Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho)

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APUNTES DERECHO PROCESAL PENAL Grado en Derecho Universidad de Barcelona AprenAI 2026-2027 Apuntes completos de Derecho Procesal Penal: principios, jurisdicción, instrucción, medidas cautelares, juicio oral, sentencias y recursos para el examen.

APREN.AI Índice 1 Sistemas y principios del proceso penal — Modelos procesales y principios informadores Modelos procesales penales: inquisitivo, acusatorio y mixto Principios de la jurisdicción penal: necesidad, legalidad y oportunidad Oficialidad frente a dispositivo, y aportación de parte frente a principio inquisitivo Régimen de perseguibilidad de las infracciones y eficacia del perdón Fuentes normativas del Derecho Procesal Penal 2 El objeto del proceso penal — Pretensión punitiva, imputación y acción civil acumulada Elementos y delimitación del objeto del proceso penal Evolución gradual de la imputación judicial y estándares de convicción Extinción del objeto penal La pretensión de resarcimiento o acción civil acumulada Contenido y cuantificación de la responsabilidad civil derivada del delito Causas de extinción de la acción civil y efectos de la sentencia penal 3 Jurisdicción y competencia — Criterios atributivos y cuestiones prejudiciales Límites internacionales de la jurisdicción penal española Cuestiones prejudiciales en el proceso penal Esquema orgánico y competencia objetiva Especialidades por razón de la persona: aforamientos, menores y fuero militar Competencia territorial y conexión delictiva Impugnación competencial y resolución de conflictos 4 Sujetos del proceso penal — Acusación, defensa y terceros responsables 1.

El órgano juzgador: juzgados, tribunales y Tribunal del Jurado 2. El Ministerio Fiscal y la Policía Judicial 3. Las partes acusadoras y el actor civil 4. La parte acusada y la responsabilidad civil derivada del delito 5 El estatuto del justiciable — Derechos fundamentales del reo e investigado Garantías activas del derecho de defensa (artículo 118 LECrim) Tutela frente a tratos degradantes y garantías del detenido (artículo 520 LECrim) 6 La instrucción penal — Naturaleza, garantías, duración e incoación 1. Concepto, finalidad y naturaleza jurídica de la instrucción 2. Instrucción y restricción de derechos fundamentales 3. Publicidad, reserva y el secreto de sumario 4.

Duración de la fase de instrucción: el régimen del artículo 324 LECrim Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 1 5. Situación procesal del investigado: comparecencia y juicio en ausencia 6. Modos de incoación de la instrucción penal 7 Diligencias de investigación — Medidas restrictivas y diligencias ordinarias 1. Reconocimiento de personas: identificación fotográfica y en rueda 2. Medidas de investigación tecnológica en espacios públicos 3. Medidas restrictivas sobre correspondencia y soportes informáticos 4. Entrada y registro en lugar cerrado, libros y papeles 5. Diligencias ordinarias de instrucción, inspección ocular y medicina forense 6.

Cadena de custodia y resolución formal de imputación 8 Ausencia del investigado y cooperación internacional — De la requisitoria a la euroorden La requisitoria judicial y la declaración de rebeldía Régimen de la extradición activa en la LECrim La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) Extradición pasiva en el ordenamiento español 9 Medidas cautelares penales — Medidas personales, reales y privación de libertad Naturaleza, caracteres y presupuestos materiales Medidas restrictivas de menor intensidad: citación y libertad provisional La detención preventiva y el procedimiento de habeas corpus La prisión provisional: presupuestos, modalidades y temporalidad Medidas cautelares patrimoniales o reales 10 La fase intermedia del proceso penal — Sobreseimiento, acusación y conformidad 1.

Función depuradora y competencia orgánica 2. El sobreseimiento de la causa (art. 634 LECrim) 3. Acusación, apertura del juicio y defensa 4.

La institución de la conformidad procesal 11 El juicio oral — Principios rectores, cuestiones previas y calificación Preparación del juicio oral y señalamiento de la vista Cuestiones previas o artículos de previo pronunciamiento Principios rectores del plenario Valor probatorio de las actuaciones de instrucción Desarrollo del juicio oral: conclusiones definitivas y trámites finales Suspensión e interrupción de la vista oral 12 La prueba en el proceso penal — Medios probatorios, ilicitud y tesis de desvinculación Presupuestos de validez y garantías de la actividad probatoria Presunción de inocencia, carga probatoria y valoración judicial Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 2 Régimen de la prueba ilícita Medios de prueba en el juicio oral e iniciativa del tribunal La tesis de desvinculación jurídica del tribunal (art.

733 LECrim) 13 La sentencia penal y la cosa juzgada — Estructura, motivación, congruencia y costas 1. Concepto, clases y modalidades formales de las sentencias penales 2. Deber constitucional de motivación fáctica y jurídica: métodos de formación 3. Principio de congruencia procesal y correlación entre acusación y fallo 4. La cosa juzgada en el proceso penal: vertientes formal y material 5. Eficacia prejudicial entre el orden penal y el orden civil 6. Régimen de concurrencia sancionadora con la vía administrativa 7. Gastos y costas procesales en el proceso penal 14 El sistema de recursos penales — Garantías de impugnación y recursos ordinarios 1.

El derecho al recurso y la exigencia de la doble instancia penal 2. Efectos generales derivados de la interposición de recursos 3. La prohibición de la reformatio in peius 4. Recursos no devolutivos: reforma y súplica 5. Recursos contra resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia 6. El recurso de queja 7. El recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias 8.

El recurso de apelación contra sentencias 15 Recursos extraordinarios y revisión — El recurso de casación y la revisión de sentencias Naturaleza, efectos y resoluciones recurribles en casación Motivos tasados de casación penal Procedimiento casacional: fases, inadmisión y decisión La acción de revisión de sentencias firmes 16 Procedimientos penales y ejecución — Procesos especiales y cumplimiento de resoluciones 1. Clasificación general de los procedimientos penales por umbral de pena 2. Especialidades por razón de la materia y procedimientos especiales 3.

Principios y ejecución de la sentencia penal 17 Resumen para repasar Sistemas y principios del proceso penal Objeto del proceso y pretensión de resarcimiento Jurisdicción y competencia penal Sujetos procesales y derechos del justiciable Instrucción y medidas cautelares Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 3 Fase intermedia, juicio oral y prueba Sentencia, recursos y cosa juzgada Soluciones de las preguntas de repaso Estos apuntes pueden contener errores u omisiones. Son un material de apoyo y no sustituyen al temario oficial ni al profesorado: contrasta la información importante.

Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 4 1 Sistemas y principios del proceso penal — Modelos procesales y principios informadores AL ACABAR SABRÁS Diferenciar los rasgos estructurales de los sistemas inquisitivo, acusatorio y mixto. Distinguir el alcance del principio acusatorio frente al principio dispositivo y de oficialidad. Clasificar los tipos delictivos según su régimen procesal de perseguibilidad y la relevancia jurídica del perdón. Identificar las fuentes normativas y jurisprudenciales del enjuiciamiento penal español.

PIÉNSALO ANTES DE LEER 1 ¿Por qué un juez penal no puede investigar un delito e imponer la condena en ese mismo procedimiento sin vulnerar garantías esenciales? El enjuiciamiento criminal responde a diferentes formas de concebir el poder punitivo del Estado y los derechos del justiciable. ESQUEMA Estructura general de los sistemas y principios penales Modelos procesales penales: inquisitivo, acusatorio y mixto A lo largo de la historia procesal, la configuración de la persecución del delito ha oscilado entre dos paradigmas principales y su posterior síntesis. El sistema inquisitivo concentra en una única figura las funciones de investigar, acusar y juzgar.

Su objetivo esencial consiste en maximizar la eficacia en el esclarecimiento de los hechos delictivos con carácter previo a oír al sospechoso. Sin embargo, esta concentración suprime la imparcialidad del juzgador: el mismo juez que busca indicios de criminalidad es quien finalmente decide la culpabilidad, reduciendo notablemente la utilidad real del trámite de defensa del procesado.

Modelos procesales Inquisitivo, acusatorio y mixto Principios informadores Oficialidad, oportunidad, aportación Clases de delitos Públicos, semipúblicos, privados Fuentes normativas LECrim, CE y normas supranacionales Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 5 Por contraposición, el sistema acusatorio exige una nítida separación orgánica e institucional entre el acusador y el juez. Este esquema garantiza de forma efectiva la neutralidad del tribunal. Asimismo, confiere a las partes enfrentadas una plena igualdad de armas procesal. El sistema mixto surge históricamente para combinar las ventajas de ambos modelos.

En el derecho comparado, como ocurrió en el modelo francés, la acusación y la investigación se asignaron primariamente al Ministerio Fiscal con el auxilio de la policía judicial, si bien la labor investigadora fue asumida por los jueces de instrucción bajo supervisión e incoación a instancia de parte. En España, la fase de instrucción mantiene resabios inquisitivos. El juez instructor actúa con amplia iniciativa y formula una imputación judicial formal. En el procedimiento penal ordinario por delitos graves, esta imputación formal adopta la denominación de auto de procesamiento conforme al art.

384 LECrim (véase «El objeto del proceso penal — Pretensión punitiva, imputación y acción civil acumulada»). Lejos de ser una merma, esta resolución permite materializar el derecho a ser informado de la imputación y articular la defensa técnica. COMPRUEBA 2 ¿Por qué el modelo inquisitivo puro lesiona gravemente el derecho de defensa del acusado?

Principios de la jurisdicción penal: necesidad, legalidad y oportunidad El ejercicio de la potestad punitiva se rige por principios propios que determinan el margen de actuación del Estado y de los particulares: Principio de necesidad: la aplicación de una pena privativa de libertad o sanción penal exige ineludiblemente la tramitación previa de un proceso judicial público y formal. Principio de legalidad: ante la comisión de un hecho aparentemente delictivo, los poderes públicos y los órganos judiciales están jurídicamente compelidos a incoar el proceso y aplicar la ley sin margen de discrecionalidad.

Principio de oportunidad: permite ponderar la conveniencia social de iniciar o continuar el proceso, habilitando acuerdos o salidas negociadas en supuestos tasados. Oficialidad frente a dispositivo, y aportación de parte frente a principio inquisitivo El principio de oficialidad impone que el proceso se inicie y desarrolle por iniciativa del Estado mediante sus tribunales y el Ministerio Fiscal, sin que los justiciables puedan sustituir la jurisdicción ordinaria ni disponer libremente del objeto litigioso.

Su antítesis es el principio dispositivo, propio del ámbito civil, donde el demandante decide si acude a los tribunales, pacta medios alternativos (mediación, transacción) o renuncia al pleito. Aunque tradicionalmente se identificaba a la jurisdicción penal con una oficialidad absoluta, existen matices contemporáneos. Influenciado por corrientes anglosajonas de negociación, nuestro ordenamiento admite transacciones punitivas entre fiscal y acusado mediante mecanismos de conformidad, así como el despliegue paulatino de la mediación penal, quedando absolutamente vetado el arbitraje.

Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 6 Por su parte, el principio de aportación de parte atribuye exclusivamente a los litigantes la carga de suministrar los hechos y proponer las pruebas. En contraste, bajo el principio inquisitivo, el órgano judicial posee iniciativa probatoria propia e introduce hechos de oficio.

En España, la intervención judicial oficiosa se manifiesta al acordar diligencias de investigación durante la instrucción y al acordar pruebas de oficio en el juicio oral, si bien ambas facultades se encuentran estrictamente acotadas: el juez instructor no puede fijar privaciones cautelares sin petición de parte acusadora, ni practicar prueba libremente si no existe una previa carencia en la proposición de las partes.

Criterio Principio de oficialidad Principio dispositivo Principio inquisitivo Aportación de parte Titularidad de la iniciativa El Estado (Juez / Ministerio Fiscal) Los litigantes particulares El órgano jurisdiccional de oficio Las partes personadas Disponibilidad del objeto Indisponible; no cabe arbitraje ni renuncia libre Plena renuncia, allanamiento o transacción Regido por la búsqueda de la verdad material Fijado por las pretensiones de los litigantes Actividad probatoria Interés público prioritario Subordinada a la voluntad privada Facultad judicial de acordar pruebas Proposición y práctica reservada a partes ERROR FRECUENTE No se debe confundir el principio acusatorio con el principio dispositivo.

El principio acusatorio alude a la necesaria separación de funciones procesales (quien acusa no puede ser quien juzga, preservando la imparcialidad). El principio dispositivo implica que las partes son dueñas del objeto del litigio y pueden renunciar a él o pactarlo. En el proceso penal rige el principio acusatorio, pero el objeto es fundamentalmente de carácter oficial e indisponible. COMPRUEBA 3 ¿En qué se diferencian el principio acusatorio y el principio dispositivo?

Régimen de perseguibilidad de las infracciones y eficacia del perdón El Código Penal clasifica las infracciones según tres factores procesales: si se persiguen de oficio o a instancia de parte, si precisan denuncia previa y si el perdón del ofendido produce efectos extintivos. Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 7 ESQUEMA Clasificación de los delitos según perseguibilidad Se diferencian cuatro categorías delictivas: COMPRUEBA 4 ¿Qué rasgo esencial distingue procesalmente a un delito semipúblico de uno semiprivado?

Delitos públicos De oficio, sin eficacia del perdón Delitos semipúblicos Previa denuncia; continúa de oficio Delitos semiprivados Previa denuncia; perdón eficaz Delitos privados Querella del ofendido; perdón eficaz Delitos públicos: perseguibles siempre de oficio por iniciativa del Ministerio Fiscal o la autoridad judicial. Integran la generalidad de infracciones penales y las de mayor gravedad social. El perdón del perjudicado carece de eficacia extintiva sobre la acción penal. 1 Delitos semipúblicos: exigen denuncia previa del ofendido como requisito de procedibilidad.

En víctimas menores de edad, incapaces o en situación de desvalimiento, el Ministerio Fiscal puede instar la persecución formal mediante querella. Una vez interpuesta la denuncia, el procedimiento continúa de oficio como si fuera un delito público. Esta clase comprende: agresiones, abusos y acoso sexual; homicidio por imprudencia menos grave; lesiones dolosas menos graves o causadas por imprudencia grave; reproducción asistida inconsentida; amenazas leves, coacciones y acoso leve (salvo violencia doméstica); injurias leves en ámbito doméstico; infracciones contra propiedad intelectual, industrial, libre mercado y consumidores; abandono de familia; y delitos societarios.

2 Delitos semiprivados: requieren también denuncia previa del ofendido o querella del fiscal en situaciones de minoría o desamparo. A diferencia de los semipúblicos, el perdón del ofendido extingue el proceso, reflejando el nulo interés del Estado en castigar el hecho si la víctima desiste (salvo que afecte a menores o incapaces, donde el perdón precisa homologación judicial previa audiencia del fiscal). Son supuestos tasados: descubrimiento y revelación de secretos (cuando no afecten al interés general ni a una colectividad) y daños por imprudencia grave con cuantía superior a 80.000 euros.

3 Delitos privados: solo se persiguen mediante querella del ofendido previa licencia del juez si deriva de un juicio. Se limitan a las injurias y calumnias entre particulares fuera de la violencia doméstica. El perdón de la víctima o su desistimiento tácito (inactividad procesal de la acusación durante diez días continuados) extingue por completo la responsabilidad penal. 4 Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 8 Fuentes normativas del Derecho Procesal Penal El marco regulador procesal penal dimana de diversas normas de rango legal, constitucional e internacional: Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim): constituye el cuerpo codificador básico del procedimiento.

A su articulado se añaden leyes procesales especiales, entre las que destacan la LO 5/1995 del Tribunal del Jurado, la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la LO 6/1984 reguladora del procedimiento de habeas corpus y la legislación de la jurisdicción militar (LO 4/1987 y LO 2/1989). Constitución Española y Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): la Carta Magna fija los derechos fundamentales nucleares (art. 24 CE, derecho a la tutela efectiva y presunción de inocencia), mientras que la LOPJ diseña la planta, facultades y competencias de los órganos judiciales.

Normativa de la Unión Europea: cuerpo normativo integrado en el ordenamiento nacional a través de decisiones marco, directivas, resoluciones del Consejo y reglamentos europeos orientados a la cooperación y a la unificación de garantías. Jurisprudencia: directrices doctrinales emanadas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como las resoluciones dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) e incluso precedentes doctrinales del Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos de influencia en garantías procesales.

IDEAS CLAVE El sistema inquisitivo reúne en un único órgano la investigación, acusación y juicio, mientras que el acusatorio las desdobla para asegurar la neutralidad y la igualdad procesal. El proceso penal español es formalmente mixto: conserva facultades investigadoras e instructoras en el juez y reserva el juicio oral al principio acusatorio contradictorio. El auto de procesamiento constituye la imputación judicial formal propia del procedimiento penal ordinario conforme al art. 384 LECrim. En la persecución penal rige con carácter general el principio de oficialidad, aunque atenuado contemporáneamente por la figura de la conformidad y la mediación penal.

Los delitos semiprivados y privados conceden eficacia extintiva al perdón del ofendido, a diferencia de lo que ocurre en los delitos públicos y semipúblicos. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 5. ¿Qué denominación procesal recibe la imputación formal judicial en el procedimiento ordinario por delitos graves? 6. ¿Bajo qué circunstancias puede el perdón del ofendido extinguir el proceso penal en los delitos semiprivados? 7. ¿Qué efecto procesal tiene la inactividad de la parte querellante durante diez días en los delitos estrictamente privados? Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 9 Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 8.

¿Cuál es la consecuencia primordial de concentrar investigación y juzgamiento en el sistema inquisitivo? 9. ¿Qué mecanismo alternativo está formalmente excluido del ordenamiento procesal penal español? 10. ¿Cuál de las siguientes infracciones constituye un delito privado perseguible sólo mediante querella? 11. ¿Qué ocurre tras formalizarse la denuncia en un delito semipúblico?

Desaparición formal del Ministerio Fiscal a) Ampliación del principio de contradicción procesal b) Pérdida casi total de imparcialidad del juzgador c) Atribución prioritaria de pruebas a la defensa d) El arbitraje en sede procesal a) La conformidad entre las partes b) La mediación penal intrajudicial c) La renuncia de acciones civiles d) Descubrimiento y revelación de secretos comunes a) Abandono voluntario de familia b) Daños imprudentes de más de 80.000 euros c) Injurias y calumnias entre particulares d) El proceso prosigue de oficio como público a) Requiere ratificación mediante querella privada posterior b) El tribunal deriva preceptivamente a arbitraje c) El perdón extingue de inmediato la acción d) Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 10 2 El objeto del proceso penal — Pretensión punitiva, imputación y acción civil acumulada AL ACABAR SABRÁS Distinguir la pretensión punitiva estatal de la pretensión civil resarcitoria acumulada en el juicio penal.

Identificar los distintos grados de imputación judicial y estándares probatorios exigidos en cada fase del proceso. Explicar el trámite de ofrecimiento de acciones del art. 109 LECrim y las consecuencias jurídicas de la reserva o renuncia. Determinar las causas de extinción de la responsabilidad civil y el impacto procesal de una absolución penal por inexistencia del hecho. PIÉNSALO ANTES DE LEER 12 ¿Queda la víctima sin posibilidad de reclamar una indemnización civil si el tribunal dicta una sentencia absolutoria penal?

El enjuiciamiento penal se articula en torno a dos objetos procesales diferenciados: la pretensión punitiva, de naturaleza pública e indisponible, y la pretensión de resarcimiento o acción civil acumulada, de carácter contingente y privado. Conocer sus dinámicas permite delimitar qué puede juzgar el tribunal y hasta dónde alcanza la resolución judicial. Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 11 ESQUEMA Estructura del objeto procesal penal Elementos y delimitación del objeto del proceso penal El objeto principal del enjuiciamiento criminal es la pretensión punitiva.

Esta consiste en la petición de imposición de una pena o medida de seguridad ante la comisión de una infracción penal tipificada. A diferencia del ámbito civil, el proceso penal español mantiene ciertos rasgos heredados del sistema inquisitivo formal en su etapa preliminar (véase «Sistemas y principios del proceso penal — Modelos procesales y principios informadores»). El propio juez instructor asume la delimitación de los hechos investigados y de los presuntos responsables mediante la imputación judicial formal. En el procedimiento penal ordinario por delitos graves, la imputación judicial formal adopta la denominación de auto de procesamiento conforme al art. 384 LECrim.

Esta resolución cumple una doble función esencial: fija el marco de la investigación y hace efectivo el derecho del encausado a ser informado de la acusación judicial (véase «El estatuto del justiciable — Derechos fundamentales del reo e investigado»). Sin este acto de imputación judicial formal, la persona no podría articular plenamente su defensa.

Objeto del proceso penal Materias sometidas a decisión judicial Pretensión punitiva Ejercicio del ius puniendi estatal Hecho delictivo e imputación Delimitación fáctica y personal Pena o medida de seguridad Sanción legal solicitada Acción civil acumulada Resarcimiento del daño sufrido Restitución Devolución de la cosa Reparación Obligaciones de dar o hacer Indemnización Daños morales y materiales Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 12 DEFINICIÓN El objeto del proceso penal está integrado por un hecho histórico determinado con relevancia delictiva, imputado a una o varias personas concretas, respecto del cual se insta la aplicación del ius puniendi del Estado.

La delimitación fáctica inicial se plasma en la querella, en la denuncia o en la resolución de incoación judicial (véase «La instrucción penal — Naturaleza, garantías, duración e incoación»). No obstante, dicho marco no queda cerrado de inmediato: se va perfilando conforme avanzan las diligencias instructoras. COMPRUEBA 13 ¿Por qué el auto de procesamiento del art. 384 LECrim salvaguarda el derecho constitucional de defensa? Evolución gradual de la imputación judicial y estándares de convicción La imputación no surge de manera definitiva y plena desde el primer momento, sino que se construye a través de diferentes niveles de certeza o sospecha a lo largo del proceso.

PROCESO Grados de imputación y estándares de convicción 1 Sospecha inicial Apertura instructora ante noticia delictiva 2 Indicios ra cionales Adopción de medidas cautelares y procesamiento 3 Acusación formal Convicción acusatoria en conclusiones provisionales 4 Condena judicial Certeza probatoria más allá de duda razonable Sospecha inicial: Representa el umbral mínimo que justifica la apertura de la instrucción (véase «La instrucción penal — Naturaleza, garantías, duración e incoación»). Se formula mediante denuncia, atestado o querella. No equivale a convicción alguna de culpabilidad; simplemente exige comprobar la veracidad de una noticia criminal.

1 Indicios racionales y bastantes (apariencia de buen derecho o fumus delicti commissi): Si la investigación inicial corrobora la sospecha, surgen indicios racionales que permiten dirigir formalmente la causa contra un sujeto concreto. Este estándar probatorio preliminar fundamenta medidas cautelares (véase «Medidas cautelares penales — Medidas personales, reales y privación de libertad»). La intensidad exigida varía según la gravedad de la medida: resoluciones como la prisión provisional reclaman un grado de comprobación muy sólido, casi equiparable al que justificaría una condena en juicio oral.

2 Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 13 COMPRUEBA 14 ¿En qué se distingue el estándar exigido para la mera sospecha respecto al de la acusación formal? Extinción del objeto penal La pretensión penal puede extinguirse antes de dictar sentencia firme o con posterioridad a esta. El momento procesal determina las causas aplicables, clasificadas legalmente en los artículos 130 del Código Penal y 666 de la LECrim (véase «El juicio oral — Principios rectores, cuestiones previas y calificación»).

Fase procesal Causas de extinción del objeto penal Efecto procesal inmediato Fase de declaración / instrucción Fallecimiento del reo o investigado Perdón del ofendido (en delitos legalmente habilitados) Prescripción del delito Amnistía Impide la apertura del juicio oral o impone el sobreseimiento de la causa. Fase de ejecución Cumplimiento íntegro de la condena Remisión definitiva de la pena Indulto concedido por el Gobierno Prescripción de la pena o de la medida impuesta Pone fin al cumplimiento forzoso de la sanción penal impuesta en sentencia firme. COMPRUEBA 15 ¿Qué diferencia produce el perdón del ofendido frente al indulto respecto al momento procesal de extinción?

Acusación formal: Al concluir la instrucción, las partes acusadoras presentan sus escritos de calificación (véase «La fase intermedia del proceso penal — Sobreseimiento, acusación y conformidad»). Requiere una firme convicción de culpabilidad en el Ministerio Fiscal o las acusaciones personadas. Este trámite delimita rígidamente el objeto del juicio, pues el tribunal no podrá juzgar imputaciones fácticas ajenas a las formuladas al inicio de la vista oral. 3 Condena definitiva: Supone la convicción judicial plena del órgano sentenciador tras la práctica de la prueba en el juicio oral (véase «La prueba en el proceso penal — Medios probatorios, ilicitud y tesis de desvinculación»).

Psicológicamente coincide con el convencimiento acusatorio, pero procede de un órgano imparcial que ha superado el principio de presunción de inocencia sin albergar dudas razonables. 4 Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 14 La pretensión de resarcimiento o acción civil acumulada La infracción penal genera habitualmente daños patrimoniales y morales. Nuestro ordenamiento faculta acumular al juicio penal la pretensión de resarcimiento civil derivada del hecho ilícito. Esta pretensión posee carácter contingente y accesorio respecto de la penal.

Puede ejercitarse conjuntamente dentro del mismo proceso penal (lo habitual en la práctica forense para evitar fallos contradictorios) o de forma sucesiva en vía civil separada. El ofrecimiento de acciones (art. 109 LECrim) Para garantizar el ejercicio de los derechos de la víctima, el ordenamiento articula el trámite obligatorio de ofrecimiento de acciones. El ofrecimiento de acciones regulado en el art. 109 LECrim es practicado por el Letrado de la Administración de Justicia a la víctima e interesados con carácter previo a la calificación.

En este acto se informa al ofendido —o a sus familiares en caso de muerte o desaparición— sobre su facultad de personarse como parte acusadora sin necesidad de querella, así como de sostener la reclamación civil. Si la víctima guarda silencio, el Ministerio Fiscal asume obligatoriamente el ejercicio de la acción civil junto con la penal en favor de aquella, a salvo de que la perjudicada renuncie formalmente a dicha indemnización. La víctima puede optar por tres posturas sobre la acción civil: Ejercicio conjunto: se sustanciará y resolverá en la propia sentencia penal.

Reserva expresa: la víctima aparta la acción resarcitoria para ventilarla en un procedimiento declarativo civil posterior tras finalizar la vía criminal. Renuncia expresa: la víctima extingue voluntariamente su derecho crediticio civil derivado del delito. PARA RECORDARLO Si la víctima no formula reserva ni renuncia, el Ministerio Fiscal ejerce la acción civil obligatoriamente en el mismo proceso penal en defensa del perjudicado.

Contenido y cuantificación de la responsabilidad civil derivada del delito El contenido general de la pretensión de resarcimiento civil derivada del delito abarca la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP). Modalidad resarcitoria Alcance legal y aplicación ordinaria Regla especial según tipología delictiva Restitución de la cosa Devolución del mismo bien mueble o inmueble sustraído o retenido. En delitos patrimoniales (art. 111 CP), se reintegra el bien con abono de deterioros, salvo que un tercero lo hubiera adquirido de modo irreivindicable.

Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 15 Modalidad resarcitoria Alcance legal y aplicación ordinaria Regla especial según tipología delictiva Reparación del daño Obligaciones de dar, hacer o no hacer dirigidas a reponer la situación alterada. En infracciones contra el medio ambiente, consiste en medidas específicas para recomponer el equilibrio ecológico. En injurias o calumnias vertidas por medios de difusión, comprende la publicación de la retractación. Indemnización de perjuicios Compensación pecuniaria por los menoscabos patrimoniales y morales acreditados. En delitos de impago de pensiones, el abono forzoso de las cuotas devengadas.

En delitos contra la libertad sexual, el juez puede imponer la obligación de alimentos en favor de los hijos fruto del delito. La cuantificación económica de los perjuicios se rige por el criterio motivado del tribunal a tenor del artículo 115 del Código Penal, valorando las condiciones personales y patrimoniales del responsable. A falta de periciales exactas, los tribunales se auxilian de la jurisprudencia o de baremos aseguradores orientativos. Causas de extinción de la acción civil y efectos de la sentencia penal Al pertenecer al ámbito del Derecho privado, la pretensión resarcitoria está sujeta al poder de disposición del perjudicado.

En consecuencia, se extingue por las vías generales de las obligaciones: renuncia del ofendido, pago o cumplimiento, compensación, novación, confusión o transacción. ERROR FRECUENTE Asumir que la absolución o el archivo penal liquidan automáticamente la acción civil. La extinción de la pretensión penal deja viva la vía judicial civil ordinaria, a excepción exclusiva de un caso: que la resolución penal declare formalmente la inexistencia material del hecho. Si el hecho no existió en la realidad histórica, no puede nacer ninguna responsabilidad por él y la cosa juzgada cierra cualquier pleito civil ulterior.

COMPRUEBA 16 ¿En qué único supuesto una sentencia penal absolutoria veta por completo incoar una posterior demanda civil indemnizatoria? Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 16 IDEAS CLAVE El objeto del proceso penal comprende la pretensión punitiva principal, de orden público, y la pretensión de resarcimiento acumulada, de derecho privado. En el procedimiento ordinario por delitos graves, el auto de procesamiento formaliza judicialmente la imputación (art. 384 LECrim) garantizando el derecho de defensa. El ofrecimiento de acciones del art. 109 LECrim es efectuado por el Letrado de la Administración de Justicia a los perjudicados de forma preceptiva antes de calificar. El art.

110 CP estructura la responsabilidad civil derivada de delito en restitución del bien, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales. La extinción o absolución penal no extingue la acción civil alternativa, a menos que el tribunal declare expresamente la inexistencia material del hecho. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 17. ¿Quién practica y en qué momento procesal tiene lugar el ofrecimiento de acciones previsto en el art. 109 LECrim? 18. ¿Cuáles son las tres modalidades en las que se desglosa el contenido de la responsabilidad civil derivada de delito según el art. 110 del Código Penal? 19.

¿Qué ocurre con la acción civil de resarcimiento si la víctima no se pronuncia ni formula reserva de acciones tras el ofrecimiento legal? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 20. ¿Qué resolución materializa formalmente la imputación judicial en el procedimiento ordinario por delitos graves? 21. ¿Quién debe llevar a cabo el ofrecimiento de acciones regulado en el artículo 109 LECrim? 22. ¿Qué consecuencia acarrea la declaración judicial penal de inexistencia del hecho sobre la acción civil?

El auto de incoación a) El escrito de conclusiones b) El auto de procesamiento c) El atestado policial d) El Letrado de la Administración a) El Médico Forense adscrito b) La policía judicial instructora c) El Ministerio Fiscal exclusivamente d) Remisión a mediación prejudicial a) Extinción absoluta de la acción b) Apertura del juicio ordinario c) Reserva automática del resarcimiento d) Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 17 23. En delitos de calumnias e injurias por medios de comunicación, ¿en qué consiste la reparación civil?

3 Jurisdicción y competencia — Criterios atributivos y cuestiones prejudiciales AL ACABAR SABRÁS Determinar los límites territoriales y extraterritoriales de la jurisdicción penal española según el art. 23 LOPJ. Distinguir el tratamiento procesal de las cuestiones prejudiciales penales devolutivas y no devolutivas. Identificar el órgano competente objetiva y territorialmente para la instrucción y el fallo según la cuantía de la pena y la materia. Diferenciar los cauces de impugnación competencial y la resolución de conflictos de jurisdicción y competencia.

PIÉNSALO ANTES DE LEER 24 ¿Por qué un juez penal ordinario no puede enjuiciar a un parlamentario estatal ni aplicar penas superiores a cinco años de prisión si ejerce en un Juzgado de lo Penal? La potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia penal pertenece con carácter exclusivo a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Ningún otro poder estatal puede declarar la existencia de un delito ni imponer sanciones punitivas. Esta reserva jurisdiccional salvaguarda la división de poderes e impide la creación de tribunales de excepción, garantizando que todo ciudadano sea enjuiciado por el juez ordinario predeterminado por la ley.

Multa coercitiva al juzgado a) Abono forzoso de alimentos b) Publicación de la retractación c) Restitución del medio empleado d) Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 18 ESQUEMA Estructura de la atribución jurisdiccional penal Límites internacionales de la jurisdicción penal española El artículo 23 de la LOPJ fija el alcance espacial y personal de la jurisdicción española, estableciendo una serie de criterios estructurados jerárquicamente: Principio de territorialidad: los tribunales españoles conocen de los delitos cometidos en territorio nacional, con la salvedad de las excepciones contempladas en los tratados internacionales.

Principio de personalidad activa: abarca delitos tipificados en el Código Penal español cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles o extranjeros nacionalizados con posterioridad al hecho. Requiere que el acto sea punible en el lugar de ejecución (doble incriminación), que no medie absolución, condena o indulto firme previo en el extranjero (garantía de non bis in idem), y que el Ministerio Fiscal o el agraviado interpongan querella.

Principio real o de protección: permite perseguir hechos cometidos en el extranjero que atenten contra intereses esenciales del Estado español (tráfico de divisas, falsificación de moneda oficial, delitos contra la Administración Pública o atentados contra autoridades y funcionarios españoles en el exterior). Principio de justicia universal: faculta la persecución de crímenes internacionales graves como los de lesa humanidad. Este principio sufrió una profunda restricción mediante la reforma de 2009, que exigió puntos de conexión precisos (presencia del presunto culpable en España o víctimas de nacionalidad española).

Posteriormente, la modificación legal de 2014 endureció aún más estos requisitos para cerrar la vía a causas carentes de vinculación directa con el Estado español. COMPRUEBA 25 ¿Puede un tribunal español juzgar a un español que cometió un delito en el extranjero si ya fue juzgado y absuelto en dicho país? Jurisdicción y competencia Niveles de distribución de causas Límites internacionales Territorialidad y art.

23 LOPJ Competencia objetiva Pena, materia y aforamiento Competencia territorial Locus delicti y fueros subsidiarios Cuestiones prejudiciales Devolutivas y no devolutivas Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 19 Cuestiones prejudiciales en el proceso penal Una cuestión prejudicial surge cuando, para resolver sobre la pretensión penal principal, resulta indispensable decidir previamente sobre un elemento jurídico sustantivo no penal (por ejemplo, determinar la titularidad civil sobre un bien en un presunto delito patrimonial).

Los artículos 3 a 7 de la LECrim regulan su tramitación clasificándolas según el órgano encargado de su resolución: Tipo de cuestión Precepto legal Órgano que resuelve Efecto procesal No devolutiva Art. 3 y Art. 6 LECrim El propio juez penal competente para la causa. No suspende el curso de la causa penal; el juez penal resuelve a los solos efectos de la represión penal. Devolutiva absoluta Art. 5 LECrim El juez del orden civil correspondiente. Cuestiones sobre validez de matrimonio, filiación o capacidad civil. Suspenden el proceso penal de forma preceptiva. Devolutiva facultativa Art. 4 LECrim Juez no penal competente según la materia. Materia determinante de culpabilidad o inocencia.

El juez penal suspende y fija un plazo de dos meses a las partes para acudir al orden respectivo; vencido este sin acción, resuelve el penal. Esquema orgánico y competencia objetiva La competencia objetiva individualiza qué categoría de órgano judicial debe asumir en primera instancia el enjuiciamiento de un hecho delictivo. Se determina con arreglo a tres parámetros fundamentales: la cuantía de la pena, la materia específica y la condición del investigado. Salvo en los delitos leves, rige el principio de escisión entre instrucción y fallo para proteger la imparcialidad judicial.

La distribución general según la gravedad de la pena se estructura del siguiente modo: Delitos leves: instrucción y enjuiciamiento atribuidos al Juzgado de Instrucción (apelación ante la Audiencia Provincial). Pena privativa de libertad hasta 5 años (o no privativa hasta 10 años): instruye el Juzgado de Instrucción y juzga el Juzgado de lo Penal. Sus resoluciones son recurribles en apelación ante la Audiencia Provincial dentro del plazo de 10 días tras su notificación. Pena privativa de libertad superior a 5 años (o no privativa superior a 10 años): instruye el Juzgado de Instrucción y enjuicia la Audiencia Provincial.

La apelación se sustancia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Por razón de la materia, destaca el Tribunal del Jurado, cuya esfera competencial viene tasada en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 (conociendo de homicidios consumados, allanamiento de morada o malversación, entre otros). Asimismo, la Audiencia Nacional asume por el artículo 65 de la LOPJ delitos específicos de trascendencia nacional e internacional (terrorismo, falsificación monetaria o Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 20 defraudaciones a gran escala).

Dentro de la Audiencia Nacional, instruye el Juzgado Central de Instrucción, enjuiciando el Juzgado Central de lo Penal (penas privativas de libertad de hasta 5 años) o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (penas superiores a 5 años). ERROR FRECUENTE Confundir el límite punitivo de los Juzgados de lo Penal: abarcan penas de prisión de hasta 5 años, pero su competencia se amplía hasta los 10 años cuando se trata de penas de distinta naturaleza (como multas o inhabilitaciones). Atribuir a la Audiencia Provincial cualquier delito con pena superior a 5 años sin verificar la naturaleza de la sanción resta puntos en el examen.

Especialidades por razón de la persona: aforamientos, menores y fuero militar El criterio personal altera las reglas objetivas ordinarias atribuyendo el conocimiento de la causa a órganos de superior jerarquía: Aforamiento: determinadas autoridades públicas son juzgadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores, magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional) o por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (parlamentarios autonómicos o miembros de gobiernos autonómicos por delitos cometidos en su ámbito).

Jurisdicción de menores: conforme a la LO 5/2000, los hechos cometidos por personas de entre 14 y 18 años se atribuyen al Juzgado de Menores. La instrucción la dirige el Ministerio Fiscal, actuando el juez como garante de los derechos fundamentales. Si el hecho cometido por el menor está reservado al ámbito del artículo 65 LOPJ, conoce el Juzgado Central de Menores. Jurisdicción militar: circunscrita estrictamente al ámbito castrense y a los delitos tipificados en el Código Penal Militar.

La instrucción recae en los juzgados togados militares y el juicio se encomienda a los tribunales militares territoriales o centrales en función del rango militar del encausado, con casación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo. COMPRUEBA 26 ¿Quién asume la fase instructora en las causas incoadas contra menores de edad penal? Competencia territorial y conexión delictiva La competencia territorial penal es inderogable e improrrogable; las partes no pueden someterse voluntariamente a un fuero distinto al legal.

El fuero principal imperativo es el locus delicti commissi (lugar de comisión del delito), justificado por la mayor proximidad y facilidad para practicar las pruebas y recoger los vestigios. Para delimitar este emplazamiento la doctrina ha barajado la teoría de la actividad, la del resultado y la mixta. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo otorga preferencia a la teoría del resultado, por ser el lugar de consumación donde habitualmente se recopilan las evidencias con mayor certidumbre.

Si no consta el lugar de comisión, rigen de manera escalonada los fueros subsidiarios del artículo 15 de la LECrim: Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 21 Cuando concurren delitos conexos (cometidos simultáneamente por dos o más personas concertadas, perpetrados como medio para facilitar o procurar la impunidad de otros, o imputables a una sola persona con nexo delictivo), el artículo 18 de la LECrim fija reglas especiales de acumulación: En delitos concertados cometidos en una misma provincia, prima el juzgado del partido judicial de la capital donde radique la Audiencia Provincial si allí se cometió alguno de los hechos.

En su defecto, el juzgado del territorio donde se cometió el delito sancionado con mayor pena. A igualdad de pena, el juzgado que primero hubiese comenzado a instruir. Si las causas se incoaron a la vez o no consta la fecha de inicio, el órgano que designe el tribunal superior jerárquico común. Impugnación competencial y resolución de conflictos Los jueces deben controlar de oficio su propia competencia en cualquier fase del procedimiento.

Las partes personadas pueden promover la impugnación a través de dos cauces formales: Declinatoria: se propone directamente ante el órgano judicial que está tramitando el proceso y al que se considera legalmente incompetente, solicitándole que decline su conocimiento. Inhibitoria: se plantea ante el órgano judicial que no está conociendo de la causa pero que la parte estima que resulta legalmente competente, instándole a que dirija requerimiento de inhibición al juez que indebidamente instruye o juzga.

La discrepancia entre órganos sobre la titularidad del asunto puede suscitar diversas clases de discrepancias formales: Conflictos de jurisdicción: entre los juzgados o tribunales y la Administración Pública. Los resuelve un órgano colegiado mixto presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, constituido por cinco vocales (dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y tres Consejeros Permanentes de Estado). El Presidente ostenta voto de calidad en caso de empate. Los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la militar se solventan mediante la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo.

Conflictos de competencia: discrepancias suscitadas entre juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional (civil, contencioso, social). Se resuelven por una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por su Presidente y compuesta por dos magistrados designados anualmente. El orden penal tiene carácter estrictamente preferente: ningún órgano judicial de otro orden puede formular conflicto a un tribunal penal. Cuestiones de competencia: discrepancias entre órganos del mismo orden penal. Se zanjan por el tribunal inmediato superior común según las reglas procesales, sin que quepa plantear cuestión alguna entre órganos subordinados entre sí.

Término municipal donde se hayan descubierto pruebas o vestigios materiales del hecho. 1 Lugar de detención del presunto responsable. 2 Lugar del domicilio o residencia del investigado. 3 Cualquier órgano judicial penal que primero haya tenido noticia del delito. 4 Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 22 IDEAS CLAVE La jurisdicción penal de los tribunales españoles se fundamenta principalmente en los principios de territorialidad y personalidad del reo conforme al art. 23 de la LOPJ. La reforma de la LOPJ del año 2009 limitó la jurisdicción universal española exigiendo vínculos de conexión como presencia del presunto autor en España o existencia de víctimas españolas.

Las cuestiones prejudiciales devolutivas de estado civil (art. 5 LECrim) suspenden preceptivamente el proceso penal hasta su resolución por la vía civil. El Juzgado de lo Penal tiene competencia para enjuiciar delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 5 años o pena de distinta naturaleza no superior a 10 años. La competencia territorial penal es improrrogable y su fuero principal preferente es el del lugar de comisión del delito (locus delicti commissi), complementado por los fueros subsidiarios del art. 15 LECrim.

Los conflictos de jurisdicción entre Juzgados o Tribunales y la Administración son resueltos por un órgano colegiado presidido por el Presidente del Tribunal Supremo e integrado por magistrados del TS y Consejeros de Estado. COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 27. ¿En qué se diferencia el efecto procesal de una cuestión prejudicial del artículo 3 de la LECrim frente a una del artículo 5 de la LECrim? 28. ¿Qué órgano judicial enjuicia un delito castigado con pena de prisión de 4 años e inhabilitación especial de 8 años? 29.

En un supuesto de conexidad delictiva del artículo 18 LECrim con delitos cometidos en distintas demarcaciones, ¿cuál es el criterio preferente si los hechos están sancionados con diferente pena? Test Rodea la respuesta correcta. Las soluciones están al final. 30. ¿Qué órgano resuelve los conflictos de jurisdicción entre los tribunales y la Administración? 31. ¿Cuál es el límite punitivo de privación de libertad para el Juzgado de lo Penal?

El Tribunal Constitucional en pleno a) Un órgano colegiado presidido por el Tribunal Supremo con Consejeros de Estado b) La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo c) El Consejo General del Poder Judicial d) Cualquier delito tipificado como grave a) Pena de prisión no superior a 5 años b) Pena de prisión de hasta 3 años c) Pena privativa de libertad no superior a 10 años d) Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 23 32. ¿Qué fuero territorial resulta principal y preferente en el enjuiciamiento criminal? 33. ¿Qué vía de impugnación se presenta ante el juez que se considera competente pero no conoce de la causa?

4 Sujetos del proceso penal — Acusación, defensa y terceros responsables AL ACABAR SABRÁS Determinar la competencia objetiva material del Tribunal del Jurado según la Ley Orgánica 5/1995. Distinguir con precisión técnico-jurídica las figuras de acusador particular, privado, popular y Ministerio Fiscal. Diferenciar las categorías procesales de investigado, encausado y acusado tras la reforma procesal de 2015. Clasificar los supuestos legales de responsabilidad civil directa y subsidiaria en el Código Penal. PIÉNSALO ANTES DE LEER 34 ¿Por qué un sujeto no condenado penalmente puede verse obligado a responder económicamente de forma directa por un delito?

El proceso penal exige una estructura contradictoria donde intervienen el órgano jurisdiccional, las partes acusadoras, la parte pasiva investigada y los eventuales responsables patrimoniales. El domicilio del imputado a) El lugar de comisión del delito b) El lugar de aprehensión del reo c) El lugar del descubrimiento de pruebas d) Cuestión prejudicial a) Declinatoria b) Recurso de súplica c) Inhibitoria d) Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 24 ESQUEMA Sujetos e intervinientes en el proceso penal 1.

El órgano juzgador: juzgados, tribunales y Tribunal del Jurado La potestad jurisdiccional penal corresponde a juzgados unipersonales y a tribunales colegiados según los criterios fijados por la ley (véase «Jurisdicción y competencia — Criterios atributivos y cuestiones prejudiciales»). Junto a la judicatura profesional, el artículo 125 de la Constitución Española consagra el derecho de la ciudadanía a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Tribunal del Jurado.

Existen históricamente dos fórmulas de jurado: el jurado puro, integrado de forma exclusiva por ciudadanos legos en Derecho guiados por el sentido común y la intuición, y el jurado mixto (o escabinado), en el que concurren ciudadanos y jueces profesionales para deliberar y dictar sentencia conjuntamente. Aunque el modelo puro evita la contaminación técnica, puede mostrar mayor vulnerabilidad frente a presiones mediáticas o alegatos acusatorios. En el ordenamiento español, la competencia objetiva de este órgano colegiado lego se encuentra tasada en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado.

Su conocimiento abarca los siguientes tipos delictivos del Código Penal: Homicidio consumado (arts. 138-140 CP). Amenazas condicionales (art. 169.1 CP). Omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196 CP). Allanamiento de morada (arts. 202 y 204 CP). Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-415 CP). Cohecho (arts. 419-426 CP). Tráfico de influencias (arts. 428-430 CP). Malversación de caudales públicos (arts. 432-434 CP). Fraudes y exacciones ilegales (arts. 436-438 CP). Negociaciones prohibidas a funcionarios (arts. 439 y 440 CP). Infidelidad en la custodia de presos (art. 471 CP).

Órgano Jurisdiccional Jueces unipersonales, colegiados y Tribunal del Jurado Partes Acusadoras Ministerio Fiscal, acusador particular, privado y popular Parte Pasiva y Defensa Investigado, encausado y acusado (física o jurídica) Terceros Patrimoniales Actor civil y responsables directos o subsidiarios Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 25 El iter procesal del jurado atribuye la instrucción al Juzgado de Instrucción, la celebración del juicio oral al Tribunal del Jurado en el ámbito de la Audiencia Provincial, el recurso de apelación a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y la casación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

COMPRUEBA 35 ¿En qué órgano se celebra materialmente el juicio oral por el Tribunal del Jurado y qué vía de recurso ordinario procede contra su sentencia? 2. El Ministerio Fiscal y la Policía Judicial El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional cuya misión consiste en promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de conformidad con los artículos 124 CE y 541 LOPJ. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído con carácter previo el Consejo General del Poder Judicial.

Su régimen orgánico y funcional se asienta sobre dos pares de principios ordenadores: Dependencia jerárquica: los fiscales subordinados deben acatar las instrucciones, circulares y órdenes de sus superiores y de la jefatura superior. Unidad de actuación: el Ministerio Fiscal mantiene un criterio uniforme de actuación en todo el territorio estatal para garantizar la seguridad jurídica. Principio de legalidad: somete su ejercicio a la Constitución y a las leyes vigentes, persiguiendo los ilícitos penales típicos.

Principio de objetividad: debe actuar con plena neutralidad sustantiva, lo que le compele a instar el sobreseimiento o la absolución cuando los hechos carezcan de tipicidad o prueba de cargo. En el curso del proceso penal, el fiscal ejerce la acusación pública, solicita la práctica de diligencias y la adopción de medidas cautelares, y mantiene acceso a las actuaciones incluso cuando se declara el secreto de sumario para las demás partes personadas.

Asimismo, dispone de facultades para incoar diligencias de investigación preprocesal cuando tenga noticia de conductas de apariencia delictiva; no obstante, si un Juzgado de Instrucción incoa un procedimiento por los mismos hechos, el fiscal debe cesar de inmediato su actividad investigadora y remitir lo actuado al juez. Por su parte, la Policía Judicial (regulada en el art. 547 LOPJ) auxilia a los juzgados, tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el aseguramiento de los delincuentes.

Aunque dependa orgánicamente del Ministerio del Interior, de las comunidades autónomas o de corporaciones locales, mantiene dependencia funcional de la autoridad judicial y fiscal. Para la investigación de estructuras delictivas complejas, la ley autoriza figuras especializadas: el agente encubierto (funcionario policial que oculta su identidad en el escenario delictivo) y el agente infiltrado (destinado al interior de una organización criminal con una identidad supuesta protegida).

Su estatuto fija límites estrictos de actuación: únicamente quedan exentos de responsabilidad penal por conductas delictivas instrumentales que se mantengan dentro de las pautas autorizadas por la resolución habilitante. Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 26 COMPRUEBA 36 ¿Qué debe hacer el Ministerio Fiscal si está realizando diligencias preprocesales y el Juzgado de Instrucción incoa un proceso penal por los mismos hechos? 3.

Las partes acusadoras y el actor civil El ejercicio de la pretensión punitiva ante los tribunales penales se articula a través de diversas modalidades de personación: Tipo de parte Sujeto legitimado Ámbito delictivo Exigencia de fianza Ministerio Fiscal Promotor de la acción de la justicia y defensor de la legalidad Delitos públicos y semipúblicos Exento por ley Acusador particular Ofendido o perjudicado directo por el delito (o sus familiares en homicidio) Delitos públicos y semipúblicos Exento con carácter general Acusador privado Exclusivamente el ofendido por el delito Delitos privados (injurias y calumnias entre particulares) Exento por su condición de ofendido Acusación popular Cualquier ciudadano español o persona jurídica no perjudicada Delitos públicos Preceptiva (fijada por el juzgado) La acusación popular encuentra anclaje constitucional en el artículo 125 CE.

Su antecedente moderno destacado se remonta a 1888 con la causa judicial del crimen de la calle Fuencarral, donde la prensa madrileña intervino como parte acusadora. Su finalidad teórica radica en permitir el acceso altruista de la ciudadanía para suplir posibles omisiones del Ministerio Fiscal, si bien en la praxis forense suele ser promovida por partidos políticos y asociaciones con intereses sectoriales. El actor civil es el perjudicado que comparece en el proceso penal con la pretensión exclusiva de obtener la restitución, reparación o indemnización de los daños sufridos (arts. 109 y 110 CP), renunciando o reservándose la acción penal sustantiva.

ERROR FRECUENTE Confundir la condición procesal del investigado con la de encausado o acusado. La reforma legal de 2015 desterró el término «imputado» para salvaguardar la presunción de inocencia. Durante la instrucción inicial, el sujeto sobre el que recaen sospechas es formalmente un investigado. Solo pasa a ser encausado cuando el órgano judicial le atribuye formalmente la comisión del hecho delictivo mediante una resolución judicial de imputación formal, y deviene acusado tras formularse acusación formal y decretarse la apertura del juicio oral. Usar indistintamente estos términos en el examen penal supone una pérdida directa de calificación.

Apuntes de Derecho Procesal Penal (Grado en Derecho) 27 4. La parte acusada y la responsabilidad civil derivada del delito El sujeto pasivo u objeto de imputación es la parte indispensable del proceso penal. Su comparecencia o identificación resulta imperativa para celebrar la vista en la generalidad de las causas. La doctrina subraya la conveniencia conceptual del término tradicional reo (del latín res, la persona vinculada a la causa judicial), por resultar aséptico frente a presunciones indebidas de culpabilidad.

La capacidad procesal penal exige la concurrencia de una persona física imputable: Minoría de edad: la responsabilidad penal del menor en el derecho español es aplicable a personas entre catorce y dieciocho años de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000. Por debajo de los catorce años concurre inimputabilidad penal absoluta, remitiéndose las actuaciones a las entidades administrativas de protección civil. Enajenación mental: la incapacidad coetánea a la comisión del hecho exime de pena corporal, pero habilita medidas de seguridad y responsabilidad civil reparadora.

Si la alteración mental acaece de forma sobrevenida durante el proceso, se suspende la causa hasta el eventual recobro de la salud mental. Personas jurídicas: históricamente descartada bajo el aforismo societas delinquere non potest (doctrina defendida por Savigny y Feuerbach para evitar penas colectivas), la responsabilidad penal de los entes societarios se incorporó a la legislación española para sancionar el uso delictivo de corporaciones. Se aplican penas de multa como sanción principal, junto a disolución societaria, clausura de dependencias, suspensión temporal de actividades, intervención judicial e inhabilitación para percibir subvenciones públicas.

Junto a las consecuencias penales, el delito genera la obligación civil de reparar los perjuicios causados (arts. 109,…