Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales

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APUNTES PRINCIPIOS E INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES Grado en Derecho Universidad de Barcelona AprenAI 2026-2027 Apuntes completos de Principios e Instituciones Constitucionales: Estado de Derecho, Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial y órganos de control. APREN.AI Índice Principios constitucionales 1 Estado social y democrático de Derecho El Estado de Derecho: imperio normativo y división de poderes Los principios garantistas del artículo 9.3 CE El Estado democrático: soberanía, representación y pluralismo El Estado social: igualdad material y derechos prestacionales 2 Soberanía, partidos políticos y participación ciudadana 1. Soberanía popular y participación ciudadana 2.

Régimen constitucional y legal de los partidos políticos 3. Disolución de partidos políticos: ilícito penal frente a ilícito constitucional 4.

Modalidades de participación ciudadana directa y semidirecta Órganos constitucionales 3 La Corona Naturaleza constitucional y funciones del Rey Orden sucesorio en la Corona Inviolabilidad, irresponsabilidad y técnica del refrendo Institución de la Regencia Casa de Su Majestad el Rey y Patrimonio Nacional 4 Cortes Generales: Composición y estructura bicameral Naturaleza y rasgos definitorios de las Cortes Generales El bicameralismo imperfecto o asimétrico Composición y sistema electoral de las Cámaras Estatuto jurídico de los parlamentarios: adquisición, suspensión y pérdida Prerrogativas parlamentarias: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento 5 Cortes Generales: Organización interna y funciones Órganos de gobierno y dirección de las cámaras Órganos de trabajo parlamentario y articulación política La garantía de continuidad: la Diputación Permanente Régimen de funcionamiento, sesiones, quórum y mayorías Funciones constitucionales de las Cortes Generales 6 El Gobierno y la Administración Pública 1.

Origen histórico y naturaleza constitucional del Gobierno 2. Composición y liderazgo del Presidente del Gobierno 3. Estructura colegiada: el Consejo de Ministros Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 1 4. Atribuciones constitucionales del Gobierno (art. 97 CE) 5. Régimen de control de los actos del Gobierno 6. La Administración Pública y los principios del artículo 103 CE 7. El Consejo de Estado (art. 107 CE) 7 Relaciones entre Cortes y Gobierno: Investidura, control y cese 1. La investidura del Presidente del Gobierno (art. 99 CE) 2. La cuestión de confianza (art. 112 CE) 3. La moción de censura constructiva (art. 113 CE) 4. Disolución de las Cortes y control ordinario 5.

Cese del Gobierno y régimen en funciones (art. 101 CE) 8 Órganos auxiliares de control: Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas El control externo comisionado: las Cortes y sus órganos auxiliares El Defensor del Pueblo El Tribunal de Cuentas Cuadro comparativo de los órganos de control externo Poder Judicial 9 Principios constitucionales y Consejo General del Poder Judicial 1. Concepto orgánico, Administración de Justicia y Ministerio de Justicia 2. Principios constitucionales de la función jurisdiccional (art. 117 CE) 3. Estatuto y garantías de jueces y magistrados 4. Principios del funcionamiento jurisdiccional y responsabilidad objetiva (arts. 119 a 121 CE) 5.

El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) 6. El Ministerio Fiscal y su posición constitucional (art. 124 CE) 10 Estructura de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Supremo Jurisdicción y competencia en el Poder Judicial El Tribunal Supremo y sus Salas Acceso y promoción en la carrera judicial Participación ciudadana en la Administración de Justicia 11 Resumen para repasar Principios estructurales y participación política La Corona Las Cortes Generales El Gobierno y la Administración Pública El Poder Judicial y órganos auxiliares Soluciones de las preguntas de repaso Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 2 Estos apuntes pueden contener errores u omisiones.

Son un material de apoyo y no sustituyen al temario oficial ni al profesorado: contrasta la información importante. Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 3 1 Estado social y democrático de Derecho AL ACABAR SABRÁS Diferenciar con precisión técnica entre forma de Estado y forma de gobierno conforme al articulado constitucional. Desgranar los tres componentes inseparables del artículo 1.1 CE: Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social. Analizar los principios del artículo 9.3 CE distinguiendo la vinculación positiva de la vinculación negativa a la legalidad.

Explicar el fundamento de la igualdad material y de los derechos prestacionales dentro de la cláusula del Estado social. PIÉNSALO ANTES DE LEER 1 ¿Por qué un Estado no puede ser plenamente democrático si no garantiza al mismo tiempo los principios de un Estado de Derecho y de un Estado social? La organización política de una comunidad se estructura en dos planos conceptuales complementarios: la forma de Estado y la forma de gobierno. La forma de Estado describe la relación entre sus tres componentes esenciales: el territorio, la población y el poder político soberano. En cambio, la forma de gobierno regula los vínculos y equilibrios entre las supremas instituciones de dicho poder.

De acuerdo con el artículo 1.3 CE, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria (cuyo régimen se detalla en «Órganos constitucionales — La Corona»). Por su parte, la forma de Estado queda proclamada solemnemente en el artículo 1.1 CE: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Principios constitucionales 1 Estado social y democrático de Derecho 2 Soberanía, partidos políticos y participación ciudadana Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 4 ESQUEMA Estructura del Estado constitucional español (art. 1 CE) Esta fórmula tríadica no representa tres compartimentos estancos, sino un bloque interpretativo unitario.

Ninguno de estos tres calificativos puede operar ni comprenderse de manera aislada respecto a los otros dos. El Estado de Derecho: imperio normativo y división de poderes El Estado de Derecho supone el sometimiento íntegro de los poderes públicos y de los ciudadanos al ordenamiento jurídico que ellos mismos crean a través de la representación popular. Su meta primordial consiste en asegurar la dignidad y la libertad ciudadana mediante tres pilares operativos: Garantía de los derechos fundamentales: El orden jurídico consagra y tutela un catálogo amplio de libertades (recogidas en el Título I CE) para procurar las condiciones mínimas y las oportunidades que la dignidad humana requiere.

División de poderes: Se proyecta en un doble eje: División horizontal: Distribuye las distintas potestades estatales entre instituciones diferenciadas para buscar el equilibrio y evitar abusos. Las Cortes Generales asumen la potestad legislativa (véase «Órganos constitucionales — Cortes Generales: Organización interna y funciones»), el Gobierno ostenta la función ejecutiva y reglamentaria (véase Estado de Derecho Imperio de la ley y división de poderes Garantía de derechos Tutela efectiva de libertades públicas División de poderes Eje horizontal y descentralización vertical Principios art.

9.3 CE Legalidad, seguridad e interdicción de arbitrariedad Estado democrático Soberanía popular y pluralismo Democracia representativa Sufragio universal activo y pasivo Pluralismo político y social Partidos, sindicatos y patronales Estado social Igualdad material y procura asistencial Igualdad real (art.

9.2 CE) Remoción activa de barreras socioeconómicas Derechos de prestación Deber prestacional de los servicios públicos Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 5 «Órganos constitucionales — El Gobierno y la Administración Pública»), y el Poder Judicial ejerce la potestad jurisdiccional ordinaria (véase «Poder Judicial — Principios constitucionales y Consejo General del Poder Judicial»). Los conflictos entre estos órganos superiores los dirime el Tribunal Constitucional. División vertical: Distribuye el poder político territorialmente en un Estado compuesto de comunidades autónomas, cuyos litigios competenciales y adecuación de leyes también resuelve el Tribunal Constitucional.

Imperio de la ley: Exige que todo el aparato institucional esté subordinado a la ley aprobada por los representantes de la ciudadanía, como auténtica expresión de la soberanía popular. COMPRUEBA 2 ¿En qué se diferencian la división horizontal y la división vertical del poder en el modelo constitucional español? Los principios garantistas del artículo 9.3 CE El artículo 9.3 CE recoge un conjunto articulado de principios jurídicos que aseguran la eficacia real del Estado de Derecho, protegiendo a los ciudadanos frente a intromisiones arbitrarias de las instituciones públicas.

Principio Significado y alcance constitucional Mecanismo de garantía Constitucionalidad La Constitución es la norma suprema vinculante para gobernantes y gobernados. Expulsión de leyes contrarias a ella mediante el Tribunal Constitucional. Legalidad Subordinación general a la ley. Exige reserva de ley para materias reservadas a Cortes. Doble vinculación: positiva para los poderes públicos y negativa para los ciudadanos. Seguridad jurídica Previsibilidad de las consecuencias jurídicas de cada acto y trato idéntico ante situaciones iguales. Publicidad formal de todas las normas e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

Interdicción de la arbitrariedad Prohibición absoluta del capricho, la extralimitación o el abuso de poder por autoridades públicas. Obligación de motivar actos y sujeción estricta de la Administración a normas vigentes. Responsabilidad patrimonial Obligación del Estado de asumir los perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos. Derecho ciudadano a indemnización frente a actuaciones lesivas o irregulares.

Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 6 DEFINICIÓN: VINCULACIÓN POSITIVA FRENTE A VINCULACIÓN NEGATIVA El principio de legalidad opera de forma asimétrica según el sujeto jurídico: Vinculación positiva (poderes públicos): La Administración y el Gobierno solo pueden actuar si una norma previa les faculta expresamente para ello. Lo no permitido por ley está prohibido. Vinculación negativa (ciudadanos): La ciudadanía goza de libertad general de acción. Cualquier conducta está permitida a menos que una norma legal la prohíba de modo explícito.

ERROR FRECUENTE Un fallo muy habitual de examen consiste en desvincular la seguridad jurídica de la publicidad de las normas o del principio de legalidad. Ningún principio del artículo 9.3 CE funciona por separado: si una norma no es pública, no hay previsibilidad ni seguridad jurídica; y si la Administración actúa sin amparo legal, incurre de inmediato en una arbitrariedad proscrita por la Constitución. El Estado democrático: soberanía, representación y pluralismo El rasgo democrático responde a la pregunta de quién ostenta la titularidad última del poder estatal y cómo se canaliza la voluntad de gobierno.

Según el artículo 1.2 CE, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes institucionales. Este principio se asienta sobre tres realidades operativas básicas: Primacía de la democracia representativa: Los ciudadanos eligen a sus representantes mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 23 CE). El sistema otorga prioridad a las instituciones representativas frente a las fórmulas de democracia directa o semidirecta (temas examinados en «Principios constitucionales — Soberanía, partidos políticos y participación ciudadana»).

Esta participación articula tanto el sufragio activo (derecho a votar) como el sufragio pasivo (derecho a presentarse como candidato a cargos públicos). Pluralismo político: Reconoce la legitimidad de múltiples corrientes ideológicas dentro de la comunidad, canalizadas a través de los partidos políticos como base del sistema parlamentario. Pluralismo social: Proyecta la diversidad ciudadana en el ámbito laboral y socioeconómico, garantizando la libertad de sindicación, la libre creación de organizaciones empresariales y el derecho a la huelga. COMPRUEBA 3 ¿Cómo se manifiesta el pluralismo social en la arquitectura constitucional frente al pluralismo político?

El Estado social: igualdad material y derechos prestacionales El adjetivo social del Estado transforma el antiguo modelo abstencionista en un poder público comprometido activamente con el bienestar y la corrección de desigualdades socioeconómicas. Este concepto, cuyos precedentes históricos se encuentran en las constituciones de Weimar y de la Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 7 República Italiana, asume la primacía de los intereses colectivos sobre el mero individualismo formal.

El compromiso social se materializa en los siguientes frentes constitucionales: Promoción de la igualdad material (artículo 9.2 CE): Obliga a los poderes públicos a promover activamente las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sean reales y efectivas, removiendo las trabas que impidan su plenitud. Constitución económica e intervención pública: Habilita al Estado a intervenir de forma directa en la economía para subordinar la riqueza al interés general y garantizar recursos básicos. Derechos de carácter prestacional: Implican una obligación de dar o hacer por parte de la Administración pública para atender necesidades vitales.

Destacan derechos especialmente protegidos como el derecho a la vida, la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, la asistencia letrada al detenido y el acceso a los medios de comunicación social públicos. COMPRUEBA 4 ¿Qué diferencia a la igualdad formal de la igualdad material consagrada en el artículo 9.2 CE? IDEAS CLAVE La forma de Estado define la articulación entre territorio, pueblo y poder político soberano; la forma de gobierno regula las relaciones entre los órganos superiores del poder. El artículo 1.1 CE instaura un Estado social y democrático de Derecho concebido como un bloque hermenéutico indisociable.

El Estado de Derecho se vertebra en la garantía de derechos fundamentales, el imperio de la ley y la doble división de poderes (horizontal y vertical). El artículo 9.3 CE sujeta a los poderes públicos a la vinculación positiva a la legalidad e interdice cualquier forma de arbitrariedad. La faceta democrática atribuye la soberanía al pueblo español, prioriza la democracia representativa y ampara el pluralismo tanto político como social. La dimensión social exige la igualdad material (artículo 9.2 CE), justifica la intervención pública en la economía e instituye derechos de prestación. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 5.

¿Por qué los principios de Estado de Derecho, Estado democrático y Estado social forman un bloque interpretativo unitario? 6. ¿En qué se diferencia la vinculación positiva de la vinculación negativa a la legalidad según el principio de juridicidad? PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 2 Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 8 Soberanía, partidos políticos y participación ciudadana AL ACABAR SABRÁS Diferenciar la soberanía difusa constitucional del modelo concentrado. Explicar el régimen de creación, control financiero y funcionamiento democrático de los partidos. Distinguir la disolución penal ordinaria de la disolución constitucional ante la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Clasificar los instrumentos de democracia directa y semidirecta previstos en el ordenamiento español. PIÉNSALO ANTES DE LEER 7 ¿Si el Tribunal Supremo decreta la disolución e ilegalización de un partido político, sus diputados pierden de inmediato el escaño en el Congreso? 1. Soberanía popular y participación ciudadana La soberanía popular constituye la base de la legitimidad política y define la estructura del Estado. El artículo 1.2 de la Constitución Española determina que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. Esta formulación configura quiénes poseen la potestad de intervenir en el ejercicio de dicha soberanía.

El diseño constitucional español opta por un modelo de soberanía difusa, compartido con textos como la Constitución italiana. A diferencia de modelos de soberanía concentrada —presentes en la Constitución francesa o en la Ley Fundamental de Bonn, que limitan el poder popular a cauces rígidos predeterminados como los representantes y el referéndum tasado—, la norma fundamental española adopta una fórmula abierta. La ciudadanía puede manifestarse a través de cualquier ámbito no prohibido expresamente por la norma constitucional, sin más trabas que las fijadas en su propio texto.

La participación ciudadana se estructura en tres dimensiones complementarias: Como mandato a los poderes públicos y principio estructural del ordenamiento. Como derecho fundamental de la ciudadanía. Como conjunto específico de instituciones participativas articuladas en la parte orgánica de la Constitución. COMPRUEBA 8 ¿En qué se diferencia el modelo de soberanía difusa de la CE del modelo concentrado francés o alemán? Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 9 2.

Régimen constitucional y legal de los partidos políticos El régimen de los partidos políticos ha evolucionado históricamente desde su rechazo inicial —al considerarse intermediarios entre la voluntad individual y el Estado—, pasando por el silencio legal y el reconocimiento parcial, hasta su plena constitucionalización tras la Segunda Guerra Mundial. En España, los partidos se ubican en el artículo 6 de la Constitución y se regulan mediante la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos. DEFINICIÓN Los partidos políticos son asociaciones privadas que desempeñan funciones públicas (STC 3/1981).

No integran el aparato orgánico del Estado, pero su libre creación y voluntaria filiación asumen una relevancia constitucional directa. De acuerdo con el artículo 6 CE, estas organizaciones cumplen tres funciones esenciales: La actuación de los partidos se centra en el ámbito político. Los intereses laborales, económicos o profesionales se articulan mediante otros cauces asociativos como los sindicatos y las organizaciones empresariales. Del mismo modo, aunque los partidos son el cauce prioritario, no ostentan el monopolio de la participación representativa, coexistiendo con fórmulas como las agrupaciones de electores.

La constitución de un partido exige formalizar un acta fundacional con sus promotores y estatutos. La personalidad jurídica se adquiere mediante la inscripción en el registro del Ministerio del Interior. Esta autoridad dispone de 20 días para practicar el asiento, salvo que aprecie defectos de forma o indicios de ilicitud. En este último caso, el Ministerio Fiscal decide en última instancia si se procede al registro o si se instan las acciones judiciales pertinentes. La organización interna y el funcionamiento de las formaciones deben ser estrictamente democráticos por mandato del artículo 6 CE.

La legislación exige órganos representativos y electivos para la toma de decisiones, la tutela efectiva de los derechos de la afiliación y vías de garantía interna. Cualquier afiliado puede impugnar los acuerdos partidistas ante el Poder Judicial. En materia económica, la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, establece un régimen mixto con aportaciones públicas y privadas. Quedan expresamente prohibidas las donaciones anónimas y las aportaciones efectuadas por empresas que presten servicios o ejecuten obras para las Administraciones públicas.

El control económico-financiero de sus ingresos y gastos está atribuido al Tribunal de Cuentas (véase «Órganos constitucionales — Órganos auxiliares de control: Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas»). COMPRUEBA 9 ¿Qué naturaleza jurídica atribuye el Tribunal Constitucional a los partidos políticos y qué exigencia deriva de ella? Expresan el pluralismo político característico de la sociedad. 1 Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. 2 Operan como el instrumento fundamental para la participación política. 3 Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 10 3.

Disolución de partidos políticos: ilícito penal frente a ilícito constitucional La disolución de un partido político supone la sanción más gravosa ante vulneraciones continuadas, reiteradas y graves del orden constitucional. Solo la autoridad judicial puede acordarla, garantizando que el cierre de una opción política no dependa del poder ejecutivo. ESQUEMA Vías judiciales para la disolución de un partido Parámetro Ilícito penal Ilícito constitucional Fundamento Asociación ilícita tipificada en el Código Penal. Vulneración reiterada de principios democráticos y libertades (LO 6/2002). Conductas típicas Comisión de delitos atribuibles a la organización como ente.

Quiebra democrática, fomento de la violencia o apoyo al terrorismo. Órgano judicial competente Juez penal ordinario competente. Sala Especial del Tribunal Supremo (artículo 61 LOPJ). Legitimación activa Acusación pública y partes legitimadas en vía penal. Exclusiva del Gobierno y del Ministerio Fiscal. El ilícito penal exige que la imputación recaiga sobre la persona jurídica del partido como tal, no sobre la conducta individual aislada de sus militantes o dirigentes.

Por su parte, el ilícito constitucional castiga conductas orientadas a deteriorar o destruir el régimen de libertades democráticas mediante la lesión sistemática de derechos fundamentales, el auxilio político a organizaciones terroristas o la legitimación de la violencia armada. Frente a las resoluciones de disolución pronunciadas por el Poder Judicial, los partidos disponen del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si estiman lesionados los derechos fundamentales consagrados en el artículo 22 (derecho de asociación) y en el artículo 23 (derecho de participación política) de la Constitución.

Causas de disolución judicial Prevención frente a vulneraciones graves Ilícito penal Asociación ilícita del Código Penal Juez penal ordinario Juzga a la persona jurídica Ilícito constitucional Quiebra democrática o apoyo al terrorismo Sala art. 61 LOPJ (TS) Instada por Gobierno o Fiscal Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 11 ERROR FRECUENTE Creer que la disolución judicial de un partido conlleva de forma automática la pérdida del escaño de sus diputados o concejales. Los cargos electos conservan su condición representativa aunque su partido sea disuelto, expulsado o si deciden abandonarlo.

La titularidad del mandato parlamentario o municipal pertenece a la persona electa en virtud de la voluntad popular (artículo 23 CE) y no a la fuerza política bajo cuyas siglas concurrió. COMPRUEBA 10 ¿Qué tribunal es el competente para declarar la disolución de un partido por ilícito constitucional y quiénes ostentan legitimación activa para solicitarla? 4. Modalidades de participación ciudadana directa y semidirecta La democracia directa reserva el protagonismo decisorio directo e inmediato a la ciudadanía sin mediación representativa ordinaria. En el marco constitucional español, su presencia es reducida y se concreta en dos figuras: el concejo abierto y el referéndum.

El concejo abierto es un sistema de administración municipal de origen medieval reconocido en el artículo 140 CE y desarrollado por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Rige con carácter preceptivo en municipios con menos de 100 habitantes y en aquellos con arraigo tradicional singular. En este régimen no se eligen concejales: los propios vecinos integrados en asamblea vecinal toman directamente las decisiones municipales y eligen al alcalde. El referéndum permite la consulta directa al cuerpo electoral sobre decisiones políticas de especial trascendencia.

La Constitución articuló esta figura con prudencia y con un uso limitado debido al recuerdo del empleo plebiscitario y desvirtuado que caracterizó a la dictadura franquista. Por su parte, la democracia semidirecta o participativa agrupa aquellos instrumentos en los que la ciudadanía se asocia u organiza para incidir en las distintas fases del proceso decisorio de los órganos estatales, ostentando una notable relevancia constitucional: Iniciativa legislativa popular: facultad ciudadana de elevar proposiciones de ley respaldadas por firmas ante las Cortes Generales. Derecho de petición: potestad individual o colectiva de dirigir solicitudes o quejas a los poderes públicos.

Participación sectorial y en la Administración: intervención orgánica de colectivos afectados en órganos consultivos y procedimientos administrativos. Participación en el Poder Judicial: articulada mediante la acción popular y la institución del tribunal del jurado popular (véase «Poder Judicial — Estructura de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Supremo»). COMPRUEBA 11 ¿En qué municipios se aplica obligatoriamente el sistema de concejo abierto y cómo opera su gobierno interno? Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 12 IDEAS CLAVE La soberanía nacional reside en el pueblo español (art.

1.2 CE) bajo un modelo difuso y abierto que no restringe la acción cívica a cauces cerrados. Los partidos políticos son asociaciones privadas con relevancia constitucional que ejercen funciones públicas fundamentales (art. 6 CE), debiendo tener una estructura y funcionamiento democráticos. La disolución de un partido por ilícito constitucional compete de forma exclusiva a la Sala Especial del Tribunal Supremo (art. 61 LOPJ), instada solo por el Gobierno o el Ministerio Fiscal. La pérdida de vigencia o disolución de un partido político no priva del acta a sus cargos electos parlamentarios o municipales, cuyo mandato deriva del sufragio.

El concejo abierto y el referéndum son las dos únicas instituciones de democracia directa en la Constitución, complementadas por mecanismos de democracia semidirecta como la iniciativa legislativa popular y el derecho de petición. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 12. ¿Por qué motivo no se extingue el mandato de un parlamentario si el partido que lo presentó es disuelto judicialmente? 13. ¿Cuáles son las dos principales vías judiciales para ilegalizar o disolver un partido político en el ordenamiento español? 14. ¿Qué restricciones fija la ley a la financiación privada de las formaciones políticas? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 15.

¿Qué elemento distingue conceptualmente la forma de Estado de la forma de gobierno? 16. ¿Qué implica la vinculación positiva a la ley para la Administración pública? 17. ¿En qué precepto constitucional se consagra el mandato de procurar la igualdad material efectiva?

El número de cámaras que componen el parlamento a) El procedimiento de reforma constitucional empleado b) La relación pueblo, territorio y poder frente a órganos c) La presencia o ausencia de sufragio universal libre d) Libertad de obrar mientras la norma no prohíba a) Actuar exclusivamente si existe previsión legal habilitante previa b) Obligación de aplicar únicamente normas de rango constitucional c) Imposibilidad absoluta de dictar reglamentos ejecutivos d) Artículo 9.2 CE a) Artículo 23 CE b) Artículo 9.3 CE c) Artículo 1.3 CE d) Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 13 18.

¿Qué órgano resuelve los conflictos de competencias derivados de la división horizontal y vertical de poderes? 19. ¿Quién tiene legitimación para instar la disolución de un partido por ilícito constitucional? 20. ¿Qué órgano ejerce la fiscalización económico-financiera externa de los partidos políticos? 21. ¿En qué entidades locales se implanta con carácter general el régimen de concejo abierto? 22. ¿Cuál de los siguientes mecanismos constituye una manifestación de democracia semidirecta?

El Tribunal Constitucional a) El Consejo de Ministros b) Las Cortes Generales c) El Tribunal Supremo d) El Defensor del Pueblo y las Cortes a) La Mesa del Congreso de los Diputados b) El Gobierno y el Ministerio Fiscal c) Cualquier ciudadano mediante acción popular d) El Tribunal Constitucional a) El Banco de España b) El Tribunal de Cuentas c) La Intervención General del Estado d) Municipios de menos de mil habitantes a) Comarcas y mancomunidades de montaña b) Municipios de menos de cien habitantes c) Cualquier capital de provincia histórica d) El régimen de concejo abierto a) La iniciativa legislativa popular b) La celebración de un referéndum consultivo c) La moción de censura parlamentaria d) Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 14 3 La Corona AL ACABAR SABRÁS Diferenciar las funciones arbitrales y moderadoras del Rey frente al poder de decisión política.

Aplicar las reglas de primogenitura, línea, grado, sexo y edad en el orden sucesorio. Distinguir el alcance del refrendo y señalar los actos exentos del mismo. Explicar los supuestos de entrada en funcionamiento de la Regencia y su régimen subjetivo. PIÉNSALO ANTES DE LEER 23 ¿Por qué un acto firmado directamente por el Rey carece por completo de validez legal si no lleva otra firma al lado? La configuración de la Jefatura del Estado en el ordenamiento español define el marco institucional básico de la máxima representación política. El artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.

En este modelo, el monarca ostenta la Corona como órgano constitucional, pero desprovisto de poder de decisión gubernamental efectiva, actuando como símbolo de unidad y permanencia.

Órganos constitucionales 3 La Corona 4 Cortes Generales: Composición y estructura bicameral 5 Cortes Generales: Organización interna y funciones 6 El Gobierno y la Administración Pública 7 Relaciones entre Cortes y Gobierno: Investidura, control y cese 8 Órganos auxiliares de control: Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 15 ESQUEMA Estructura general de los órganos constitucionales del Estado Naturaleza constitucional y funciones del Rey La Corona es un órgano estatal diferenciado y situado formalmente en igualdad de rango normativo con los demás órganos constitucionales.

Sus competencias vienen estrictamente tasadas por el texto constitucional. Sus atribuciones esenciales se concentran en arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, además de ostentar la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (artículo 56 CE). En el ámbito estatal interno, el monarca formaliza las decisiones adoptadas por los otros poderes públicos. Respecto a las Cortes Generales, sanciona y promulga las leyes, convoca y disuelve las Cámaras y convoca elecciones y consultas populares por referéndum.

En relación con el poder ejecutivo, propone formalmente el candidato a la Presidencia del Gobierno y procede a su nombramiento, expide los decretos acordados en Consejo de Ministros y nombra o separa a los ministros a propuesta de su presidente. Asimismo, el monarca recibe información sobre los asuntos de Estado y puede presidir las sesiones ministeriales por invitación gubernamental. En el plano judicial, la justicia se administra en nombre del Rey y a él le compete ejercer el derecho de gracia según la ley, sin conceder indultos generales, además de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el Alto Patronazgo de las Reales Academias.

En el plano exterior, el monarca formaliza la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente y ejerce la prerrogativa de declarar la guerra y hacer la paz, actuación siempre supeditada a la previa autorización de las Cortes Generales. Asimismo, acredita a los embajadores y ante él se acreditan los diplomáticos extranjeros.

Órganos constitucionales Arquitectura institucional del Estado La Corona Jefatura del Estado y funciones moderadoras Cortes Generales Congreso de los Diputados y Senado Gobierno y Administración Dirección política y potestad reglamentaria Poder Judicial Jurisdicción y Consejo General Órganos de control Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 16 COMPRUEBA 24 ¿Puede el monarca negarse a sancionar una ley aprobada regularmente por las Cortes Generales? Orden sucesorio en la Corona La sucesión hereditaria del trono se fundamenta en la continuidad dinástica.

El artículo 57 de la Constitución reconoce la sucesión en los herederos de Don Juan Carlos I de Borbón y determina el mecanismo sucesorio mediante reglas de prelación jerárquica estricta: Estas reglas operan de manera consecutiva en caso de fallecimiento o abdicación del titular. Con respecto a los miembros de la dinastía, quienes teniendo derecho a suceder contraigan matrimonio mediando la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidos de la sucesión al trono por sí y para sus descendientes.

Si se produjera la extinción total de todas las líneas legítimas llamadas al trono, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que mejor convenga a los intereses generales del Estado. COMPRUEBA 25 ¿Qué consecuencias jurídicas acarrea el matrimonio desautorizado de un heredero a la Corona? Inviolabilidad, irresponsabilidad y técnica del refrendo El artículo 56.3 de la Constitución consagra que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Esta prerrogativa excluye cualquier enjuiciamiento penal, sanción administrativa o demanda respecto a sus funciones públicas.

Para compensar esta inmunidad dentro de un orden democrático, la Constitución articula la técnica jurídica del refrendo. El refrendo traslada íntegramente la responsabilidad jurídica y política del titular de la Corona a la autoridad que autoriza el acto mediante su contrafirma. Carecen de toda validez aquellos actos regios que no figuren debidamente refrendados. Preferencia de líneas: la línea anterior precede siempre a las posteriores. 1 Preferencia de grado: dentro de una misma línea, se prefiere el grado más próximo al más remoto. 2 Preferencia de sexo: en el mismo grado, se prefiere el varón sobre la mujer.

3 Preferencia de edad: en el mismo grado y sexo, se prefiere la mayor edad sobre la menor edad. 4 Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 17 Materia Sujetos legitimados Efectos jurídicos Excepciones al refrendo Actos de ejercicio de funciones constitucionales de trascendencia pública Presidente del Gobierno, ministros competentes y Presidente del Congreso de los Diputados (propuesta y nombramiento de Presidente del Gobierno o disolución de Cortes ex art.

99) Validez obligatoria del acto regio y traslado total de la responsabilidad al refrendante Nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real, así como la libre distribución del presupuesto global estatal ERROR FRECUENTE Creer que la inviolabilidad y la irresponsabilidad absoluta del artículo 56.3 CE se extienden a toda la Familia Real o al consorte. Solo el Rey como titular de la Jefatura del Estado ostenta dicha prerrogativa constitucional absoluta; el resto de los miembros de la Familia Real carece de inmunidad universal y responde ante los órganos judiciales ordinarios o los fueros expresamente tasados.

Institución de la Regencia La Regencia es la fórmula constitucional destinada a suplir temporalmente la capacidad de ejercicio de las funciones regias cuando el monarca se halla imposibilitado, bien por minoría de edad o por inhabilitación reconocida por las Cortes Generales. La Regencia se ejerce siempre como un mandato derivado que opera en nombre del monarca titular. Para desempeñar la Regencia se requiere imperativamente ser español de nacimiento y mayor de edad. Cuando el Rey es menor de edad, ejerce la Regencia inmediatamente el padre o la madre, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder.

En el supuesto de inhabilitación médica o jurídica apreciada por las Cortes, asume inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero si fuera mayor de edad; si fuese menor, operará el mismo orden que en la minoría. A falta de familiares legítimos legitimados, las Cortes Generales nombrarán la Regencia compuesta por una, tres o cinco personas. COMPRUEBA 26 ¿En qué se distingue la titularidad de la Corona del ejercicio de la Regencia? Casa de Su Majestad el Rey y Patrimonio Nacional La Casa Real actúa como una estructura auxiliar de apoyo administrativo para asegurar la total autonomía e independencia funcional del titular del órgano. La Casa no forma parte de la Administración Pública común.

Al frente de su organigrama se sitúa el Jefe de la Casa Real, quien asume la responsabilidad jurídica directa en el tráfico ordinario del organismo. Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 18 Financieramente, el monarca recibe de los Presupuestos Generales del Estado una asignación monetaria global que distribuye libremente para el sostenimiento familiar y administrativo. Esta cuantía no puede ser eliminada por las Cortes Generales, aunque sí modificada en su importe anual.

El apoyo material a la institución se complementa con el Patrimonio Nacional: bienes de titularidad estatal adscritos al uso del Rey y de la Familia Real para sus funciones representativas, protegidos jurídicamente como bienes de dominio público mediante los atributos de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. IDEAS CLAVE La monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE) sitúa al Rey como Jefe de Estado arbitral y moderador, sin poderes decisorios gubernamentales. El orden sucesorio prefiere la línea anterior sobre las posteriores, el grado próximo sobre el remoto, el varón a la mujer y la mayor edad a la menor.

La persona del Rey goza de inviolabilidad e irresponsabilidad absoluta (art. 56.3 CE), asumiendo la responsabilidad jurídica el sujeto que refrenda el acto. El refrendo ministerial o parlamentario condiciona la validez de los actos regios, quedando exentos la gestión de la dotación presupuestaria y los nombramientos internos de la Casa Real. La Regencia suple interinamente las funciones de la Corona por minoría o inhabilitación mediante ciudadanos mayores de edad y españoles de nacimiento, pudiendo ser designada por las Cortes con 1, 3 o 5 integrantes.

El Patrimonio Nacional y la dotación presupuestaria garantizan el sustento material e independencia de la Jefatura del Estado bajo régimen demanial. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 27. ¿Cuáles son los únicos actos del monarca excluidos del trámite de refrendo? 28. ¿Qué requisitos subjetivos exige la Constitución para poder ser nombrado regente? 29. ¿Quién refrenda de manera excepcional los actos del monarca en el proceso de investidura presidencial?

Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 19 ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 4 Cortes Generales: Composición y estructura bicameral AL ACABAR SABRÁS Distinguir el bicameralismo imperfecto a partir de las competencias diferenciadas entre Congreso y Senado. Explicar el régimen de composición y asignación de escaños en ambas cámaras legislativas. Diferenciar los ámbitos material y temporal de la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento parlamentarios. PIÉNSALO ANTES DE LEER 30 ¿Por qué un diputado no puede ser juzgado en un tribunal por las críticas que pronuncie en la tribuna del Congreso?

Naturaleza y rasgos definitorios de las Cortes Generales Las Cortes Generales encarnan el poder legislativo del Estado. Su diseño responde a una serie de rasgos estructurales fijados por el texto constitucional: Órgano constitucional: Creado, configurado y regulado directamente por la Constitución. Órgano representativo: Ostenta la legitimidad democrática inmediata al representar al pueblo español (artículo 66.1 CE). Órgano bicameral: Se articula en dos asambleas colegisladoras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Órgano deliberante: Constituye el foro público central para el contraste de opiniones y la adopción de iniciativas políticas.

Órgano permanente: Su continuidad material e institucional queda asegurada por la Diputación Permanente en periodos intersesiones o tras la disolución de las cámaras (véase «Órganos constitucionales — Cortes Generales: Organización interna y funciones»). Órgano inviolable: La institución goza de protección penal reforzada; sus sesiones, sedes e integrantes están blindados frente a coacciones externas (artículo 66.3 CE).

Entre sus competencias esenciales se encuentran la potestad legislativa, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el control de la acción política del Ejecutivo y la provisión o ratificación de titulares en otros órganos del Estado (como miembros del Tribunal Constitucional, vocales del CGPJ o el Defensor del Pueblo). COMPRUEBA 31 ¿En qué consiste el carácter permanente de las Cortes Generales si sus legislaturas duran cuatro años? Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 20 El bicameralismo imperfecto o asimétrico El modelo parlamentario español no sitúa a ambas cámaras en un plano de igualdad funcional.

Se configura como un bicameralismo asimétrico o imperfecto, caracterizado por el claro predominio institucional, decisorio y político de la Cámara Baja sobre la Cámara Alta. Esta asimetría se proyecta en tres niveles: COMPRUEBA 32 ¿Por qué se califica de imperfecto el bicameralismo constitucional español? Composición y sistema electoral de las Cámaras La estructura electoral de las Cortes Generales persigue articular tanto la representación poblacional directa como la proyección territorial del Estado autonómico.

ESQUEMA Estructura bicameral de las Cortes Generales Atribuciones exclusivas del Congreso: La investidura del presidente del Gobierno, el otorgamiento o retirada de la confianza política (cuestión de confianza y moción de censura), la convalidación de decretos-leyes, la autorización para celebrar referéndums consultivos y la declaración o prórroga de los estados de alarma y excepción. 1 Preponderancia en el procedimiento legislativo: Todos los proyectos y proposiciones de ley inician su andadura parlamentaria en el Congreso.

Aunque el Senado puede introducir enmiendas o vetar los textos, el Congreso ostenta la capacidad de levantar dichos vetos mediante mayoría absoluta o simple transcurrido el plazo correspondiente. 2 Facultades compartidas residuales: Ámbitos como la distribución de recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, la autorización de convenios entre comunidades autónomas o ciertos tratados internacionales donde la discrepancia intercameral se canaliza mediante comisiones mixtas, manteniendo siempre el Congreso la última palabra en caso de desacuerdo persistente.

3 Congreso de los Diputados Cámara de representación directa poblacional Circunscripción provincial 350 escaños mediante listas cerradas y d'Hondt Senado Cámara territorial con composición mixta Elección directa provincial 208 senadores con listas abiertas y voto limitado Designación autonómica Asambleas regionales nombran senadores adicionales Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 21 El Congreso de los Diputados El marco general de la Cámara Baja viene delimitado por el artículo 68.1 de la Constitución: El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija su número actual en 350 diputados. Las reglas de distribución de escaños son: Circunscripción provincial: La provincia constituye la demarcación electoral obligada. A Ceuta y Melilla les corresponde exactamente un diputado a cada una. Reparto inicial fijo: A cada una de las 50 provincias se le asigna por mandato legal un mínimo obligatorio de dos diputados. Reparto proporcional complementario: Los 248 escaños restantes se distribuyen entre las provincias en proporción estricta a su número de habitantes empadronados.

Fórmula de escrutinio: Las candidaturas concurren mediante listas cerradas y bloqueadas, y la asignación efectiva de las actas provinciales se calcula a través de la regla proporcional d'Hondt. El Senado Definido constitucionalmente como cámara de representación territorial (artículo 69 CE), el Senado cuenta con una composición mixta: Senadores de elección directa provincial: Elegidos por los ciudadanos en circunscripciones provinciales, insulares y de ciudad autónoma (208 integrantes).

Cada provincia peninsular elige 4 senadores mediante un sistema mayoritario corregido con voto limitado (el elector marca un máximo de 3 candidatos en listas abiertas), lo que impide que una única fuerza cope todos los puestos y garantiza representación a la minoría. En las islas mayores se eligen 3 (con un voto máximo de 2) y en las menores y ciudades autónomas, 1 o 2 representantes respectivamente. Senadores de designación autonómica: Designados por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. A cada comunidad le corresponde por partida básica un senador inicial, añadiéndose un senador adicional por cada millón de habitantes de su territorio censado.

COMPRUEBA 33 ¿Qué mecanismo técnico evita que una sola lista obtenga los cuatro senadores de una circunscripción provincial peninsular?

Estatuto jurídico de los parlamentarios: adquisición, suspensión y pérdida El acceso al cargo parlamentario y su posterior mantenimiento están sujetos a un régimen reglado por las normas de cada cámara y la legislación electoral general: Adquisición de la plena condición: Tras la elección o designación, el parlamentario debe presentar el credencial o acta ante la secretaría de la asamblea, formular su preceptiva declaración de bienes y actividades económicas para contrastar eventuales incompatibilidades, y prestar juramento o promesa de acatar la Constitución en sesión plenaria pública.

Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 22 Suspensión: Conlleva la privación transitoria del ejercicio de derechos y deberes parlamentarios. Se produce como consecuencia de sanciones disciplinarias muy graves, por estar procesado en procedimientos judiciales penales previa concesión de suplicatorio, al acordarse la prisión preventiva (en el Congreso) o por acuerdo expreso por mayoría absoluta de la asamblea (en el Senado).

Pérdida de la condición: Opera de forma definitiva por extinción del mandato legislativo (tras agotar los cuatro años de legislatura o decretarse la disolución anticipada), por fallecimiento o incapacitación judicial, por renuncia formal tramitada ante la respectiva Mesa, por sentencia judicial firme que anule la elección o determine la inegibilidad sobrevenida, o por comunicación del parlamento autonómico al expirar el mandato de sus senadores designados. Entre los derechos de diputados y senadores sobresalen la participación en los órganos internos (pleno y comisiones), los derechos de información y control, y la percepción de retribuciones económicas para garantizar su independencia.

En el Senado se recogen adicionalmente el tratamiento honorífico de excelencia y el derecho a pase de libre circulación en transportes colectivos para desplazamientos vinculados a la labor pública. Como correlato, asumen deberes rigurosos de asistencia continuada, adecuación deontológica al reglamento, observancia del deber de cortesía y actualización periódica de su patrimonio y actividades privadas. COMPRUEBA 34 ¿Qué trámite formal y público perfecciona la adquisición de la plena condición de diputado o senador una vez validada su credencial?

Prerrogativas parlamentarias: inviolabilidad, inmunidad y aforamiento Las prerrogativas no constituyen privilegios individuales ni ventajas en beneficio particular del parlamentario. Son garantías institucionales de naturaleza funcional orientadas a blindar la libertad, el normal funcionamiento y la independencia de las Cortes Generales frente a injerencias indebidas de otros poderes del Estado. Garantía Precepto CE Finalidad institucional Ámbito temporal Ámbito material protegido Inviolabilidad Art. 71.1 Libertad de expresión y debate parlamentario. Absoluta: persiste indefinidamente, incluso tras extinguirse el mandato.

Opiniones manifestadas, votos emitidos y actos realizados estrictamente en funciones parlamentarias oficiales. Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 23 Garantía Precepto CE Finalidad institucional Ámbito temporal Ámbito material protegido Inmunidad Art. 71.2 Evitar detenciones o procesamientos con motivación persecutoria o política. Temporal: circunscrita exclusivamente a la vigencia del mandato. Blindaje frente a privación de libertad (salvo flagrante delito) y necesidad de autorización cameral (suplicatorio) para ser encausado penalmente. Aforamiento Art. 71.3 Juicio técnico, imparcial y cualificado ante el órgano cúspide de la jurisdicción.

Temporal: limitada a la duración de la condición parlamentaria. Competencia penal atribuida en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La inviolabilidad parlamentaria confiere una irresponsabilidad jurídica total por las manifestaciones orales, votos o iniciativas escritas formuladas en sede cameral o en el ejercicio formal de su cometido representativo. Los tribunales deben inadmitir de oficio cualquier querella o demanda motivada por dichas actuaciones. La inmunidad parlamentaria opera como escudo frente a interferencias externas que pretendan alterar la composición de las cámaras mediante la vía judicial penal.

Por un lado, limita la detención a supuestos flagrantes de delito flagrante. Por otro lado, la incoación de un procesamiento judicial exige recabar previamente la venia de la cámara correspondiente a través del suplicatorio. Si la cámara deniega dicha autorización, la causa penal queda paralizada mientras dure el mandato representativo; una vez extinguida la condición del diputado o senador, la acción penal podrá reanudarse si el delito no ha prescrito.

El aforamiento parlamentario sustrae las causas penales contra diputados y senadores de los juzgados y tribunales ordinarios territoriales, remitiendo su instrucción y enjuiciamiento monográficamente a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Aunque la doctrina ha señalado críticamente que este fuero procesal elimina el acceso ordinario a la segunda instancia penal, su cometido esencial radica en garantizar la máxima independencia frente a potenciales presiones judiciales periféricas. ERROR FRECUENTE Confundir la inviolabilidad con la inmunidad.

La inviolabilidad protege la libertad de opinión y votación interna de por vida frente a cualquier orden jurisdiccional; la inmunidad protege de forma temporal frente a la privación de libertad y al procesamiento penal general mediante el suplicatorio, pero decae si la cámara lo autoriza o una vez finalizado el mandato. Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 24 IDEAS CLAVE Las Cortes Generales son un órgano constitucional representativo, bicameral, permanente e inviolable, titular del poder legislativo.

El bicameralismo español es asimétrico o imperfecto al ostentar el Congreso de los Diputados un papel hegemónico sobre el Senado en la formación de gobierno y el procedimiento de las leyes. El Congreso se compone de 350 diputados elegidos en circunscripciones provinciales con listas cerradas y fórmula d'Hondt. El Senado cuenta con un sistema electoral mixto que combina 208 senadores de elección provincial por listas abiertas y senadores de designación autonómica. Las prerrogativas parlamentarias (inviolabilidad, inmunidad y aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo) son garantías institucionales de la asamblea y no privilegios personales de sus miembros.

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 35. ¿Qué ocurre con una causa penal suspendida por denegación del suplicatorio cuando el parlamentario cesa en su escaño? 36. ¿En qué se diferencia el voto del elector en las elecciones al Congreso del emitido para el Senado? ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 5 Cortes Generales: Organización interna y funciones AL ACABAR SABRÁS Diferenciar la naturaleza y atribuciones de los órganos directivos, deliberantes y de garantía de las Cámaras. Identificar los distintos tipos de mayorías parlamentarias y sus supuestos de aplicación constitucional. Distinguir con precisión técnica entre la ausencia de quórum de deliberación y la exigencia constitucional de quórum de votación.

Comparar los trámites exigidos para la reforma constitucional ordinaria frente a la reforma agravada. PIÉNSALO ANTES DE LEER 37 ¿Puede un Pleno del Congreso celebrar un debate legislativo completo si en el hemiciclo solo hay presentes diez diputados? Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 25 Órganos de gobierno y dirección de las cámaras Las Cortes Generales cuentan con una estructura orgánica propia orientada a ordenar sus trabajos parlamentarios y administrar sus medios. Estos órganos de dirección garantizan la autonomía institucional y funcional consagrada en la norma fundamental. El Presidente ostenta la máxima representación institucional de la Cámara respectiva.

Dirige los debates parlamentarios, mantiene el orden interno y ejerce funciones administrativas sobre los servicios de la Cámara. Además, posee la potestad de interpretar el reglamento parlamentario y dictar resoluciones para suplir sus lagunas. Aunque procede de una fuerza política mayoritaria concreta, ejerce su cargo bajo un deber de neutralidad e imparcialidad formal en la conducción de las sesiones. La Mesa actúa como el órgano colegiado rector de cada Cámara. Su misión central consiste en dirigir y administrar la maquinaria parlamentaria interna. Está integrada por el Presidente de la Cámara, varios Vicepresidentes y cuatro Secretarios.

El sistema electoral para designar sus miembros persigue una representación plural que refleje a diversas formaciones de la Cámara. La Junta de Portavoces articula la dirección eminentemente política de la vida parlamentaria. Se reúne bajo la presidencia del titular de la Cámara y está compuesta por los portavoces designados por cada grupo parlamentario. Las decisiones de este órgano se adoptan habitualmente por consenso o recurriendo al criterio del voto ponderado, según el cual el voto individual de cada portavoz equivale exactamente al peso numérico total de escaños que representa su grupo en el Pleno.

A estas sesiones puede asistir un representante del Gobierno, quien dispone de voz pero carece de derecho a voto. COMPRUEBA 38 ¿En qué consiste el voto ponderado en la Junta de Portavoces y quién puede asistir con voz pero sin voto? Órganos de trabajo parlamentario y articulación política La actividad material de las Cortes se canaliza a través de agrupaciones políticas y unidades de trabajo técnico y deliberante. Los grupos parlamentarios constituyen la traslación de los partidos políticos al seno de las asambleas representativas. Son los protagonistas principales de la iniciativa parlamentaria.

Su constitución requiere umbrales mínimos fijados reglamentariamente: en el Congreso se exige un mínimo ordinario de 15 diputados (o bien 5 si alcanzaron el 15 % de sufragios en las circunscripciones donde concurrieron o el 5 % en todo el Estado); en el Senado se precisa un mínimo de 10 senadores. Un parlamentario no puede integrarse simultáneamente en más de un grupo. Quienes no alcancen estas cifras mínimas quedan obligatoriamente integrados en el Grupo Mixto. El Pleno congrega a la totalidad de los miembros de una Cámara previa convocatoria de su Presidencia.

Encarna la imagen visible de la confrontación política ante los ciudadanos, canaliza los debates de mayor impacto y formaliza los acuerdos definitivos atribuidos a la institución parlamentaria. Las comisiones asumen el funcionamiento cotidiano y técnico de la Cámara con un ámbito material especializado. Sus resoluciones se imputan formalmente a la Cámara correspondiente y se clasifican en: Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 26 Comisiones permanentes legislativas: se encargan del estudio, dictamen y tramitación ordinaria de iniciativas legislativas de un área material concreta.

Comisiones permanentes no legislativas: asumen el análisis de materias institucionales internas o de seguimiento permanente ajenas al dictamen de proyectos de ley. Comisiones no permanentes: se constituyen de forma temporal para investigar o analizar cuestiones concretas de interés público hasta el término de la legislatura o de su mandato específico. No dictan resoluciones judiciales, pero pueden elevar sus conclusiones al Ministerio Fiscal para la apertura de diligencias.

Comisiones mixtas: cuentan con miembros conjuntos de ambas cámaras; existen de carácter permanente (como la encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas), no permanente (control a la Corporación RTVE) o creadas al efecto para subsanar discrepancias normativas entre Congreso y Senado. Para abordar un proyecto o proposición legislativa al detalle, las comisiones articulan subcomisiones y ponencias. Estas últimas actúan como comisiones de estudio a puerta cerrada con delegados de todos los grupos parlamentarios, lo cual facilita la negociación y la redacción de informes previos al debate general.

COMPRUEBA 39 ¿Qué consecuencias jurídicas poseen las conclusiones alcanzadas por una comisión parlamentaria de investigación? La garantía de continuidad: la Diputación Permanente El régimen parlamentario no interrumpe sus poderes de tutela mediante la figura de la Diputación Permanente. Su naturaleza reside en asegurar la salvaguarda de las atribuciones constitucionales de cada asamblea durante los períodos en que estas no se encuentran reunidas (recesos parlamentarios) o cuando han quedado formalmente disueltas antes de unas elecciones generales.

Presidida por el Presidente de la respectiva Cámara, la Diputación Permanente debe estar integrada por un mínimo de 21 miembros según el artículo 78 de la Constitución, designados en proporción directa a la importancia numérica de cada grupo parlamentario en el hemiciclo. Además de la defensa genérica de las potestades de la asamblea, la Constitución reserva a la Diputación Permanente del Congreso competencias de excepcional relevancia durante la disolución de la Cámara: la convalidación o derogación de decretos-leyes del Ejecutivo y la asunción de competencias en materia de estados de alarma, excepción o sitio.

Una vez elegidas y convocadas las nuevas Cortes, este órgano debe rendir cuentas formales de sus decisiones y asuntos tratados ante el Pleno recién constituido. Apuntes de Principios e Instituciones Constitucionales 27 ESQUEMA Estructura orgánica interna de las Cámaras COMPRUEBA 40 ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas que retiene la Diputación Permanente del Congreso frente a la del Senado durante la disolución de la Cámara? Régimen de funcionamiento, sesiones, quórum y mayorías La legislatura comprende el período que transcurre desde la sesión constitutiva de las Cámaras (convocada por el Rey conforme al artículo 62.b de la Constitución) hasta el día en que opera su disolución.

El calendario institucional se organiza a través de períodos temporales formalmente definidos por el artículo 73.1 de la Carta Magna: Períodos ordinarios de sesiones: las Cámaras se reúnen anualmente en dos tramos; el primero abarca de septiembre a diciembre y el segundo discurre de febrero a junio. Períodos extraordinarios de sesiones: reuniones fuera de dichos meses ordinarios, convocadas a petición motivada del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en cuestión.

Las sesiones plenarias se rigen por el principio de publicidad, reflejado mediante la asistencia de la prensa acreditada, la emisión a través de medios públicos y la publicación en el Diario de Sesiones. No obstante, una Cámara puede declarar el carácter secreto de una sesión mediante acuerdo adoptado Órganos de gobierno Dirección, orden y administración parlamentaria Presidencia Representación y disciplina de debates Mesa de la Cámara…