Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio

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APUNTES DERECHO PROCESAL PENAL Grado en Derecho Universidad de Barcelona AprenAI 2026-2027 Apuntes completos de Derecho Procesal Penal: jurisdicción, fases del proceso, medidas cautelares, prueba, recursos, procedimientos y ejecución penitenciaria.

APREN.AI Índice 1 Sistemas, principios y fuentes del proceso penal Sistemas procesales penales: modelos históricos y el sistema mixto español El debate dogmático sobre la instrucción y el rol del Ministerio Fiscal Principios informadores de la jurisdicción penal Clasificación sustantivo-procesal de los delitos Fuentes normativas del derecho procesal penal español 2 El objeto del proceso penal Estructura dual del objeto del proceso penal La pretensión punitiva La pretensión de resarcimiento o acción civil acumulada Diferencias entre la pretensión punitiva y la de resarcimiento 3 Límites internacionales de la jurisdicción penal y cuestiones prejudiciales 1.

Ámbito del orden penal: jurisdicción frente a competencia 2. Límites territoriales y extensión extraterritorial (art. 23 LOPJ) 3. El principio de justicia universal y su delimitación (art. 23.4 LOPJ) 4. Desafíos de la jurisdicción en los delitos informáticos 5. Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal (arts. 3 a 7 LECrim) 4 Competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales penales Competencia objetiva y funcional ordinaria La Audiencia Nacional y sus órganos centrales Órganos penales especiales y específicos El aforamiento procesal y su régimen Competencia territorial: fueros preferentes y subsidiarios Competencia territorial en delitos conexos (arts.

17 y 18 LECrim) Impugnación de la jurisdicción y la competencia 5 Las partes en el proceso penal: acusación y defensa 1. El Ministerio Fiscal y el auxilio de la Policía Judicial 2. Las partes acusadoras: acusación particular y acción popular 3. La parte pasiva: el reo, minoría de edad e incapacidad 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas 5. La responsabilidad civil derivada del delito y figuras asimiladas 6 El estatuto y derechos fundamentales del investigado 1. Evolución histórica de las garantías procesales del investigado 2. Marco normativo: la Constitución Española, la LECrim y las Directivas de la UE 3.

Derechos instrumentales derivados del derecho de defensa Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 1 4. Derechos derivados de la prohibición de tratos degradantes y protección de la dignidad 7 La instrucción penal: concepto, plazos e iniciación 1. Concepto, finalidad y naturaleza jurídica de la instrucción 2. Régimen de plazos de la instrucción (art. 324 LECrim) 3. Tensión entre instrucción y derechos fundamentales 4. Publicidad interna y secreto del sumario (arts. 302 y 520.1 LECrim) 5. Modos de iniciación del sumario 8 Diligencias de investigación restrictivas de derechos, cadena de custodia e imputación 1. Diligencias de reconocimiento de personas 2.

Régimen general de las medidas de seguimiento y vigilancia electrónica 3. Seguimiento en espacios públicos y en espacios privados 4. Intervenciones e inspecciones corporales 5. Entrada y registro en lugar cerrado 6. La cadena de custodia de las fuentes de prueba 7. La imputación judicial: auto de procesamiento frente a auto de transformación 8. Cooperación judicial penal: extradición y Orden Europea de Detención y Entrega 9 Medidas cautelares personales y reales 1. Concepto, caracteres y presupuestos de adopción 2. La citación cautelar y la libertad provisional 3. La detención preventiva y el procedimiento de Habeas Corpus 4. La prisión provisional y el régimen de incomunicación 5.

La orden de protección y las medidas cautelares reales 10 La fase intermedia: sobreseimiento, acusación y conformidad 1. Concepto y función de la fase intermedia 2. Tipologías y efectos del sobreseimiento 3. Formulación de la acusación procesal 4. La conformidad del acusado: presupuestos y límites 11 El juicio oral, medios de prueba y valoración La iniciativa probatoria y las facultades del tribunal Medios probatorios plenarios e incorporación del material sumarial Ilicitud probatoria y doctrina de exclusión Carga de la prueba y presunción de inocencia 12 El juicio jurisdiccional: sentencia, motivación, congruencia y cosa juzgada 1.

Valoración probatoria, presunción de inocencia e in dubio pro reo 2. Incidencia sobre las circunstancias eximentes y atenuantes 3. El deber constitucional de motivación de la sentencia penal 4. El principio de congruencia procesal penal 5. La cosa juzgada en el orden penal Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 2 6. Proyección y eficacia de la sentencia penal sobre el orden civil y administrativo 13 Los medios de impugnación: resoluciones interlocutorias, definitivas y revisión 1. Recursos frente a resoluciones interlocutorias 2. Impugnación de resoluciones definitivas y doble instancia penal 3. El recurso extraordinario de casación penal 4.

Rescisión de sentencias firmes: revisión y anulación 14 Los procedimientos penales ordinario, abreviado, rápido y de jurado Criterios para la determinación del cauce procesal El procedimiento ordinario y los artículos de previo pronunciamiento El procedimiento abreviado y las cuestiones previas Juicios rápidos y la reducción del tercio de la pena El procedimiento ante el Tribunal del Jurado 15 Procedimientos penales especiales y específicos El enjuiciamiento de delitos leves y sus vías de incoación Procesos especiales por razón de la materia: injurias, medios de comunicación y terrorismo Régimen específico de enjuiciamiento de aforados El procedimiento de decomiso autónomo 16 La ejecución penal y el sistema penitenciario Naturaleza, fuentes y órganos competentes Fines de las penas y medidas de seguridad El sistema penitenciario y los grados de tratamiento Suspensión ordinaria y excepcional de la pena privativa de libertad Libertad condicional, expulsión y ejecución patrimonial 17 Resumen para repasar Sistemas y principios del proceso penal Límites de la jurisdicción y competencia penal Partes procesales y estatuto del investigado Medidas cautelares y fases del proceso Procedimientos penales y ejecución de penas Soluciones de las preguntas de repaso Estos apuntes pueden contener errores u omisiones.

Son un material de apoyo y no sustituyen al temario oficial ni al profesorado: contrasta la información importante. Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 3 1 Sistemas, principios y fuentes del proceso penal AL ACABAR SABRÁS Diferenciar las notas esenciales de los sistemas inquisitivo, acusatorio y mixto. Distinguir el principio de oficialidad del principio dispositivo en el ámbito penal. Clasificar los delitos en públicos, semipúblicos, semiprivados y privados según los cauces de perseguibilidad y el perdón del ofendido. Identificar las fuentes normativas fundamentales del ordenamiento procesal penal español.

PIÉNSALO ANTES DE LEER 1 ¿Por qué un juez instructor no puede emitir la sentencia definitiva sobre los mismos hechos que investiga? El enjuiciamiento criminal se articula a través de modelos históricos y principios jurídicos que delimitan el poder punitivo del Estado frente a las libertades individuales. Comprender la estructura de estos sistemas procesales permite entender cómo se persiguen las infracciones penales y qué garantías asisten a los ciudadanos.

ESQUEMA Estructura del proceso penal español Sistemas procesales penales: modelos históricos y el sistema mixto español A lo largo de la historia jurídica se han configurado dos arquetipos contrapuestos de enjuiciamiento que determinan el equilibrio entre la eficacia represiva y los derechos del acusado: Sistema mixto Fase de instrucción y plenario Instrucción Predominio inquisitivo por el juez Juicio oral Modelo acusatorio e imparcial Principios informadores Oficialidad, dispositivo y aportación Clasificación de delitos Públicos, semipúblicos, semiprivados y privados Fuentes normativas Constitución, LOPJ, LECrim y leyes especiales Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 4 Sistema inquisitivo: El juez asume simultáneamente las funciones de acusar y juzgar.

Nació con fines de eficacia punitiva y persecución de disidencias religiosas para evitar que los hechos quedaran impunes sin denuncia previa. Al asumir el papel de parte acusadora, el juzgador carece de imparcialidad. Históricamente implicaba pesquisas genéricas sobre la persona hasta que se exigió concretar indicios de un hecho ilícito concreto. Sistema acusatorio: El juez ejerce exclusivamente la potestad juzgadora con estricta neutralidad. El inicio del proceso requiere de forma obligatoria la presencia de una parte acusadora diferenciada. Este esquema garantiza la dualidad y la igualdad de partes, constituyendo el soporte garantista del proceso debido.

En España rige un sistema procesal penal mixto: combina una fase instructora de corte predominantemente inquisitivo y juicio oral formalmente acusatorio. PARA RECORDARLO La clave del modelo mixto reside en la separación de etapas: el órgano judicial que instruye reúne indicios inquisitivamente, pero la fase decisoria del juicio oral exige acusación externa e imparcialidad objetiva del juzgador. El debate dogmático sobre la instrucción y el rol del Ministerio Fiscal El sesgo inquisitivo de la instrucción española se manifiesta en la adopción de medidas cautelares de oficio por el juez de instrucción y en el auto de procesamiento, donde el propio juez plasma los indicios de criminalidad.

Frente a esta concentración de funciones que compromete la apariencia de imparcialidad judicial, la doctrina postula encomendar la dirección de la fase de investigación penal al Ministerio Fiscal, limitando la intervención judicial a garantizar los derechos fundamentales. COMPRUEBA 2 ¿Por qué se sostiene que la fase de instrucción penal en España conserva rasgos inquisitivos?

Principios informadores de la jurisdicción penal El funcionamiento de los tribunales penales y la aportación de hechos se rigen por tres principios esenciales: Principio de oficialidad: Determina que la resolución del litigio corresponde en exclusiva a la jurisdicción penal pública, sin cauces alternativos de solución de controversias como el arbitraje. El juzgador puede incoar diligencias instructoras de oficio para esclarecer la verdad material de los hechos (salvo excepciones como la prisión provisional, regulada en «Medidas cautelares personales y reales»), y las partes carecen de libre disposición sobre el objeto litigioso.

1 Principio dispositivo: Concede a los particulares la potestad de iniciar el proceso, acudir a fórmulas extrajudiciales de resolución (negociación, mediación o arbitraje) y disponer íntegramente del objeto del litigio. Aunque históricamente ajeno a lo penal, gana presencia mediante acuerdos y negociaciones dirigidos a evitar la celebración del juicio. 2 Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 5 COMPRUEBA 3 ¿En qué se diferencian el principio de oficialidad y el dispositivo respecto a la resolución de conflictos?

Clasificación sustantivo-procesal de los delitos Los tipos delictivos se clasifican según tres parámetros normativos: la posibilidad de persecución de oficio por el Estado, la exigencia de denuncia del perjudicado para incoar las actuaciones y la eficacia extintiva del perdón del ofendido. Categoría delictiva Iniciación y perseguibilidad Efecto del perdón del ofendido Supuestos contemplados Delitos públicos De oficio por el Estado a través del Ministerio Fiscal. No depende de la víctima. Carente de eficacia extintiva. El procedimiento continúa. La gran mayoría de los tipos del Código Penal. Delitos semipúblicos Requieren denuncia previa del ofendido.

Tras denunciarse, el proceso sigue de oficio como si fuera público. Inoperante de forma general una vez presentada la denuncia. Agresiones, acoso y abusos sexuales; homicidio por imprudencia menos grave; lesiones menos graves por imprudencia grave; reproducción asistida inconsentida; amenazas, coacciones y acoso leves (salvo violencia doméstica); injurias leves en ámbito doméstico; delitos contra la propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores (salvo afección plural); abandono de familia; delitos societarios. Delitos semiprivados Exigen denuncia del agraviado, rigiéndose por el principio dispositivo. Eficacia extintiva: el perdón del ofendido pone fin al proceso penal.

Descubrimiento o revelación de secretos (salvo que afecte a una pluralidad de personas); daños causados por cuantía grave superior a 80.000 €. Delitos privados Requieren querella formal del ofendido, quien adquiere la condición procesal de parte. Eficacia extintiva plena: el perdón extingue la acción penal. Injurias y calumnias contra particulares. Principio de aportación de parte: Supone que son los litigantes quienes introducen los hechos y proponen los medios probatorios ante el tribunal, en contraste con las iniciativas de prueba acordadas de oficio según previsiones como el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

3 Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 6 ERROR FRECUENTE Confundir los delitos semipúblicos con los delitos semiprivados es un fallo recurrente de examen. Ambos exigen denuncia de la víctima para iniciarse, pero se diferencian en la eficacia del perdón: en el delito semipúblico, interpuesta la denuncia, el Estado asume la persecución de oficio y el perdón no frena la causa; en el delito semiprivado, en cambio, rige el principio dispositivo y el perdón del perjudicado extingue el procedimiento penal.

Fuentes normativas del derecho procesal penal español El marco regulatorio del proceso penal descansa sobre un conjunto jerárquico de fuentes: Constitución Española: Norma suprema que consagra los derechos fundamentales procesales y los límites al ius puniendi. Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): Regula la estructura, gobierno y planta de los tribunales que ejercen jurisdicción penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): Cuerpo adjetivo general que disciplina las fases y trámites del procedimiento penal ordinario y común.

Leyes procesales especiales: Instrumentos normativos específicos entre los que destacan la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LO 5/1995) y la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (de 14 a 18 años), marco en el cual la instrucción es atribuida de forma expresa al Ministerio Fiscal. Convenios y tratados internacionales: Textos suscritos y ratificados por España que integran garantías del proceso debido y cooperación judicial. COMPRUEBA 4 ¿En qué procedimiento especial asume legalmente la investigación el Ministerio Fiscal en lugar del juez de instrucción?

Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 7 IDEAS CLAVE En España rige un sistema procesal penal mixto articulado en una instrucción predominantemente inquisitiva y un plenario oral acusatorio. El principio de oficialidad impone el monopolio de la jurisdicción penal pública y restringe la libre disposición sobre el enjuiciamiento penal. Los delitos semipúblicos exigen denuncia previa para incoarse, pero continúan de oficio con independencia del perdón del ofendido. Los delitos semiprivados precisan denuncia pero admiten el perdón extintivo del ofendido al imperar el principio dispositivo.

Los delitos privados exigen la interposición de querella por el perjudicado y se extinguen ante el perdón del ofendido. Las fuentes normativas del proceso penal integran la Constitución, la LOPJ, la LECrim, tratados internacionales y leyes especiales como la LO 5/1995 o la reguladora de la responsabilidad penal de los menores. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 5. ¿Cuál es la diferencia de incoación entre un delito semipúblico y un delito privado? 6. ¿Qué consecuencia procesal acarrea el perdón del ofendido en un delito semiprivado a diferencia de uno semipúblico? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 7. ¿Qué modelo rige en la instrucción penal española actual? 8.

¿Qué efecto procesal tiene el perdón en los delitos semipúblicos? 9. ¿Qué requisito formal es imprescindible para incoar un delito privado? Arbitral extrajudicial obligatorio a) Puramente acusatorio sin medidas judiciales b) Inquisitivo con protagonismo instructorio judicial c) Dispositivo bajo dirección del querellante d) Ninguno, la causa continúa de oficio a) Extingue inmediatamente la acción penal b) Obliga a acudir a arbitraje c) Deriva en sobreseimiento libre automático d) Interposición de simple denuncia a) Incoación de oficio judicial b) Petición directa del Ministerio Fiscal c) Presentación formal de querella d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 8 10.

¿En qué marco legal asume la investigación penal el Ministerio Fiscal? 2 El objeto del proceso penal AL ACABAR SABRÁS Diferenciar la pretensión punitiva de la pretensión de resarcimiento en el proceso penal Analizar el carácter contingente y disponible de la acción civil reparatoria Identificar los dos elementos que configuran el pronunciamiento punitivo frente al investigado PIÉNSALO ANTES DE LEER 11 ¿Por qué un mismo proceso penal puede dictar una condena de privación de libertad y al mismo tiempo ordenar el pago de una cantidad dineraria por daños? Estructura dual del objeto del proceso penal El objeto del proceso penal presenta una configuración particular caracterizada por su dualidad.

A diferencia de otros órdenes jurisdiccionales donde la controversia gira en torno a una única reclamación, en el seno de la causa penal pueden converger dos exigencias diferenciadas: la pretensión penal y la pretensión civil acumulada. Esta concurrencia responde a que la comisión de un hecho calificado como delictivo no solo altera el ordenamiento punitivo del Estado, sino que con frecuencia genera menoscabos patrimoniales o morales en la esfera de los particulares. De este modo, el procedimiento penal acoge simultáneamente la resolución del reproche sancionador y la reparación de las consecuencias lesivas derivadas del hecho enjuiciado.

Responsabilidad penal del menor a) Sumario ordinario por delitos graves b) Enjuiciamiento de delitos societarios c) Procedimiento ante el Tribunal del Jurado d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 9 ESQUEMA Dualidad del objeto en el proceso penal La pretensión punitiva La pretensión punitiva constituye el núcleo esencial del objeto penal. Se define como la manifestación formal orientada a obtener la condena de la persona a quien se atribuye la comisión de una infracción delictiva. Esta pretensión persigue una doble finalidad procesal indisociable: El reconocimiento formal de la responsabilidad penal del autor por los hechos acontecidos.

La consiguiente imposición de una condena penal legalmente fijada frente al culpable. Al hallarse comprometido el interés general y el ius puniendi del Estado, la persecución penal responde primordialmente al principio de oficialidad (véase «Sistemas, principios y fuentes del proceso penal»). Por ello, los cauces y la continuidad de esta acción punitiva trascienden la exclusiva autonomía privada de los sujetos personados en la causa. COMPRUEBA 12 ¿Cuáles son los dos aspectos inseparables que integran el contenido de la pretensión punitiva?

La pretensión de resarcimiento o acción civil acumulada Junto a la exigencia penal, puede ejercitarse la pretensión de resarcimiento, cuyo fin directo es lograr que el condenado repare económicamente los daños y perjuicios provocados por la infracción.

Objeto procesal Estructura dual del proceso penal Pretensión punitiva Carácter penal indisponible Responsabilidad penal Declaración del hecho delictivo Condena penal Imposición de la sanción Pretensión de resarcimiento Carácter civil disponible Reparación del daño Indemnización de daños y perjuicios Voluntad de la víctima Ejercicio facultativo y contingente Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 10 Aunque se ventila dentro del procedimiento penal, esta reclamación ostenta una estricta naturaleza civil. Por esta razón, se califica técnicamente como una pretensión contingente y disponible.

Su integración efectiva en el enjuiciamiento penal queda supeditada a la voluntad de la víctima o del perjudicado: si la parte legitima decide reclamarla, el juzgador emitirá pronunciamiento; si decide no hacerlo, no formará parte del fallo definitivo. ERROR FRECUENTE Confundir la acumulación procesal con la naturaleza sustantiva de la acción de resarcimiento. Que la reparación económica se liquide en el proceso penal no le otorga naturaleza punitiva ni la convierte en indisponible: sigue siendo una pretensión estrictamente civil subordinada a la libre voluntad de la víctima.

Diferencias entre la pretensión punitiva y la de resarcimiento Las diferencias sustantivas y de régimen jurídico entre ambos componentes del objeto del proceso penal quedan sistematizadas en el siguiente cuadro comparativo: Criterio Pretensión punitiva Pretensión de resarcimiento Naturaleza jurídica Puntualmente penal y de interés público. Estrictamente civil y de interés privado. Objetivo primordial Reconocer responsabilidad penal y aplicar una condena. Reparar los daños y perjuicios derivados del delito. Carácter en el proceso Necesario y esencial para la existencia del juicio penal. Contingente y accesorio dentro de la causa.

Disponibilidad Indisponible en términos generales por regir la oficialidad. Plenamente disponible a voluntad de la víctima. COMPRUEBA 13 ¿Por qué se califica de contingente la pretensión de resarcimiento dentro de la causa penal? IDEAS CLAVE El objeto del proceso penal posee una estructura dual que agrupa la pretensión punitiva y la pretensión civil resarcitoria. La pretensión punitiva persigue la declaración de culpabilidad y la imposición de una condena penal ante la infracción. La pretensión de resarcimiento es de naturaleza civil y busca la reparación íntegra de los daños y perjuicios sufridos.

A diferencia del componente penal, la pretensión resarcitoria es contingente y queda sujeta a la voluntad y disposición de la víctima. Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 11 COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 14. ¿En qué se diferencia el objetivo de la pretensión punitiva del correspondiente a la pretensión de resarcimiento? 15. ¿De qué factor depende que se resuelva la pretensión de resarcimiento en el proceso penal? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 16. ¿Qué dos elementos conforman el objeto del proceso penal? 17. ¿Cuál es la finalidad sustancial de la pretensión punitiva? 18. ¿Qué naturaleza jurídica ostenta la pretensión de resarcimiento? 19.

¿Por qué la acción de resarcimiento se define como contingente?

Acción penal y pretensión disciplinaria a) Pretensión cautelar y acción resolutiva b) Pretensión civil y pretensión administrativa c) Pretensión punitiva y pretensión de resarcimiento d) Exigir fianza para indemnizaciones civiles a) Mediar privadamente entre las partes en litigio b) Restituir los bienes sustraídos a la víctima c) Declarar responsabilidad penal y condenar d) Naturaleza estrictamente civil a) Naturaleza procesal constitucional b) Naturaleza pública y sancionadora c) Naturaleza penitenciaria accesoria d) Porque prescribe de forma inmediata tras el juicio a) Porque exige el indulto preceptivo previo b) Porque su ejercicio depende de la víctima c) Porque solo la formula el juez de oficio d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 12 3 Límites internacionales de la jurisdicción penal y cuestiones prejudiciales AL ACABAR SABRÁS Distinguir el concepto de jurisdicción penal frente al de competencia orgánica.

Aplicar los criterios de extraterritorialidad del art. 23 LOPJ a supuestos prácticos. Diferenciar las cuestiones prejudiciales devolutivas de las no devolutivas y su eficacia de cosa juzgada. PIÉNSALO ANTES DE LEER 20 ¿Puede un juez de Madrid juzgar a un ciudadano extranjero que atenta contra un turista español fuera de nuestras fronteras? La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia punitiva corresponde en exclusiva al Estado a través del orden jurisdiccional penal.

Este monopolio estatal del ius puniendi exige verificar, ante cualquier hecho con apariencia delictiva, si los órganos judiciales españoles ostentan jurisdicción antes de determinar qué tribunal específico resulta competente. ESQUEMA Estructura del tema: Jurisdicción y competencia penal Jurisdicción y competencia penal Presupuestos para el enjuiciamiento penal Límites internacionales Ámbito territorial y extraterritorial (art. 23 LOPJ) Criterios del art. 23 LOPJ Pabellón, personalidad activa, protección e interés universal Cuestiones prejudiciales Materias no penales previas (arts.

3 a 7 LECrim) Devolutivas y no devolutivas Diferenciación por el órgano resolutor y cosa juzgada Distribución competencial Competencia objetiva, funcional y territorial Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 13 1. Ámbito del orden penal: jurisdicción frente a competencia Conviene diferenciar con precisión los conceptos de jurisdicción y competencia.

Mientras que la jurisdicción penal delimita el poder general que tienen los tribunales para enjuiciar delitos conforme a las normas de soberanía y tratados internacionales, la competencia (véase «Competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales penales») actúa como el mecanismo interno de distribución del trabajo judicial entre los distintos órganos. El orden jurisdiccional penal goza de un carácter estrictamente exclusivo: solo un tribunal penal puede declarar la existencia de una infracción delictiva e imponer la sanción correspondiente, salvaguardando así el principio constitucional de división de poderes.

El ordenamiento procesal articula este sistema mediante una tipología diversa de órganos ordinarios (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Sala Segunda del Tribunal Supremo) y órganos especializados con atribuciones legalmente tasadas (como la Audiencia Nacional, los Juzgados de Menores, el Tribunal del Jurado o los Juzgados de Violencia sobre la Mujer). COMPRUEBA 21 ¿Por qué se debe analizar la jurisdicción internacional antes de examinar la competencia del tribunal? 2. Límites territoriales y extensión extraterritorial (art.

23 LOPJ) La regla general de atribución es el principio de territorialidad: los tribunales españoles conocen de las infracciones cometidas dentro de las fronteras nacionales. Junto al espacio físico terrestre, marítimo y aéreo, rige de forma indiscutida el denominado principio de pabellón, en virtud del cual se extiende la jurisdicción española a todos los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves con pabellón o matrícula española, sin importar el lugar geográfico en que se hallen en el momento de los hechos. Fuera de estas coordenadas estrictamente territoriales, el art.

23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) habilita la persecución de conductas ilícitas cometidas en el extranjero bajo supuestos tasados: Principio de personalidad activa (art. 23.2 LOPJ): Faculta a los tribunales penales a juzgar delitos perpetrados fuera de España por ciudadanos españoles o por extranjeros que adquieran la nacionalidad con posterioridad al hecho delictivo.

Para activar este fuero se requiere inexcusablemente la concurrencia simultánea de tres requisitos: la doble incriminación (que la conducta sea punible tanto en España como en el Estado donde se ejecutó), la ausencia de non bis in idem (que el responsable no haya sido ya juzgado, condenado, absuelto o indultado en el extranjero) e interposición de querella por el Ministerio Fiscal o por la persona agraviada. Principio real o de protección de intereses del Estado (art. 23.3 LOPJ): Otorga jurisdicción para enjuiciar delitos cometidos en el exterior que menoscaben directamente intereses públicos, políticos o económicos de España.

Comprende figuras como la falsificación de moneda española, fraudes contra la Administración pública, atentados contra funcionarios públicos españoles en el extranjero o la falsificación de pasaportes. En este caso no rige la exigencia de que el hecho esté previamente juzgado fuera, aunque sí se precisa la doble incriminación. Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 14 ERROR FRECUENTE Un error recurrente en el examen es suponer que el hecho de que la víctima sea española otorga automáticamente jurisdicción a los tribunales españoles en el extranjero. El art. 23.2 LOPJ exige personalidad activa (que el autor sea español o haya adquirido la nacionalidad después), no pasiva.

Que el ofendido tenga nacionalidad española resulta irrelevante para este fuero. Analicemos la aplicación práctica de estos criterios extraterritoriales a través de dos supuestos típicos: EJEMPLO: FALSEDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO EXTRANJERO Y SEGURIDAD ESTATAL Un ciudadano extranjero sustituye la fotografía de un pasaporte irlandés auténtico para embarcar en un vuelo desde Palma de Mallorca con destino a Dublín, siendo interceptado en destino. Aunque el pasaporte sea foráneo, la utilización del documento falso para evadir el control fronterizo en territorio español afecta a la seguridad interior y al control migratorio de España (art.

23 LOPJ), por lo que concurre jurisdicción española sobre el delito de falsedad documental. EJEMPLO: ACCIDENTE LABORAL INTERNACIONAL CON TRABAJADORA ESPAÑOLA Una empleada de nacionalidad española sufre un grave accidente de tráfico laboral en Namibia conduciendo un vehículo corporativo de una mercantil domiciliada allí, cuyo capital pertenece en su gran mayoría a inversores locales y en una mínima fracción a españoles. Los tribunales penales españoles carecen de jurisdicción bajo el principio de personalidad activa si el responsable directo de la seguridad es foráneo, pues la nacionalidad española de la víctima no abre el fuero del art. 23.2 LOPJ.

Solo podría plantearse conexión si cupiera imputar a la persona jurídica bajo las reglas de responsabilidad corporativa con base en administradores de nacionalidad española. COMPRUEBA 22 ¿Qué tres condiciones simultáneas exige el art. 23.2 LOPJ para juzgar a un español por un delito cometido fuera de España? 3. El principio de justicia universal y su delimitación (art. 23.4 LOPJ) El principio de justicia universal persigue que los crímenes más atroces contra la comunidad internacional —como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o el terrorismo— no queden en la impunidad ante la inacción de los tribunales locales.

Su evolución jurídica ha atravesado tres etapas esenciales: Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 15 PROCESO Evolución histórica de la justicia universal 1 Fase ini cial ad hoc Organizaciones públi cas o privadas juzgan sin imparcialidad estatal 2 Asunción estatal amplia Los Estados asumen el fuero universal ge nerando roces de soberanía 3 Corte Pe nal Internacional Creación del Tribunal de La Haya sujeta a ratificación 4 Restric ción legal 2014 España exige presen cia en territorio y co nexiones taxativas La reforma de 2014 sobre el art. 23.4 LOPJ transformó radicalmente este principio, limitando su ejercicio a supuestos en los que concurran vínculos estrechos con España.

Para que los tribunales españoles asuman el conocimiento se requiere de forma transversal: Junto a estos requisitos generales, el legislador incorporó exigencias adicionales y específicas según el tipo delictivo: en piratería marítima se exige que el autor o el barco sean españoles; en tráfico de drogas, que el reo ostente nacionalidad española; en aviación civil bastan los requisitos generales; y en crímenes de genocidio o conflictos armados se demanda que el autor sea español, resida habitualmente en España o se halle en territorio español sin haber sido extraditado.

EJEMPLO: INTERCEPTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN AGUAS INTERNACIONALES El Servicio de Vigilancia Aduanera apresa en aguas internacionales una embarcación con bandera de conveniencia extranjera tripulada íntegramente por ciudadanos no españoles que transporta un cargamento de hachís. Los tribunales españoles carecen de jurisdicción penal ordinaria para enjuiciar el hecho al no haberse cometido en territorio nacional ni concurrir el requisito de nacionalidad española de los tripulantes establecido restrictivamente por el art. 23.4 LOPJ para el narcotráfico universal. 4.

Desafíos de la jurisdicción en los delitos informáticos La ciberdelincuencia tensiona los principios clásicos de soberanía penal territorial. Al perpetrarse conductas delictivas a través de redes globales y servidores remotos, se suscitan graves dificultades procesales: Problema procesal Manifestación práctica Consecuencia procesal Principio de ubicuidad El delito se ejecuta simultáneamente en múltiples puntos geográficos (origen, tránsito y efectos). Conflictos positivos de jurisdicción entre Estados soberanos para declararse competentes. Que el sospechoso o investigado se encuentre físicamente en territorio nacional y no se haya concedido su extradición.

1 Que no exista litispendencia internacional; esto es, que ningún tribunal internacional ni órgano judicial del país de comisión o de nacionalidad del autor haya iniciado un procedimiento penal efectivo sobre los mismos hechos. 2 Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 16 Problema procesal Manifestación práctica Consecuencia procesal Aseguramiento de vestigios Dificultad de recolección de indicios digitales volátiles alojados en servidores extranjeros. Riesgo de destrucción probatoria y necesidad de auxilio judicial internacional urgente. Riesgo de bis in idem Incoación simultánea de procesos en distintos países por la misma acción telemática global.

Pronunciamientos contradictorios o duplicidad injustificada de sanciones punitivas. COMPRUEBA 23 ¿Por qué la reforma de 2014 impidió que España investigue cualquier tráfico de drogas interceptado en alta mar? 5. Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal (arts. 3 a 7 LECrim) Durante la sustanciación de la causa penal pueden surgir controversias jurídicas pertenecientes a ramas no penales (civil, laboral o administrativa) que condicionan inexcusablemente el fallo. Se trata de las cuestiones prejudiciales, reguladas en los arts. 3 a 7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

El criterio nuclear de clasificación atiende a qué órgano resuelve la controversia y qué eficacia produce el pronunciamiento: Tipo de cuestión prejudicial Órgano que la resuelve Materia característica Efecto de cosa juzgada Devolutiva (art. 4 y 5 LECrim) Se remite al juez del orden jurisdiccional competente (civil, contencioso o social). Determinante para la culpabilidad o inocencia: validez del matrimonio y estado civil (art. 5 LECrim). Eficacia prejudicial vinculante y plena de cosa juzgada material en todo procedimiento futuro. No devolutiva (art. 6 LECrim) La conoce y resuelve incidentalmente el propio juez o tribunal penal.

Cuestiones civiles accesorias: acreditación documental de titularidad de dominio o derecho real litigioso. Eficacia limitada exclusivamente a la resolución de esa concreta causa penal, sin fuerza vinculante civil posterior. EJEMPLO: BIGAMIA FRENTE A TALA INDEBIDA Si en un proceso por presunta bigamia se debate la validez matrimonial del primer enlace, surge una cuestión prejudicial devolutiva de estado civil (art. 5 LECrim) que debe resolver el juzgado civil competente, paralizando el proceso penal hasta su pronunciamiento con plenos efectos de cosa juzgada.

En cambio, si se acusa a un individuo de sustraer o talar árboles y se controvierte la propiedad de la finca mediante escrituras, se trata de una cuestión no devolutiva sobre derechos reales (art. 6 LECrim) que el juez penal solventa exclusivamente para decidir el pleito penal.

Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 17 Procesalmente, las cuestiones prejudiciales se suscitan preferentemente durante la fase de instrucción, aunque pueden plantearse como cuestiones previas en el trámite preliminar del procedimiento abreviado o a través de los artículos de previo pronunciamiento (véase «Los procedimientos penales ordinario, abreviado, rápido y de jurado») en el procedimiento ordinario, posibilitando la suspensión provisional del juicio oral para la práctica de alegaciones oportunas. IDEAS CLAVE La jurisdicción penal expresa el poder exclusivo del Estado derivado del monopolio del ius puniendi.

El principio de territorialidad se extiende a los buques y aeronaves españoles mediante el principio de pabellón. El principio de personalidad activa exige simultáneamente doble incriminación, ausencia de non bis in idem y querella de parte legitimada, sin que baste la nacionalidad española de la víctima. La reforma de 2014 limitó la justicia universal exigiendo presencia del autor en España, ausencia de litispendencia y vínculos específicos según el delito. Las cuestiones prejudiciales devolutivas de estado civil suspenden el proceso penal, las resuelve el juez civil y generan cosa juzgada material vinculante. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 24.

¿Qué consecuencia procesal tiene que una cuestión prejudicial sea declarada devolutiva según el art. 5 LECrim? 25. ¿Puede un juez penal español juzgar a un extranjero que cometió un delito en el exterior por el solo hecho de que la víctima sea española? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 26. ¿En qué consiste el principio de pabellón según el art. 23.1 LOPJ? 27. ¿Cuál de estos presupuestos NO es exigible en el principio de personalidad activa?

Enjuiciamiento universal de cualquier embarcación internacional a) Jurisdicción sobre buques y aeronaves de bandera española b) Atribución de competencia exclusiva a los puertos peninsulares c) Inmunidad judicial de los diplomáticos en naves extranjeras d) Que el Ministerio Fiscal o agraviado se querellen a) Que concurra la doble incriminación b) Que la víctima tenga nacionalidad española c) Que no haya recaído sentencia firme previa d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 18 28. ¿Qué caracteriza a las cuestiones prejudiciales devolutivas del art. 5 LECrim? 29. ¿Qué exigencia transversal introdujo la reforma de 2014 para la jurisdicción universal?

4 Competencia objetiva, funcional y territorial de los tribunales penales AL ACABAR SABRÁS Diferenciar la competencia objetiva y funcional ordinaria según las penas privativas y no privativas de libertad. Identificar las materias reservadas a la Audiencia Nacional y el itinerario por sus órganos centrales. Explicar el régimen de los aforamientos y su carácter legal irrenunciable. Determinar el fuero territorial competente en supuestos ordinarios, subsidiarios y de conexidad delictiva. PIÉNSALO ANTES DE LEER 30 ¿Por qué un delito sancionado con 5 años exactos de prisión no es enjuiciado por la Audiencia Provincial?

Competencia objetiva y funcional ordinaria La competencia objetiva señala qué órgano judicial debe conocer en primera instancia sobre unos hechos según el delito imputado y la gravedad abstracta de su pena. Por su parte, la competencia funcional determina qué tribunal asume cada una de las fases procesales sucesivas: la fase instructora (véase «La instrucción penal: concepto, plazos e iniciación»), el juicio oral, la resolución de recursos ordinarios y la casación. El criterio ordinario opera de forma supletoria en defecto de reglas especiales.

Se articula a partir de la pena máxima que la norma prevé para el delito: Delitos con pena privativa de libertad superior a 5 años (o penas de otra naturaleza que superen los 10 años): la instrucción corresponde al Juzgado de Instrucción; el enjuiciamiento en primera Versan únicamente sobre la posesión de fincas rústicas a) Son resueltas por el propio juez penal b) Nunca producen efectos de cosa juzgada material c) Las resuelve el juez civil con efectos vinculantes d) Nacionalidad española de todas las personas perjudicadas a) Aprobación previa vinculante por el Tribunal Constitucional b) Acusación formal impulsada por un organismo internacional c) Presencia del sospechoso en España y no extradición d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 19 instancia recae sobre la Audiencia Provincial; de la apelación conoce la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); el recurso de casación penal (véase «Los medios de impugnación: resoluciones interlocutorias, definitivas y revisión») compete a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 5 años (incluidos exactamente los 5 años) o penas de distinta clase de hasta 10 años: la instrucción atañe al Juzgado de Instrucción; el juicio oral se celebra ante el Juzgado de lo Penal; la apelación la resuelve la Audiencia Provincial; el recurso de casación penal corresponde al Tribunal Supremo. Delitos leves: tanto el enjuiciamiento como el fallo corresponden al Juzgado de Instrucción, sustanciándose la apelación ante la Audiencia Provincial.

Gravedad abstracta de la pena Fase de instrucción Fase de juicio oral Recurso de apelación Recurso de casación Pena de prisión superior a 5 años (o > 10 años otra naturaleza) Juzgado de Instrucción Audiencia Provincial Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Tribunal Supremo (Sala Segunda) Pena de prisión de hasta 5 años (o 10 años otra naturaleza) Juzgado de Instrucción Juzgado de lo Penal Audiencia Provincial Tribunal Supremo (Sala Segunda) Delitos leves — Juzgado de Instrucción Audiencia Provincial — COMPRUEBA 31 ¿Qué tribunal ordinario enjuicia un hecho ilícito conminado con exactamente cinco años de prisión?

La Audiencia Nacional y sus órganos centrales La Audiencia Nacional es un órgano centralizado y especializado con sede en Madrid. No constituye un único tribunal unipersonal, sino una corporación con salas penales, laborales y contencioso- administrativas. Su trayectoria histórica se remonta al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo en los años cuarenta, transformado posteriormente en el Tribunal de Orden Público. En el año 1977 se implantó bajo su denominación actual, muy ligada a la persecución de los delitos de terrorismo. Su demarcación penal atiende a un catálogo tasado y privativo recogido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Comprende ilícitos contra la Corona, falsificación de moneda, defraudaciones complejas, tráfico de sustancias estupefacientes que desborde el ámbito territorial de una sola provincia, delitos internacionales cometidos en el extranjero bajo jurisdicción española (por ejemplo, sobornos o comisiones en redes de corrupción internacional) y causas terroristas.

El despliegue de sus fases procesales replica la división de umbrales ordinarios: Penas superiores a 5 años de prisión (o más de 10 años de otra naturaleza): la instrucción corresponde al Juzgado Central de Instrucción; el juicio oral a la Sala de lo Penal de la Audiencia Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 20 Nacional; el recurso de apelación a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional; la casación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Penas privativas de libertad de hasta 5 años (o penas no privativas de hasta 10 años): instruye el Juzgado Central de Instrucción; enjuicia el Juzgado Central de lo Penal; apela la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; de la casación conoce el Tribunal Supremo.

PROCESO Itinerario competencial de delitos graves ordinarios 1 Juzgado de Instrucción Práctica de diligen cias de investigación preliminares 2 Audiencia Provincial Juicio oral y sentencia para penas superiores a cinco años 3 Tribunal Superior de Justi cia Resolución del re curso ordinario de apelación 4 Tribunal Supremo Sala Segunda resolu toria del recurso de casación penal Órganos penales especiales y específicos El ordenamiento procesal reserva materias concretas o sujetos protegidos a órganos de configuración especial: El Tribunal del Jurado El modelo legal español acoge la fórmula del jurado puro, compuesto por ciudadanos legos en derecho que emiten el veredicto sobre la culpabilidad.

Difiere del jurado escabinado, integrado conjuntamente por legos y magistrados técnicos. Su ámbito abarca delitos contra la vida independiente (homicidio y asesinato), la libertad, el honor, la intimidad y el medio ambiente. La instrucción la practica el Juzgado de Instrucción ordinario; el enjuiciamiento se celebra en la Audiencia Provincial mediante la constitución del tribunal colegiado con jurado; la apelación se tramita ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ; la casación recae en el Tribunal Supremo. Juzgados de Menores La Ley Orgánica 5/2000 regula los hechos típicos cometidos por personas con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años.

A los menores de catorce años no se les somete al proceso penal de menores ni se les imputan estas sanciones procesales. En el procedimiento ordinario de menores, la instrucción corresponde directamente al Ministerio Fiscal; el juicio se celebra ante el Juzgado de Menores; la apelación la resuelve la Audiencia Provincial; la casación la examina el Tribunal Supremo. Si el delito estuviera tasado en el artículo 65 LOPJ para la Audiencia Nacional y su autor tuviera entre 14 y 17 años, instruye el Ministerio Fiscal, juzga el Juzgado Central de Menores, apela la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y conoce en casación el Tribunal Supremo.

Juzgados de Violencia sobre la Mujer Estos juzgados asumen una competencia objetiva mixta en el partido judicial. En el ámbito penal concentran la instrucción de aquellos ilícitos violentos o con intimidación ejecutados por quien sea o haya sido cónyuge o pareja sentimental de la víctima (así como la resolución de delitos conexos Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 21 vinculados al maltrato habitual o amenazas). El juicio oral y la condena final se remiten al órgano sentenciador que corresponda por la pena (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial), salvo en supuestos de delitos leves autorizados por ley.

ERROR FRECUENTE Confundir la fase de instrucción con la de enjuiciamiento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En delitos graves o menos graves de violencia de género, estos juzgados solo instruyen la causa. El enjuiciamiento y el dictado de la sentencia definitiva corresponden al Juzgado de lo Penal (si la pena de prisión no excede de 5 años) o a la Audiencia Provincial (o Tribunal del Jurado según el tipo delictivo), nunca al propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer. COMPRUEBA 32 ¿Quién asume la fase de investigación cuando un joven de 16 años comete un delito de falsificación de moneda de trascendencia nacional?

El aforamiento procesal y su régimen El aforamiento es la atribución de competencia penal a favor de un órgano judicial de superior jerarquía objetiva por razón del cargo público o la función institucional que desempeña el investigado. Su justificación teleológica estriba en evitar que denuncias o querellas espurias persigan obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas. No supone un privilegio sustantivo ni personal, aunque genera debate doctrinal respecto al principio constitucional de igualdad procesal. La distribución competencial de aforados se articula en la LOPJ: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Sala Segunda, arts.

55 y 57.1 LOPJ): asume la instrucción y fallo de las causas contra el Presidente del Gobierno, miembros del Consejo de Ministros, Diputados, Senadores, presidentes de Comunidades Autónomas, Presidente del Tribunal Supremo, y magistrados del Tribunal Constitucional o de la propia Audiencia Nacional. Para salvaguardar la debida imparcialidad, se designa a un magistrado de la Sala como instructor, quien queda vetado para formar parte del tribunal enjuiciador. Sala Especial del Tribunal Supremo (art. 61.1 LOPJ): conoce de las responsabilidades penales exigidas frente a los presidentes de Sala o a los magistrados de una Sala del Tribunal Supremo.

Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ): enjuicia los delitos imputados a jueces, magistrados y representantes autonómicos cuyo fuero quede circunscrito a dicho tribunal dentro del territorio autonómico. El régimen del aforamiento es de estricto orden público e irrenunciable. La persona afectada no puede renunciar a él en favor de los tribunales de base mientras ostente el cargo. Del mismo modo, cesada la condición o función institucional de la que dimana la prerrogativa, decae la competencia sobrevenida del tribunal superior y los hechos pendientes revierten a los órganos jurisdiccionales ordinarios, salvo que ya se hubiera acordado la apertura de juicio oral.

Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 22 Competencia territorial: fueros preferentes y subsidiarios La competencia territorial designa qué órgano concreto, dentro de una misma categoría jerárquica y objetiva, debe conocer de la causa según el espacio físico donde ocurren los hechos. La regla general y preferente la marca el principio del locus comissi delicti (lugar de comisión del delito). Su fundamentación reside en la mayor cercanía física a las fuentes de prueba y a la víctima.

Para delimitar dónde se entiende consumado o ejecutado el hecho punible concurren tres teorías dogmáticas: Cuando el lugar de consumación resulta desconocido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija cuatro fueros subsidiarios mediante un orden de prelación sucesivo y excluyente: Si durante el curso de la fase instructora afloran vestigios o pruebas inequívocas que revelen el verdadero lugar de comisión, la competencia territorial de los fueros subsidiarios decae y la causa se remite de inmediato al juez del lugar del delito.

COMPRUEBA 33 Si un estafador actúa emitiendo órdenes desde Sevilla pero la víctima sufre el despojo patrimonial en Zaragoza y no se incoó el procedimiento, ¿qué fuero prevalece? Competencia territorial en delitos conexos (arts. 17 y 18 LECrim) El artículo 17 de la LECrim delimita qué conductas guardan un nexo objetivo o subjetivo que amerita su tramitación conjunta. Se consideran delitos conexos: Los ejecutados simultáneamente por dos o más personas concertadas. Los perpetrados por distintos individuos en diferentes tiempos y lugares si mediase concierto o acuerdo previo. Los cometidos como medio causal directo para consumar otros delitos o facilitar su desarrollo.

Los ejecutados para procurar la impunidad de otras infracciones. Los tipos de favorecimiento real, personal y de blanqueo de capitales respecto a su delito antecedente. Teoría de la actividad o de la acción: sitúa la comisión en el lugar geográfico exacto en que el autor despliega sus actos ejecutivos o exterioriza la conducta delictiva. 1 Teoría del resultado: atiende de forma exclusiva al territorio en el que emergen los efectos lesivos, el menoscabo material o la consumación del tipo.

2 Teoría de la ubicuidad: postura consolidada por la jurisprudencia penal, que atribuye competencia territorial indistintamente al partido judicial donde se realizó la acción o a aquel donde fructificó el resultado típico. 3 Lugar de aparición de los vestigios o vestigios materiales del hecho delictivo. 1 Lugar de detención del presunto responsable. 2 Lugar de residencia habitual del imputado. 3 Lugar donde se haya formalizado la primera denuncia o querella. 4 Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 23 Los hechos lesivos o daños recíprocos derivados de un mismo enfrentamiento físico.

Cuando los delitos conexos acontecen en partidos judiciales dispares, la competencia territorial se resuelve conforme al orden de prelación del artículo 18 de la LECrim: Existe una salvedad específica: si dos o más personas actúan previo concierto en diferentes territorios pertenecientes a una misma provincia, conocerá de todas las causas acumuladas el juzgado del partido donde radique la sede de la Audiencia Provincial, siempre que al menos uno de los delitos se haya ejecutado en dicho partido judicial. Con la reforma procesal del año 2015 sobre el artículo 17 LECrim, se introdujo un límite estricto a la acumulación por conexidad.

Si la instrucción acumulada acarrea una excesiva complejidad organizativa o dilaciones indebidas por concurrir demasiados hechos o partícipes, el juez ordenará la tramitación separada de cada ilícito. PROCESO Prelación territorial en delitos conexos (art. 18 LECrim) 1 Delito más grave Territorio donde se perpetró el ilícito con mayor pena 2 Primer juzgado ac tuante Si las penas conminadas tienen idéntica gravedad 3 Designación supe rior Decisión de Audiencia o Tribunal Supremo en empate Impugnación de la jurisdicción y la competencia La atribución de la competencia penal es improrrogable y de orden público.

Por ello, constituye una potestad controlable de oficio: el propio juez o tribunal debe examinar su competencia en cualquier momento del procedimiento e inhibirse si estima que carece de ella. Asimismo, pueden suscitarse discrepancias entre órganos judiciales: Conflicto positivo de competencia: ocurre cuando dos juzgados sostienen simultáneamente que son competentes para investigar o juzgar el mismo hecho. Conflicto negativo de competencia: acaece cuando ninguno de los dos órganos judiciales acepta asumir la instrucción o el fallo por declararse ambos incompetentes. En estas colisiones prima el fuero común y la competencia ordinaria sobre los fueros especiales.

En ambos supuestos, la discrepancia debe ser zanjada por el órgano judicial superior jerárquico común a los dos tribunales en pugna. A instancia de parte, los litigantes disponen de vías procesales específicas: la vía de la declinatoria, la inhibición formal, o la reclamación directa ante el superior jerárquico durante el curso de la fase instructora. El juzgado del partido donde se hubiere cometido la infracción penada con mayor gravedad. 1 El órgano que primero hubiese comenzado la causa, siempre que los delitos estén castigados con idéntica penalidad.

2 El juzgado que designe la Audiencia de lo criminal (o el Tribunal Supremo), si las actuaciones se hubiesen iniciado de forma coetánea o no constase cuál empezó antes. 3 Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 24 COMPRUEBA 34 ¿Cómo se dirime un conflicto de competencia negativo suscitado entre dos Juzgados de Instrucción de la misma provincia? IDEAS CLAVE La competencia objetiva penal distribuye el enjuiciamiento entre los Juzgados de lo Penal (penas privativas de hasta 5 años o no privativas de hasta 10 años) y las Audiencias Provinciales (penas superiores a tales umbrales).

La Audiencia Nacional y sus órganos centrales asumen con carácter privativo las materias del artículo 65 LOPJ, tales como terrorismo, delitos contra la Corona o delincuencia organizada y transnacional. El Tribunal del Jurado se organiza según el modelo puro de ciudadanos legos, enjuiciando en el ámbito de la Audiencia Provincial tipos delictivos tasados como homicidios consumados. El aforamiento atribuye la causa a tribunales superiores (Sala Segunda del TS o TSJ) para salvaguardar la función pública, siendo una prerrogativa estrictamente irrenunciable que decae al cesar en el cargo.

El fuero territorial nuclear es el locus comissi delicti, auxiliado por los cuatro fueros subsidiarios del artículo 15 LECrim (vestigios, detención, residencia y denuncia) y las reglas de conexidad del artículo 18 LECrim limitadas por la reforma de 2015. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 35. ¿Por qué un investigado aforado no puede declinar voluntariamente el conocimiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para ser enjuiciado en un Juzgado de lo Penal? 36. ¿Qué juzgado es competente territorialmente cuando se cometen varios delitos conexos de distinta pena en distintos partidos judiciales? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 37.

¿A qué órgano ordinario corresponde dictar sentencia en un delito penado con 7 años de prisión? 38. ¿Qué modelo de jurado rige en el ordenamiento procesal penal español? Juzgado de Instrucción a) Audiencia Provincial b) Sala de lo Penal del TSJ c) Juzgado de lo Penal d) Jurado escabinado a) Comisión técnica de juristas b) Jurado puro de legos c) Jurado arbitral mixto d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 25 39. ¿Cuál es el primer fuero territorial subsidiario si se desconoce el lugar de comisión? 40. ¿Qué modificación impuso la reforma de 2015 respecto a los delitos conexos?

5 Las partes en el proceso penal: acusación y defensa AL ACABAR SABRÁS Diferenciar las funciones del Ministerio Fiscal de las atribuidas a la Policía Judicial en la instrucción preliminar Distinguir procesalmente la acusación particular de la acción popular aplicando las doctrinas jurisprudenciales Botín y Atutxa Identificar los presupuestos de imputabilidad del encausado físico y el régimen de imputación de las personas jurídicas Clasificar las distintas categorías de responsables civiles e individualizar el régimen jurídico del partícipe a título lucrativo PIÉNSALO ANTES DE LEER 41 ¿Puede un ciudadano sin relación alguna con un delito forzar que se celebre un juicio oral si la propia víctima y la Fiscalía piden archivar la causa?

El proceso penal se estructura sobre la confrontación dialéctica entre dos posiciones procesales contrapuestas: la parte que ejercita la acción penal y civil, y la parte frente a la cual se dirigen dichas pretensiones. Lugar donde aparezcan vestigios a) Lugar de detención del culpable b) Domicilio del querellante c) Lugar del primer atestado d) Fijar el archivo por conexidad a) Evitar acumulación si añade complejidad b) Prohibir toda instrucción separada c) Excluir al Ministerio Fiscal d) Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 26 ESQUEMA Estructura de las partes en el proceso penal 1.

El Ministerio Fiscal y el auxilio de la Policía Judicial El Ministerio Fiscal encuentra sus raíces históricas en la legislación francesa del siglo XIX. Su intervención persigue un doble propósito institucional: asegurar el principio de dualidad de partes y salvaguardar la imparcialidad del juzgador. Al no formar parte del poder judicial sino vincularse al poder ejecutivo, su misión se desmarca de la función estrictamente juzgadora. El fiscal vela por el exacto cumplimiento de la ley bajo pautas de objetividad y ecuanimidad; por ello, no ostenta una obligación incondicional de sostener la acusación.

Aunque formule cargos al abrirse el debate, la práctica de la prueba puede conducirlo a solicitar legítimamente la absolución.

Partes acusadoras Promueven pretensión punitiva y civil Ministerio Fiscal Defensa de legalidad y ecuanimidad Acusación particular Víctima directa e indirecta Acusación popular Cualquier ciudadano mediante querella Actor civil Solo persigue la indemnización Partes pasivas Soportan las pretensiones procesales Investigado o reo Persona física o jurídica imputada Responsables civiles Obligados a reparar el daño Responsable civil directo Autor, aseguradoras y supuestos eximentes Responsable subsidiario Garante en defecto de insolvencia Partícipe lucrativo Responde hasta el límite del beneficio Derecho Procesal Penal: Apuntes y Guía de Estudio 27 En el marco instructorio previo a la intervención del juez, entran en juego las diligencias de fiscalía reguladas en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Cuando el Ministerio Fiscal recibe la notitia criminis sobre hechos con apariencia de delito, ostenta la facultad de incoar una investigación preliminar. En ella puede ordenar actuaciones de oficio o delegarlas en la policía judicial. Ahora bien, esta potestad decae inmediatamente en el instante en que el juzgado de instrucción asume formalmente el conocimiento de la causa, debiendo cesar el fiscal en sus actuaciones y remitir lo practicado.

En el plano comunitario, la Fiscalía Europea, designada en octubre de 2019 con fundamento en el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollada reglamentariamente, asume la competencia sobre infracciones transfronterizas que lesionen los intereses financieros de la Unión (como fraudes de subvenciones, corrupción y blanqueo de capitales que…