categoría judicial exige la nacionalidad española, mayoría de edad, licenciatura o grado en Derecho, carecer de causas de incapacidad y superar la oposición libre junto con el curso teórico- práctico en la Escuela Judicial. ERROR FRECUENTE Confundir la pertenencia a partidos políticos con la afiliación a asociaciones judiciales.

Los jueces tienen prohibido afiliarse a sindicatos o formaciones políticas para preservar su apariencia de neutralidad, pero el ordenamiento les reconoce expresamente el derecho de libre asociación profesional en defensa de sus intereses corporativos. Régimen de responsabilidades La independencia judicial no implica inmunidad. El ordenamiento articula vías precisas de exigencia de responsabilidad: Reserva de ley orgánica: el estatuto de la judicatura debe regularse por ley orgánica (mediante la LOPJ). 1 Inamovilidad judicial: los jueces no pueden ser destituidos, trasladados, suspendidos ni jubilados sino por las causas y con las garantías que determine la ley.

2 Imparcialidad: garantizada procesalmente mediante los mecanismos de abstención (el juez se aparta voluntariamente si concurre interés) y recusación (las partes instan su apartamiento por sospecha justificada). 3 Régimen de incompatibilidades y prohibiciones: incompatible con cualquier otra función pública o privada retribuida (con excepción tasada de la docencia o investigación jurídica). Queda prohibida la militancia en partidos políticos y sindicatos, aunque se autorizan las asociaciones profesionales de jueces. 4 Independencia económica: retribución fija adecuada para salvaguardar su imparcialidad.

5 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 17 Responsabilidad penal: si un juez comete un delito en el ejercicio de su cargo (como la prevaricación al dictar a sabiendas resoluciones injustas), responde ante el órgano aforado correspondiente: el Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma respecto a jueces inferiores, o el Tribunal Supremo si se trata de magistrados autonómicos o del propio Supremo (mediante sala especial). Responsabilidad civil: derivada de los daños que ocasionen ilícitamente en el ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad disciplinaria: sanciona el incumplimiento de deberes específicos de su cargo y es aplicada por el Consejo General del Poder Judicial. Al margen de la culpa individual del juzgador, la responsabilidad patrimonial del Estado cubre los daños directos derivados del error judicial o del funcionamiento anormal de la administración de justicia. COMPRUEBA 23 ¿Ante qué órgano responde penalmente un juez de primera instancia por un delito de prevaricación cometido en su territorio? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial, con inspiración directa en modelos constitucionales europeos como el italiano.

No ejerce funciones jurisdiccionales (no dicta sentencias), sino que gestiona internamente la carrera judicial para evitar que el Ejecutivo controle ascensos, destinos o sanciones. Conforme al artículo 122 CE, se compone por el Presidente del Tribunal Supremo (que también lo preside) y por 20 vocales nombrados por el Rey por un período de 5 años: 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional (abogados o profesores de universidad), elegidos a partes iguales por el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5. 12 miembros entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales.

El sistema de designación de los 12 vocales de extracción judicial ha sido objeto de profunda controversia legal. Inicialmente, la LOPJ preveía su elección corporativa por los propios jueces; sin embargo, la Ley Orgánica 6/1985 atribuyó su elección a las Cortes Generales por mayoría de 3/5 (10 por el Congreso y 10 por el Senado), mecanismo avalado por el Tribunal Constitucional en la STC 108/1986. El vencimiento del mandato del órgano en 2018 desencadenó un grave bloqueo institucional al no alcanzarse la mayoría cualificada de tres quintos entre los grupos parlamentarios.

Ante esta situación, surgieron sucesivas iniciativas y reformas legales: En 2020 se planteó reducir la exigencia a mayoría absoluta, iniciativa desestimada por advertencias de las instituciones de la Unión Europea sobre la afectación al Estado de Derecho. En 2021 se promulgó una reforma legal que recortó drásticamente las facultades del CGPJ en funciones, prohibiéndole efectuar nombramientos discrecionales mientras se halle en prórroga de mandato (declarada conforme a la norma fundamental por la STC 128/2023).

Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 18 En 2022 se articuló una reforma puntual que habilitó de nuevo al Consejo en funciones a designar a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, al tiempo que la Comisión Europea demandó recuperar la participación directa de la judicatura en la elección de sus vocales. IDEAS CLAVE El Poder Judicial administra justicia desprovisto de criterios de oportunidad política y sometido con exclusividad al imperio del Derecho. El principio de unidad jurisdiccional prohíbe las jurisdicciones especiales y reserva el Poder Judicial a la competencia exclusiva del Estado, dejando a las autonomías los medios auxiliares.

La inamovilidad y la incompatibilidad con funciones políticas y sindicales son garantías estructurales para blindar la independencia e imparcialidad del juzgador. Los jueces están sujetos a responsabilidad penal, civil y disciplinaria, coexistiendo con la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial o funcionamiento anormal. El Consejo General del Poder Judicial ejerce el gobierno institucional de los jueces y consta de 20 vocales designados por mayoría parlamentaria de . COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 24. ¿En qué consiste la vertiente negativa del principio de exclusividad jurisdiccional? 25.

¿Cómo se distribuye la designación de los 20 vocales del CGPJ conforme a la Ley Orgánica 6/1985 y el marco normativo actual? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 26. ¿Cuál es la consecuencia jurídica si un juez duda de la constitucionalidad de una ley aplicable? 27. ¿Tienen las Comunidades Autónomas competencia para constituir un Poder Judicial autonómico propio?

3/5 Eleva una cuestión ante el Tribunal Constitucional a) Inaplica directamente la ley al caso concreto b) Solicita dictamen vinculante al Gobierno estatal c) Aplica un reglamento alternativo con preferencia d) No, salvo para tribunales consuetudinarios tradicionales a) Sí, si lo autoriza su Estatuto de Autonomía b) Sí, mediante delegación orgánica del CGPJ c) No, porque la jurisdicción es monopolio exclusivo estatal d) Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 19 28. ¿Qué actividad profesional retribuida le está permitida a un juez en activo de forma compatible? 29.

¿Qué mayoría parlamentaria exige la normativa para designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial? 4 El Tribunal Constitucional — Naturaleza, estatuto orgánico y competencias AL ACABAR SABRÁS Diferenciar el modelo concentrado de justicia constitucional respecto al control difuso. Explicar el procedimiento de elección, renovación escalonada y estatuto de los magistrados del Tribunal Constitucional. Identificar los sujetos legitimados y plazos del recurso de inconstitucionalidad y del recurso de amparo. Analizar los efectos de cosa juzgada, alcance erga omnes e instrumentos ejecutivos de las resoluciones constitucionales.

PIÉNSALO ANTES DE LEER 30 ¿Por qué un juez ordinario en España no puede anular directamente una ley que considera contraria a la Constitución? Naturaleza y modelo de justicia constitucional El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución española. Se sitúa fuera del Poder Judicial y goza de total independencia orgánica respecto al resto de instituciones públicas (véase «El Poder Judicial — Principios, estatuto y Consejo General del Poder Judicial»). La Constitución de 1978 adopta el modelo kelseniano de control concentrado de constitucionalidad, de raíz europea continental, frente al esquema difuso característico del sistema judicial estadounidense.

En el modelo difuso, cualquier juez ordinario puede declarar la inaplicación de una norma legal por estimarla contraria al texto constitucional en un litigio concreto.

Por el contrario, en el modelo concentrado, un único órgano especializado monopoliza la potestad de declarar la inconstitucionalidad La militancia activa en sindicatos jurídicos a) El ejercicio de la abogacía o asesoría b) La titularidad de cargos en sociedades mercantiles c) La docencia o investigación jurídica d) Mayoría de dos tercios exclusiva del Senado a) Mayoría simple en el Congreso de los Diputados b) Mayoría cualificada de tres quintos en las Cortes c) Mayoría absoluta de ambas cámaras parlamentarias d) Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 20 de las leyes y expulsarlas con carácter definitivo del ordenamiento.

Por este motivo, la doctrina define al Tribunal Constitucional como un legislador negativo: no genera mandatos nuevos, pero depura el ordenamiento jurídico eliminando preceptos disconformes con la norma suprema. Este diseño institucional se nutre de la experiencia europea previa, con especial influencia de los tribunales constitucionales de Italia y la República Federal de Alemania, y cuenta en España con el antecedente histórico del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República. Su función esencial radica en garantizar la supremacía constitucional, tutelar los derechos fundamentales y salvaguardar los derechos de las minorías parlamentarias.

Criterio Control difuso (modelo estadounidense) Control concentrado (modelo kelseniano español) Órgano competente Cualquier juez o tribunal del orden judicial ordinario. Único órgano constitucional especializado: el Tribunal Constitucional. Efecto sobre la ley inconstitucional Inaplicación de la norma en el litigio concreto analizado. Expulsión y declaración de nulidad de la norma legal del ordenamiento. Vía de resolución Incidental dentro de un procedimiento judicial común. Procesos constitucionales específicos y tasados por la ley. COMPRUEBA 31 ¿Por qué se califica al Tribunal Constitucional de «legislador negativo» en el sistema concentrado?

Composición y estatuto orgánico de los magistrados El Tribunal Constitucional se compone de 12 magistrados designados formalmente por el Rey por un mandato de 9 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Para preservar la continuidad jurisprudencial y evitar renovaciones parlamentarias sincronizadas, la institución se renueva por tercios de cuatro miembros cada 3 años (art. 159 de la Constitución Española). La designación se reparte de forma plural entre los poderes del Estado para asegurar su neutralidad: Congreso de los Diputados: propone 4 magistrados por mayoría cualificada de tres quintos ( ), tras comparecencia pública de idoneidad.

Senado: propone 4 magistrados por mayoría de tres quintos ( ), igualmente con comparecencia previa. Gobierno: propone directamente 2 magistrados. Consejo General del Poder Judicial: propone 2 magistrados mediante acuerdo de su Pleno. Los candidatos deben ostentar nacionalidad española, ser mayores de edad y acreditar la condición de juristas de reconocida competencia (magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados) con más de 15 años de ejercicio profesional. El Pleno del propio Tribunal evalúa el cumplimiento de estos requisitos antes de su toma de posesión.

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por los propios magistrados en votación interna cada tres años y nombrados por el Rey; en las votaciones del Pleno, el Presidente dispone de voto de calidad para dirimir situaciones de empate. 3/5 3/5 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 21 El estatuto jurídico de los magistrados garantiza su independencia mediante la inamovilidad durante el mandato, fuero judicial especial e inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

Su régimen de incompatibilidades es estricto: no pueden desempeñar cargos políticos o administrativos, mandatos representativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, empleo al servicio de estas formaciones, ni carrera judicial o fiscal activa ni actividades mercantiles o profesionales privadas. ERROR FRECUENTE No confundas la procedencia de la propuesta de los magistrados con un mandato imperativo o vinculación partidista. Aunque los cuatro órganos constitucionales seleccionan perfiles diferenciados, una vez nombrados gozan de inamovilidad durante sus 9 años de mandato, dedicación exclusiva y total prohibición de recibir instrucciones externas.

COMPRUEBA 32 ¿Qué ocurre si un magistrado dimite o fallece antes de cumplir sus nueve años de mandato? Estructura organizativa: Pleno, Salas y Secciones Para gestionar el volumen de asuntos encomendados, el Tribunal cuenta con autonomía presupuestaria y reglamentaria interna, aprobando reglamentos sobre su propio funcionamiento, plantilla de letrados y personal de secretaría. Su actividad jurisdiccional se distribuye entre tres órganos colegiados: El Pleno: integrado por la totalidad de los 12 magistrados. Asume el conocimiento principal de los recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y tratados internacionales.

1 Las Salas: el Tribunal se organiza en dos Salas formadas por 6 magistrados cada una. La Sala Primera está presidida por el Presidente del Tribunal; la Sala Segunda, por el Vicepresidente. Resuelven preferentemente los recursos de amparo. 2 Las Secciones: cada Sala se subdivide en dos Secciones compuestas por 3 magistrados (cuatro Secciones en total). Su cometido primordial consiste en el despacho ordinario y la resolución sobre la admisión a trámite de los recursos.

3 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 22 ESQUEMA Estructura organizativa del Tribunal Constitucional Competencias jurisdiccionales y vías procesales La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y la Constitución articulan las diferentes vías de acceso procesal para asegurar el respeto a la jerarquía normativa (véase «El ordenamiento jurídico — Estructura y principios del sistema de fuentes»): Recurso de inconstitucionalidad: enjuicia la adecuación a la Constitución de leyes y disposiciones normativas con rango de ley.

La legitimación para interponerlo está tasada en el artículo 162.1.a CE: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, así como los Gobiernos y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en materias que afecten a su ámbito de autonomía. El plazo ordinario de presentación es de 3 meses desde la publicación de la ley, ampliable a 9 meses si se reúne la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma y formaliza acuerdo de negociación comunicado al Tribunal dentro del trimestre inicial.

Cuestión de inconstitucionalidad: mecanismo reservado exclusivamente a jueces y magistrados ordinarios cuando, en el seno de un proceso concreto, alberguen dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma legal de cuya validez dependa el fallo. Recurso de amparo: tutela las vulneraciones directas de los derechos fundamentales y libertades públicas proclamados en los artículos 14 a 29 y 30.2 CE cometidas por actos u omisiones de los poderes públicos. Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal ostentan legitimación activa.

Resolución de conflictos de atribuciones: dirime disputas sobre competencias territoriales entre el Estado y las Comunidades Autónomas (o de estas entre sí sobre normas infralegales o actos administrativos), controversias en defensa de la autonomía local, y conflictos entre órganos constitucionales del Estado (Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial, con exclusión formal de la Corona). Control previo de constitucionalidad: procedimiento aplicable a los tratados internacionales antes de su ratificación (art. 95 CE) y a los proyectos o propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía.

Pleno 12 magistrados para inconstitucionalidad y conflictos Sala Primera 6 magistrados, presidida por el Presidente Sección 1 y 2 3 magistrados cada una, filtro de admisión Sala Segunda 6 magistrados, presidida por el Vicepresidente Sección 3 y 4 3 magistrados cada una, despacho y admisión Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 23 Vía procesal Sujetos legitimados Objeto principal Plazo de interposición Recurso de inconstitucionalidad Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, órganos colegiados ejecutivos y asambleas autonómicas. Leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de ley.

3 meses (ampliable a 9 meses si media Comisión Bilateral de Cooperación). Cuestión de inconstitucionalidad Jueces y tribunales del Poder Judicial de oficio o a instancia de parte. Preceptos con rango de ley aplicables al caso concreto del litigio. Durante el proceso judicial, una vez concluso para sentencia. Recurso de amparo Persona directamente afectada, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal. Vulneración de derechos fundamentales (arts. 14 a 29 y 30.2 CE). Plazos específicos según la procedencia parlamentaria, administrativa o judicial del acto. Conflictos constitucionales Gobierno de la Nación, Gobiernos autonómicos y órganos constitucionales estatales.

Delimitación del reparto competencial territorial u orgánico. Variables según la vía y el requerimiento previo exigido por la LOTC. COMPRUEBA 33 ¿Puede un ciudadano particular presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley lesiva? Resoluciones procesales, efectos y potestades ejecutivas Una vez admitido a trámite un procedimiento por la Sección competente, el asunto se asigna por riguroso turno a un magistrado ponente. Este magistrado examina minuciosamente los autos y elabora una propuesta de resolución que se debate en el Pleno o en la Sala asignada. Las deliberaciones se prolongan durante las sesiones precisas hasta alcanzar la votación mayoritaria.

Los magistrados discrepantes con el criterio mayoritario pueden redactar votos particulares que se incorporan al texto publicado. Las resoluciones adoptadas revisten distinta forma jurídica: Sentencias: resuelven el fondo del proceso constitucional y agotan el debate material. Declaraciones: emiten el criterio preceptivo en las consultas de control previo sobre tratados internacionales. Autos: decisiones motivadas sobre incidentes procesales, inadmisiones a trámite, desistimientos o caducidades. Providencias: acuerdos procesales no motivados para la mera ordenación del trámite.

Las sentencias del Tribunal Constitucional gozan de valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su inserción en el Boletín Oficial del Estado y resultan irrecurribles en el orden interno (únicamente cabe solicitar aclaración material de conceptos oscuros en el plazo de dos días, ampliable a diez para Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 24 cuestiones específicas, o recurso de súplica contra providencias y autos). Producen plenos efectos erga omnes (frente a todos) cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma de alcance general, vinculando de forma absoluta a todos los poderes públicos y tribunales de justicia (art. 164 CE y art. 5.1 LOPJ).

Para asegurar que sus fallos no queden inejecutados, el Tribunal cuenta con potestades de ejecución directa reforzadas normativamente. Sus resoluciones constituyen títulos ejecutivos dotados de imperatividad inmediata, permitiendo al órgano requerir auxilio a cualquier administración pública o juzgado, imponer multas coercitivas sucesivas a autoridades renuentes e instar deducción de testimonios para exigir las responsabilidades que correspondan. COMPRUEBA 34 ¿En qué consiste el efecto «erga omnes» de una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad?

IDEAS CLAVE El Tribunal Constitucional sigue el modelo kelseniano de control concentrado y actúa como legislador negativo, expulsando normas contrarias a la Constitución. El órgano se compone de 12 magistrados nombrados por el Rey por un periodo de 9 años y renovados por tercios cada 3 años. La designación se reparte entre el Congreso (4 por mayoría de ), el Senado (4 por mayoría de ), el Gobierno (2) y el CGPJ (2). Los magistrados gozan de independencia, inamovilidad, inviolabilidad por sus funciones y un estricto régimen de incompatibilidades.

El recurso de inconstitucionalidad dispone de un plazo ordinario de presentación de 3 meses, ampliable a 9 meses si interviene la Comisión Bilateral de Cooperación. Las sentencias constitucionales son irrecurribles, tienen fuerza de cosa juzgada, producen efectos erga omnes al anular normas con fuerza de ley y poseen facultades ejecutivas directas. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 35. ¿Qué mayorías parlamentarias se requieren para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por las Cortes Generales? 36. ¿En qué supuesto se prorroga a nueve meses el plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad? 37.

¿Cuál es la función del magistrado ponente durante la tramitación de una causa constitucional? 3/5 3/5 Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 25 Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 38. ¿Qué modelo de justicia constitucional sigue el ordenamiento jurídico español? 39. ¿Cuántos magistrados del Tribunal Constitucional propone el Consejo General del Poder Judicial? 40. ¿Qué plazo ordinario rige para interponer un recurso de inconstitucionalidad? 41. ¿Qué eficacia jurídica presentan las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley?

5 El ordenamiento jurídico — Estructura y principios del sistema de fuentes AL ACABAR SABRÁS Diferenciar entre disposición jurídica, norma y fuente formal del Derecho. Distinguir con exactitud las condiciones de validez formal y material frente a la vigencia temporal. Aplicar los principios de jerarquía, competencia, sucesión temporal y especialidad para resolver antinomias. Explicar el alcance garantista de los principios constitucionales previstos en el artículo 9.3 CE. PIÉNSALO ANTES DE LEER 42 ¿Puede una ley recién publicada en el boletín oficial ser legalmente válida pero no poder aplicarse a ningún ciudadano ese mismo día?

El sistema normativo de un Estado no consiste en una mera acumulación desordenada de leyes y reglamentos. Por el contrario, se configura como un conjunto articulado dotado de estructura interna y criterios de resolución de conflictos normativos.

Control previo puramente consultivo a) Control difuso estadounidense b) Control directo del Poder Judicial c) Control concentrado kelseniano d) Cuatro miembros a) Ninguno de ellos b) Tres miembros c) Dos miembros d) Nueve meses prorrogables a) Treinta días hábiles b) Tres meses c) Seis meses naturales d) Fuerza erga omnes plena a) Efecto suspensivo provisional b) Eficacia inter partes exclusiva c) Carácter meramente recomendatorio d) Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 26 ESQUEMA Estructura del sistema de fuentes Concepto de fuentes y distinciones básicas En la teoría jurídica contemporánea, las fuentes del Derecho se entienden como aquellos actos o procedimientos a los que el propio ordenamiento jurídico atribuye la capacidad de producir mandatos vinculantes.

La Constitución opera como fuente de fuentes, pues fija qué poderes ostentan potestad normativa y bajo qué límites. Para analizar este sistema con precisión técnica, conviene diferenciar tres conceptos fundamentales: Disposición jurídica: es el texto o enunciado literal aprobado por la autoridad (las palabras concretas plasmadas en un artículo). Norma jurídica: es el mandato abstracto o precepto de conducta que se deduce de la interpretación del enunciado textual (su contenido prescriptivo o significado). Fuente formal: es la categoría o tipo normativo que vehicula el mandato (como la Constitución, la ley orgánica o el reglamento).

Propiedades estructurales del ordenamiento jurídico La descentralización política de un modelo autonómico incrementa la complejidad del sistema normativo. A pesar de esa multiplicidad de centros de producción normativa, todo ordenamiento persigue garantizar tres atributos esenciales: Propiedad Significado jurídico Mecanismo de articulación Unidad Reconducción de todas las normas a una cúspide común que determina su legitimidad de origen. La Constitución como norma normarum que condiciona la validez material y formal del resto de normas.

Ordenamiento jurídico Conjunto unitario y coherente Constitución Norma suprema y fuente de fuentes Normas con rango de ley Leyes ordinarias, orgánicas y decretos- leyes Leyes del Estado Competencias estatales exclusivas Leyes autonómicas Competencias asumidas por CCAA Normas reglamentarias Decretos y órdenes infralegales Derecho Constitucional: Instituciones y Sistema de Fuentes 27 Propiedad Significado jurídico Mecanismo de articulación Coherencia Ausencia de contradicciones insalvables entre normas aplicables a un mismo supuesto de hecho. Reglas de solución de antinomias: jerarquía, competencia, sucesión cronológica y especialidad.

Completud Exigencia de que el ordenamiento aporte una solución jurídica a cualquier conflicto que surja. Técnicas de integración de lagunas normativas mediante autointegración y heterointegración. Cuando surge una laguna jurídica por falta de regulación directa, el operador jurídico acude a dos técnicas de integración: COMPRUEBA 43 ¿En qué se diferencian una disposición jurídica y una norma jurídica en el análisis de una ley? Validez frente a vigencia jurídica Una confusión recurrente radica en identificar la validez de una norma con su vigencia temporal. Se trata de planos conceptuales diferenciados que obedecen a presupuestos y efectos distintos.

DEFINICIÓN La validez designa la conformidad de una norma con los parámetros formales y materiales previstos por el ordenamiento para su legítima incorporación al sistema. La validez presenta una doble vertiente: Validez formal: exige que la norma haya sido emanada por el órgano investido de competencia, mediante el cauce…