El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial

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APUNTES DERECHOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Grado en Criminología Universidad de Barcelona AprenAI 2026-2027 Apuntes sobre el principio de igualdad: dimensiones en la Constitución, juicio de razonabilidad, acciones positivas y vinculación del precedente.

APREN.AI Índice 1 Evolución histórica y dimensiones de la igualdad en la Constitución Evolución histórica del principio de igualdad Las tres dimensiones de la igualdad en la Constitución Española La igualdad formal: el artículo 14 de la Constitución Titularidad y sujetos pasivos vinculados La igualdad material del artículo 9.2 CE 2 La igualdad en la ley: juicio de razonabilidad, discriminación y acciones positivas La igualdad en la ley: delimitación conceptual El test constitucional de razonabilidad Acciones positivas e igualdad de oportunidades Marco normativo de género e igualdad ante la ley La igualdad en la aplicación judicial y administrativa de la ley 3 Resumen para repasar Evolución y dimensiones constitucionales Control de la igualdad en la ley Igualdad en la aplicación de la ley Soluciones de las preguntas de repaso Estos apuntes pueden contener errores u omisiones.

Son un material de apoyo y no sustituyen al temario oficial ni al profesorado: contrasta la información importante. El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 1 1 Evolución histórica y dimensiones de la igualdad en la Constitución AL ACABAR SABRÁS Diferenciar la concepción formal liberal de la igualdad material propia del Estado social. Analizar las tres dimensiones de la igualdad en la Constitución española y sus respectivos artículos. Identificar los elementos procesales del artículo 14 CE como derecho subjetivo relacional. Delimitar los márgenes de titularidad entre nacionales y extranjeros respecto del principio de igualdad.

PIÉNSALO ANTES DE LEER 1 ¿Por qué un trato exactamente idéntico por parte de las normas jurídicas puede perpetuar una situación injusta? Evolución histórica del principio de igualdad El concepto de igualdad ha evolucionado a lo largo de las distintas etapas del Estado de Derecho, pasando de un enfoque estrictamente formal a una concepción sustantiva y compensatoria. En el constitucionalismo liberal, la igualdad nació como una frontal oposición a los antiguos privilegios estamentales. Los derechos del hombre y del ciudadano se concibieron originariamente como facultades reconocidas a personas iguales entre sí.

El principio asumió un carácter prescriptivo: los seres humanos no son idénticos por naturaleza, sino que deben ser tratados normativamente como iguales. En esta fase, la igualdad se limitaba a operar en la ley y ante la ley. Se entendía la ley como la genuina encarnación de la voluntad general, debiendo proteger o castigar a todos con el mismo rasero. Sin embargo, este paradigma liberal presentaba notables deficiencias materiales. La igualdad no incluía a la totalidad de la población, restringiendo de forma efectiva derechos como el sufragio.

Además, la igualdad era meramente nominal: se asumía la ficción de que todos los integrantes formaban parte del Tercer Estado con idéntica capacidad jurídica, ocultando deliberadamente las profundas desigualdades socioeconómicas subyacentes. Como contestación surgió el constitucionalismo social. Esta corriente supuso una reacción crítica contra la abstracción formal previa, proclamando la exigencia de alcanzar una igualdad material o real. Se acuñó la clásica directriz de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. El objetivo prioritario consiste en equiparar a los sectores desfavorecidos para suprimir asimetrías de partida.

Esta vertiente se materializa en regulaciones correctoras: en el plano tributario rige la progresividad fiscal y en las relaciones de trabajo se disponen instrumentos tuitivos en favor de la parte trabajadora. El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 2 COMPRUEBA 2 ¿En qué se diferencian el constitucionalismo liberal y el social al abordar las desigualdades económicas de partida? Las tres dimensiones de la igualdad en la Constitución Española La Constitución de 1978 articula la igualdad integrando su faceta axiológica, su protección individual y su vertiente transformadora mediante tres planos complementarios.

ESQUEMA Dimensiones constitucionales de la igualdad Dimensión Precepto constitucional Naturaleza y contenido básico Valor superior Artículo 1.1 CE Criterio rector fundacional del ordenamiento jurídico junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político. Igualdad formal Artículo 14 CE Mandato objetivo de no discriminación y derecho subjetivo relacional invocable por la ciudadanía. Igualdad material Artículo 9.2 CE Mandato de promoción y remoción de barreras dirigido activamente a los poderes públicos.

La igualdad formal: el artículo 14 de la Constitución El artículo 14 de la Constitución despliega una doble vertiente organizativa y tutelar: Mandato o principio objetivo de no discriminación: impone la prohibición absoluta de dispensar tratos discriminatorios.

Proscribe motivos específicos de exclusión (nacimiento, raza, sexo, religión Valor superior Artículo 1.1 CE: axioma fundacional de todo el ordenamiento Igualdad formal Artículo 14 CE: derecho relacional y límite objetivo Mandato objetivo Prohibición general de discriminación a poderes y particulares Derecho subjetivo Invocable en amparo mediante término de comparación Igualdad material Artículo 9.2 CE: mandato activo de transformación real Acción compensatoria Remover obstáculos y promover igualdad efectiva El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 3 u opinión) y contiene una cláusula residual genérica ante cualquier otra circunstancia o condición personal o social.

Derecho subjetivo a no ser discriminado: faculta al ciudadano a recabar amparo frente a distinciones lesivas. Puede esgrimirse ante los juzgados ordinarios y, subsidiariamente, ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo regulado en el artículo 53.2 CE. La igualdad ante la ley no se configura como un derecho abstracto o desvinculado, sino como un derecho relacional. No existe de forma autónoma: precisa siempre un tertium comparationis, es decir, un término fáctico o normativo idéntico sobre el cual demostrar un tratamiento desigual injustificado (A es igual a B en un aspecto relevante).

Por esta razón, se alega indefectiblemente en conjunción con la lesión de otro derecho sustantivo, como la libertad de expresión o el derecho a la salud. ERROR FRECUENTE Intentar interponer un recurso de amparo alegando únicamente el artículo 14 de la Constitución como un derecho autónomo sin aportar un término de comparación válido. Al ser un derecho de carácter relacional, exige inexcusablemente fijar un tertium comparationis y evidenciar la quiebra lesiva respecto de otra persona o situación parangonable vinculada a un derecho sustantivo. Titularidad y sujetos pasivos vinculados El tenor literal del artículo 14 CE proclama la igualdad de los españoles.

No obstante, la doctrina constitucional, integrando el artículo 13 CE y los textos internacionales (el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), ha modulado la titularidad de los extranjeros: Respecto a los sujetos obligados, el mandato vincula con plenitud a los poderes públicos de todos los niveles territoriales (estatal, autonómico y local). El artículo 139.1 CE garantiza la igualdad de derechos en cualquier punto del territorio y el artículo 149.1.1 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas de dicho ejercicio.

Lo anterior no cercena la libertad de configuración legislativa propia de las Comunidades Autónomas ni impide admitir situaciones jurídicas diferenciadas según las necesidades locales. Asimismo, los particulares quedan alcanzados por la eficacia horizontal de la igualdad mediante el deber de sujeción genérico previsto en el artículo 9.1 CE. Su exigibilidad varía atendiendo al poder social, tamaño organizativo o recursos de la entidad. La prohibición es estricta frente a las causas odiosas del artículo 14 CE o en casos vinculados con la gestión pública, requiriendo ponderación cuando entra en colisión directa con la autonomía contractual de los sujetos privados.

Derechos civiles personalísimos: corresponden a todas las personas con independencia de su condición nacional. 1 Derechos modulables o atemperables: corresponden al legislador su graduación respecto de los extranjeros sin vaciar en ningún caso el contenido constitucional protegido. 2 Derechos políticos: se reservan en exclusiva a los nacionales españoles.

3 El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 4 La igualdad material del artículo 9.2 CE El artículo 9.2 CE erige un mandato positivo que obliga a las instituciones públicas a promover activamente las condiciones a fin de que la libertad y la igualdad sean efectivas y reales, así como a remover las trabas que dificulten o impidan su consecución práctica. Representa el sustrato de la igualdad de oportunidades. Este precepto carece de la consideración de derecho subjetivo invocable en amparo de manera aislada.

Sin embargo, su virtualidad jurídica es nuclear: opera interconectado con otros principios y derechos, legitimando medidas y tratamientos normativos diferenciados que, desprovistos de este anclaje compensatorio, serían calificados de abiertamente discriminatorios. COMPRUEBA 3 ¿Puede un ciudadano interponer un recurso de amparo alegando de forma exclusiva la vulneración del artículo 9.2 de la Constitución? IDEAS CLAVE El constitucionalismo liberal concibió la igualdad formal ante la ley con limitaciones prácticas evidentes, mientras que el constitucionalismo social incorporó la igualdad real o material.

La Constitución española estructura la igualdad en un triple orden: valor superior del ordenamiento (artículo 1.1 CE), igualdad formal y derecho relacional (artículo 14 CE) e igualdad material como mandato a los poderes públicos (artículo 9.2 CE). El derecho a la no discriminación del artículo 14 CE exige indefectiblemente un tertium comparationis concreto para fundamentar su infracción. La titularidad de los derechos para los extranjeros se gradúa entre prerrogativas personalísimas universales, derechos políticos exclusivos de nacionales y facultades modulables por ley.

El artículo 9.2 CE no es un derecho autónomo susceptible de recurso de amparo, pero legitima actuaciones diferenciadoras destinadas a revertir disparidades sociales reales. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 4. ¿Por qué se define técnicamente la igualdad consagrada en el artículo 14 CE como un derecho subjetivo de carácter relacional? 5. ¿Qué habilitación constitucional otorga el artículo 9.2 CE respecto a las intervenciones públicas que establecen tratamientos desiguales? El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 5 Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 6.

¿Qué premisa caracterizó históricamente al principio de igualdad en el seno del constitucionalismo liberal? 7. ¿Cuál es la función del artículo 1.1 de la Constitución respecto de la igualdad? 8. ¿Qué condición procesal inexcusable exige la invocación del derecho a la no discriminación del artículo 14 CE? 9. ¿Cómo se aplica la igualdad formal frente a sujetos privados según el artículo 9.1 CE? 2 La igualdad en la ley: juicio de razonabilidad, discriminación y acciones positivas AL ACABAR SABRÁS Distinguir la discriminación directa de la discriminación indirecta en el contenido normativo. Desgranar los pasos que conforman el test de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes.

Diferenciar las acciones positivas genéricas de la discriminación inversa y sus límites constitucionales. Comprender las exigencias dogmáticas del cambio motivado de criterio en la igualdad judicial.

El establecimiento de la progresividad fiscal automática a) La presunción formal de que todos eran el Tercer Estado b) La distribución activa de subsidios laborales c) La universalización real del sufragio femenino d) Configurarla como valor superior del ordenamiento a) Fijar el procedimiento sumario de tutela b) Regular la legitimación pasiva de particulares c) Establecer la igualdad retributiva de género d) Aportar un tertium comparationis adecuado a) Ser ciudadano de origen comunitario europeo b) Alegar una privación de derechos políticos c) Renunciar a la tutela judicial ordinaria d) Quedan exentos al regirse solo por la autonomía de la voluntad a) Están vinculados, modulándose según su posición y recursos b) Solo les vincula si se trata de empresas públicas c) Se aplica solo si actúan en el extranjero d) El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 6 PIÉNSALO ANTES DE LEER 10 ¿Puede un juez dictar una sentencia contraria a lo que resolvió idéntico tribunal en un caso gemelo sin vulnerar la igualdad?

La igualdad en la ley: delimitación conceptual La igualdad en la ley se proyecta de manera directa sobre el órgano legislativo y sobre el contenido material de los preceptos jurídicos. Limita la libre potestad normativa de las Cortes, impidiendo que las leyes configuren marcos jurídicos discriminatorios o arbitrarios. El mandato prohíbe dos tipos de transgresiones normativas: Discriminación directa: acontece cuando una persona física o jurídica recibe un tratamiento adverso explícito en comparación con otra situada en idéntica posición, en razón de causas proscritas como el sexo, la etnia, las creencias o el nacimiento.

Discriminación indirecta: se produce cuando un precepto, criterio técnico o práctica de apariencia formalmente neutra sitúa a un colectivo específico en una posición material de patente desventaja comparativa sin fundamentación justificada. El legislador no está obligado a tratar a todos de forma matemática o invariable. Se censura la arbitrariedad, tanto por incurrir en exceso normativo (overinclusiveness, abarcando situaciones diversas que no debieron regularse igual) como por defecto (underinclusiveness, excluyendo sin justificación supuestos de hecho equiparables).

El test constitucional de razonabilidad Para constatar si una diferenciación legal resulta legítima o si degrada en un trato lesivo, la jurisdicción constitucional somete la medida al riguroso juicio de razonabilidad: PROCESO Fases del juicio de razonabilidad constitucional 1 Término fáctico dispar Constatación de de sigualdad en los su puestos de hecho comparados. 2 Fin legí timo Comprobación de que el objetivo es ad misible según la Constitución. 3 Adecua ción causal Verificación de la con gruencia directa entre medio adoptado y fin pretendido. 4 Proporcio nalidad estricta Ponderación para evi tar cargas gravosas excesivas sobre otros derechos.

Desigualdad en los supuestos de hecho: las situaciones fácticas de contraste deben ser sustancialmente divergentes. Si son equiparables, no cabe trato disímil. 1 Finalidad constitucionalmente legítima: la diferenciación debe perseguir un fin admisible por el marco constitucional, desprovisto de capricho. 2 Adecuación y congruencia de la medida: debe existir una correlación objetiva, directa y racional entre el instrumento normativo utilizado y el fin pretendido. 3 El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 7 CATEGORÍAS SOSPECHOSAS DE DISCRIMINACIÓN Las causas expresamente vedadas por el artículo 14 CE (raza, sexo, religión, opinión, nacimiento) operan como categorías sospechosas.

Requieren un canon estricto de justificación. En el Tribunal Supremo de EE.UU. se exige la concurrencia de un compelling interest (interés público imperioso) y no un mero legitimate interest. En la doctrina española, el canon se aplica rígidamente al origen racial y al nacimiento; respecto al sexo, se modula cuando la diferenciación responde a la consecución de la igualdad sustantiva del artículo 9.2 CE. COMPRUEBA 11 ¿Qué elementos diferencian la discriminación directa de la indirecta en la creación de una norma?

Acciones positivas e igualdad de oportunidades Bajo la cobertura del artículo 9.2 CE, las acciones positivas representan tratamientos diferenciados y favorables orientados a corregir desigualdades estructurales. Permanecen vigentes mientras subsistan las circunstancias asimétricas originarias y deben someterse al canon de proporcionalidad. Modalidad Mecanismo y alcance Ejemplos característicos Acciones positivas genéricas Benefician a colectivos desfavorecidos mediante incentivos o ayudas públicas sin excluir ni lesionar derechos consolidados de terceros. Becas formativas, subvenciones económicas directas y desgravaciones tributarias.

Acciones positivas específicas (discriminación inversa) Favorecen activamente al colectivo infrarrepresentado reservando plazas u opciones exclusivas, desplazando a quienes no pertenezcan al grupo. Sistemas de cuotas en candidaturas electorales o en promociones de empleo público. El marco normativo proscribe radicalmente las medidas de corte paternalista que, so pretexto protector, perpetúen roles estereotipados o afiancen estigmas lesivos contra la mujer. ERROR FRECUENTE Equiparar las acciones positivas con la discriminación prohibida por el artículo 14 CE.

Las acciones positivas encuentran su cobertura directa en el mandato del artículo 9.2 CE para neutralizar desventajas históricas reales, siempre que no se sustenten en estereotipos paternalistas y respeten el juicio de proporcionalidad. Proporcionalidad en sentido estricto: la medida elegida no puede acarrear sacrificios desmedidos o intolerables sobre otros derechos o bienes protegidos. 4 Necesidad: sectorialmente se analiza que el fin legítimo no pudiera lograrse a través de una alternativa jurídica menos lesiva para los afectados.

5 El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 8 Marco normativo de género e igualdad ante la ley La salvaguarda de la igualdad de género cuenta con un profundo desarrollo internacional y doméstico: Unión Europea: articulada originariamente desde el Tratado de Roma (artículo 111 sobre condiciones de empleo) y robustecida en el Tratado de Ámsterdam mediante el principio transversal de gender mainstreaming. Destacan la Carta de Derechos Fundamentales de Niza y las Directivas 2002/73/CE (acceso al trabajo y formación, modificando la directiva de 1976) y 2004/113/CE (acceso a bienes y servicios), perfiladas por la jurisprudencia comunitaria en asuntos como Kalanke y Marschall.

Estatutos de Autonomía: el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) promueve la paridad, el lenguaje no sexista, derechos específicos de la mujer (art. 19), la transversalidad de género (art. 41) y la erradicación de la violencia machista. De forma coordinada, el Estatuto de Andalucía (EAA) garantiza la democracia paritaria (art. 20) y combate activamente el sexismo (arts. 15, 16, 35 y 37.1). Ley Orgánica 3/2007: actúa como directriz marco integradora.

Incorpora la inversión de la carga de la prueba en supuestos de discriminación por sexo, tutela supuestos de doble discriminación y exige presencia equilibrada en órganos electorales y públicos (ningún sexo superará el 60 % ni bajará del 40 %, extensible al 50 % o cremallera en legislaciones como Baleares, Castilla-La Mancha o País Vasco), impulsando su adopción en consejos corporativos en plazos de 8 años. La igualdad en la aplicación judicial y administrativa de la ley La igualdad ante la ley vincula a los operadores jurídicos en la fase aplicativa, prohibiendo disparidades de trato arbitrarias por parte de la Administración y de los órganos judiciales.

En la vía administrativa, la igualdad exige la vinculación a los criterios fijados formalmente. No obstante, según la doctrina constitucional, únicamente el precedente administrativo confirmado en sede judicial abre paso directo a la denuncia de discriminación en amparo. Dicha confirmación judicial previa no es exigible, en cambio, para fundamentar la impugnación en vía administrativa ni contencioso-administrativa. En el ámbito de los tribunales, la igualdad ante la ley se pondera con la garantía de independencia judicial. A diferencia de la vinculación estricta al precedente característica del common law, el sistema continental tolera el cambio razonable de criterio.

La resolución judicial no resultará discriminatoria si concurren las siguientes garantías procesales: Identidad sustancial: el asunto debe ser idéntico al resuelto con anterioridad por el mismo órgano jurisdiccional. Separación motivada y explícita: el tribunal debe justificar de manera reflexiva las razones del apartamiento del criterio precedente. Pretensión de generalidad: el nuevo criterio adoptado debe nacer con vocación de regir para casos futuros equivalentes, impidiendo soluciones caprichosas o concebidas para un caso concreto.

El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 9 COMPRUEBA 12 ¿Qué requisitos exige el Tribunal Constitucional a un juez para que un cambio de criterio no vulnere la igualdad ante la ley? IDEAS CLAVE La igualdad en la ley prohíbe discriminaciones normativas directas e indirectas, obligando al legislador a evitar diferenciaciones arbitrarias por defecto o exceso. El juicio de razonabilidad examina la disparidad fáctica, la licitud constitucional del fin, la adecuación instrumental y la estricta proporcionalidad de la norma. Las causas expresas del artículo 14 CE operan como categorías sospechosas, exigiendo una justificación jurídica cualificada y estricta.

Las acciones positivas se dividen en genéricas (ayudas y fomento) y específicas (reservas o cuotas mediante discriminación inversa), vetando planteamientos paternalistas. La igualdad en la aplicación judicial permite el cambio de precedente siempre que se motive de manera expresa y goce de vocación de generalidad para casos análogos. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 13. ¿En qué se diferencia el control de distinciones basadas en categorías sospechosas del control ordinario de razonabilidad? 14. ¿Qué pauta temporal y funcional condiciona la validez de las medidas de acción positiva en el marco constitucional? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 15.

¿Qué ocurre si una norma neutral genera un impacto sustancialmente desfavorable para un sexo? 16. ¿Qué rasgo distingue a una acción positiva específica o discriminación inversa? Constituye una acción positiva genérica a) Queda excluida del juicio de razonabilidad b) Incurre siempre en overinclusiveness c) Se trata de discriminación indirecta d) Consiste en conceder una beca académica general a) Carece por completo de cobertura en el artículo 9.2 CE b) Beneficia a un colectivo excluyendo de la ventaja al resto c) No afecta la posición jurídica de ningún tercero d) El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 10 17.

¿Cuál es la exigencia temporal para las medidas de acción positiva destinadas a igualar grupos sociales? 18. ¿Qué condición es imprescindible para que un cambio de precedente judicial no vulnere la igualdad ante la ley? 3 Resumen para repasar Evolución y dimensiones constitucionales Concepto Definición y trascendencia constitucional Igualdad liberal Igualdad formal ante la ley nacida frente a los privilegios estamentales que omitía deliberadamente las asimetrías socioeconómicas. Igualdad social Igualdad material o real que exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para corregir desventajas de partida. Valor superior (art.

1.1 CE) Principio axial del ordenamiento jurídico que inspira e informa el resto de normas constitucionales. Igualdad formal (art. 14 CE) Mandato objetivo de no discriminación y derecho subjetivo relacional que exige necesariamente un tertium comparationis. Igualdad material (art. 9.2 CE) Mandato a los poderes públicos de remover barreras y promover condiciones efectivas, legitimando normas diferenciadoras. Eficacia horizontal (art. 9.1 CE) Sujeción de los particulares al deber de no discriminar, modulada según su dimensión, recursos e influencia.

Control de la igualdad en la ley Concepto Definición y aplicación práctica Discriminación directa Tratamiento desfavorable explícito motivado por una causa prohibida (raza, sexo, religión, opinión, nacimiento).

Son aplicables mientras subsista la situación de desigualdad a) Caducan a los 8 años por mandato estricto de la ley b) Tienen vigencia perpétua de carácter irrenunciable c) Solo pueden aprobarse por real decreto-ley de urgencia d) Que no sea recurrido por el Ministerio Fiscal a) Que sea motivado y posea pretensión de generalidad b) Que cuente con previa autorización del Consejo General c) Que coincida con el criterio anglosajón del common law d) El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 11 Concepto Definición y aplicación práctica Discriminación indirecta Precepto o práctica aparentemente neutra que acarrea una desventaja fáctica desproporcionada sobre un colectivo protegido.

Categorías sospechosas Criterios expresos del art. 14 CE que imponen un canon reforzado de fundamentación frente a la sospecha de arbitrariedad. Juicio de razonabilidad Examen escalonado compuesto por disparidad fáctica, fin legítimo admisible, adecuación de la medida y proporcionalidad estricta. Acciones positivas genéricas Medidas de estímulo (becas, ayudas, beneficios fiscales) en favor de colectivos desfavorecidos sin excluir a terceros. Discriminación inversa Acciones específicas (cuotas de reserva) que favorecen con exclusividad a un grupo infrarrepresentado.

Igualdad en la aplicación de la ley Concepto Definición y régimen jurídico Precedente administrativo Criterio administrativo que solo fundamenta amparo si está confirmado judicialmente, aunque no se exige tal confirmación en vías ordinarias. Jurisprudencia del TS Doctrina consolidada que requiere un mínimo de dos sentencias conformes para fijar criterio vinculante. Cambio de criterio judicial Apartamiento admisible del precedente judicial si se realiza de forma expresa, motivada y con pretensión de generalidad. Presencia equilibrada (LO 3/2007) Directriz legal que exige una proporción electoral y corporativa de ningún sexo por encima del 60 % ni por debajo del 40 %.

El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 12 Soluciones de las preguntas de repaso 1. Porque aplicar una regla uniforme sobre sujetos en circunstancias económicas o sociales marcadamente asimétricas consolida y amplía las desventajas previas de los más vulnerables. 2. El constitucionalismo liberal las ignora formalmente asumiendo una igualdad jurídica abstracta, mientras que el social ordena un trato desigual para compensar a los sectores más vulnerables. 3. No, porque el artículo 9.2 CE fija un mandato objetivo a los poderes públicos y no un derecho fundamental subjetivo tutelable mediante recurso de amparo. 4.

Porque no opera en el vacío de manera abstracta, sino que requiere necesariamente compararse con otra situación parangonable (un tertium comparationis) y proyectarse sobre el ejercicio de un derecho material determinado. 5. Habilita a los poderes públicos a dictar normativas y medidas asimétricas compensatorias para suprimir barreras reales, impidiendo que tales diferenciaciones positivas sean tachadas de discriminaciones arbitrarias. 6. b) La presunción formal de que todos eran el Tercer Estado. El liberalismo asumía la abstracción de que todos compartían estatus común, encubriendo las diferencias materiales existentes. 7. a) Configurarla como valor superior del ordenamiento.

El artículo 1.1 CE sitúa a la igualdad como uno de los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico. 8. a) Aportar un tertium comparationis adecuado. Al tratarse de un derecho relacional, requiere contrastar la situación propia con un término de referencia homogéneo. 9. b) Están vinculados, modulándose según su posición y recursos. Los particulares están sujetos a la Constitución, pero la exigencia varía según factores como su influencia, dimensión o recursos. 10. Sí, siempre que el cambio de criterio esté formalmente motivado, justificado de forma razonable y no responda a un trato arbitrario o personalista contra el litigante. 11.

La directa impone un trato lesivo explícito basado en un criterio prohibido; la indirecta utiliza un criterio neutral pero que en la práctica desfavorece desproporcionadamente a un colectivo protegido. 12. Exige que el apartamiento del criterio precedente sea expreso, motivado, fruto de una reflexión jurídica general y con vocación de aplicarse en lo sucesivo, evitando resoluciones ad hoc. 13. Las categorías sospechosas (como raza o sexo) imponen un estándar de escrutinio mucho más riguroso, requiriendo un plus de motivación objetiva frente a la presunción de ilegitimidad del trato desigual. 14.

Su legitimidad depende de su carácter instrumental para corregir una desigualdad fáctica constatable, debiendo desaparecer en cuanto se extinga la situación de disparidad que las motivó. 15. d) Se trata de discriminación indirecta. La discriminación indirecta se produce a través de pautas o prácticas formalmente neutras que derivan en desventaja lesiva. 16. c) Beneficia a un colectivo excluyendo de la ventaja al resto. La discriminación inversa se singulariza por fijar ventajas reservadas que desplazan u orillan a quienes no integran el grupo protegido. 17. a) Son aplicables mientras subsista la situación de desigualdad.

Las acciones positivas están condicionadas a la persistencia material de la situación asimétrica que buscan superar. 18. b) Que sea motivado y posea pretensión de generalidad. El órgano judicial puede alterar su criterio si motiva explícitamente el cambio y su doctrina tiene vocación de aplicación continuada. El principio de igualdad: dimensiones y tutela judicial 13