Historia de España EBAU Murcia: apuntes de los 12 temas

1. La conquista romana de la Península Ibérica

La incorporación de Hispania al ámbito romano no respondió a un plan previo de expansión continental, sino a la rivalidad geoestratégica entre Roma y Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. La llegada de los ejércitos romanos a Emporion (Ampurias) en el 218 a.C. inició una ocupación militar prolongada que se extendió durante dos siglos, culminando en el 19 a.C. bajo el principado de César Augusto.

La conquista militar se desarrolló en tres etapas diferenciadas por el territorio y la resistencia indígena:

1. Fase inicial (218-197 a.C.): Enfrentamiento contra Cartago. Roma expulsó a las tropas cartaginesas y ocupó el litoral mediterráneo y los valles del Ebro y del Guadalquivir, integrando a los pueblos ibéricos, cuya estructura urbana previa facilitó el control.
2. Fase intermedia (154-133 a.C.): Penetración en la Meseta y el oeste peninsular. Roma chocó con la resistencia armada de lusitanos (liderados por Viriato) y celtíberos (asedio y caída de Numancia en 133 a.C.). La falta de centralización política indígena obligó a someter a cada comunidad tribu por tribu.
3. Fase final (29-19 a.C.): Las guerras cántabras y astures, dirigidas por Augusto, sometieron la franja cantábrica. La pacificación de esta área montañosa concluyó formalmente la conquista, aunque la presencia militar se mantuvo para custodiar las explotaciones mineras.

2. El concepto de romanización y sus factores de asimilación

Se denomina romanización al proceso histórico mediante el cual los pueblos autóctonos de la Península Ibérica asumieron progresivamente la lengua, el derecho, la organización social, la religión y las formas de vida materiales e ideológicas de Roma. No fue un fenómeno uniforme ni simultáneo: mientras que en el sur y levante (Bética y costa levantina) la aculturación resultó temprana y profunda gracias a la red de ciudades preexistentes, en el interior y la cornisa cantábrica fue mucho más superficial, discontinua y tardía.

Los principales mecanismos que impulsaron esta asimilación fueron:

• El ejército y los veteranos: Las legiones introdujeron la cultura romana y reclutaron tropas auxiliares hispanas que, tras licenciarse, obtenían la ciudadanía y tierras. Para asentar veteranos se fundaron colonias como Itálica (fundada en 206 a.C. por Publio Cornelio Escipión) y Emerita Augusta (Mérida, en el 25 a.C.).
• La difusión del latín: Suplantó de manera paulatina a las lenguas prerromanas (con la única excepción de las raíces del euskera), actuando como instrumento imprescindible para la administración judicial, el comercio y el ascenso civil.
• El derecho romano: Reguló las relaciones mercantiles y privadas mediante un marco uniforme, cohesionando jurídicamente el mosaico étnico peninsular.
• La concesión de la ciudadanía: Utilizada como incentivo de lealtad hacia las élites autóctonas. La culminación de este proceso se produjo en el año 212 d.C., cuando el emperador Caracalla promulgó la Constitutio Antoniniana (el Edicto de Caracalla), que otorgó la condición de ciudadano romano a todos los hombres libres del Imperio.

3. La administración territorial: provincias y conventos jurídicos

La estructuración administrativa de Hispania varió sustancialmente para responder a las necesidades militares, recaudatorias y de control político.

Dentro de cada provincia, la administración de justicia y el empadronamiento tributario se descentralizaban en distritos permanentes denominados conventos jurídicos (conventus iuridici). Estas asambleas judiciales territoriales contaban con sedes de cabecera fijas (como Gades, Carthago Nova, Caesaraugusta o Bracara Augusta), donde el gobernador o sus delegados impartían justicia periódicamente y cobraban los gravámenes fiscales.

4. La red urbana y las comunicaciones

La civilización romana fue eminentemente urbana: la ciudad (civitas) actuaba como motor administrativo, fiscal y cultural sobre su entorno agrario subordinado (territorium). Las ciudades se dividían jurídicamente en colonias (fundaciones de nueva planta pobladas por ciudadanos romanos o veteranos de guerra) y municipios (asentamientos indígenas preexistentes elevados a rango municipal, conservando magistraturas bajo la ley romana).

El trazado urbano romano se basaba comúnmente en un plano ortogonal articulado en torno a dos ejes viarios principales: el cardo maximus (de orientación norte-sur) y el decumanus maximus (de orientación este-oeste). En su intersección se situaba el foro, plaza central que albergaba la curia, la basílica judicial y los templos.

Para dotar de dinamismo comercial y cohesión militar a los asentamientos, Roma trazó una formidable red de calzadas. Entre las vías principales de Hispania destacaban la Vía Augusta (que recorría el litoral mediterráneo desde los Pirineos hasta Gades) y la Vía de la Plata (que comunicaba Augusta Emerita con Asturica Augusta en el norte peninsular).

5. La economía colonial y la estructura social

La economía hispanorromana funcionó plenamente integrada en los circuitos mercantiles del Mediterráneo, bajo un modelo colonial que suministraba materias primas y excedentes agrícolas a la metrópoli a cambio de manufacturas de lujo e importaciones selectas. El tráfico monetario se estandarizó mediante el denario de plata y el sestercio, garantizando un mercado único.

• Agricultura y ganadería: La producción descansaba sobre la tríada mediterránea (cereal, vid y olivo). Los romanos perfeccionaron las técnicas agronómicas introduciendo el barbecho, abonos orgánicos, sistemas de regadío en los llanos levantinos y el arado romano. Predominó la explotación mediante latifundios en manos de la aristocracia senatorial.
• Minería: Constituyó una de las fuentes financieras más codiciadas por el Estado imperial. Destacaron las minas de oro de Las Médulas y el área astur, la plata y plomo de Sierra Morena y Cartagena, y el cobre de Riotinto. Su explotación corría a cargo del fisco imperial o de contratas de arrendamiento (publicani), operadas mediante trabajo esclavo intensivo.
• Industria artesanal y pesca: Sobresalieron la salazón marina y la elaboración masiva de la salsa garum en factorías de la costa andaluza y levantina, la industria aceitera (con una masiva exportación de ánforas a Roma) y la manufactura del esparto.

La estructura social fue estrictamente jerárquica y de base esclavista:

6. Religión y cristianización de Hispania

El panteón politeísta romano y los cultos tradicionales se sincronizaron con las devociones locales prerromanas. A partir de Augusto, el culto imperial se impuso como el mecanismo prioritario de cohesión y lealtad política hacia el Estado.

A partir del siglo III d.C., la rápida penetración del cristianismo en Hispania colisionó con las instituciones imperiales debido a la negativa de los fieles a rendir homenaje divino al emperador, provocando oleadas de persecuciones. La tolerancia quedó consagrada en el año 313 d.C. con el Edicto de Milán, promulgado por Constantino. Finalmente, en el 380 d.C., el emperador hispano Teodosio I declaró al cristianismo religión oficial y única del Imperio mediante el Edicto de Tesalónica, integrando plenamente la organización eclesiástica en el entramado sociopolítico del Bajo Imperio.

7. La crisis del siglo III y la transición hacia el mundo medieval

Durante el siglo III d.C., el Imperio romano padeció una profunda recesión estructural provocada por la inseguridad fronteriza, la inestabilidad institucional (frecuentes usurpaciones de emperadores militares) y la asfixia fiscal debida al colapso del sistema de botín y esclavos. Este declive repercutió severamente en Hispania:

• Ruralización socioeconómica: Las urbes hispanas perdieron su vigor económico y demográfico ante el aumento tributario y el descenso del comercio interprovincial. Las élites acomodadas huyeron hacia sus villas rurales.
• Economía de autoabastecimiento: Las fincas agrarias y los latifundios tendieron a volverse unidades autárquicas y autosuficientes, sentando las bases del colonato y anticipando las estructuras de servidumbre feudales.
• Fin del dominio imperial: La fragmentación del poder facilitó que, a comienzos del siglo V d.C. (409 d.C.), pueblos germánicos como suevos, vándalos y alanos cruzaran los Pirineos, precipitando el colapso del control de Roma y el establecimiento posterior del reino visigodo en Hispania.

1. La conquista musulmana y las vías de sumisión (711-718)

La rápida penetración de los ejércitos musulmanes en la península ibérica no respondió únicamente a la pericia militar de los invasores, sino de manera determinante a la profunda descomposición interna de la monarquía hispanovisigoda. El reino se hallaba sumido en una pugna sucesoria fratricida entre los seguidores del recién ungido monarca Rodrigo y la facción vinculada a los descendientes del difunto rey Witiza. Para inclinar la balanza a su favor, este último sector nobiliario solicitó la intervención de tropas procedentes del norte de África.

En la primavera del año 711, un contingente bereber encabezado por Táriq ibn Ziyad, lugarteniente del gobernador norteafricano Musa ibn Nusayr, cruzó el estrecho de Gibraltar aprovechando que el rey Rodrigo se hallaba en el norte sofocando una revuelta de los vascones. El choque decisivo tuvo lugar en la batalla de Guadalete (julio de 711), donde las huestes visigodas fueron derrotadas y el propio monarca perdió la vida tras la defección militar de las alas nobiliarias rivales.

A partir de ese instante, la expansión territorial fue fulgurante: en apenas un lustro, los musulmanes alcanzaron el valle del Ebro, los valles pirenaicos y la meseta norte peninsular. Esta celeridad se explica por la coexistencia de dos sistemas de dominación:

• Sometimiento por las armas (‘anwa): reservado a las poblaciones que ofrecían resistencia violenta armada (como Mérida o Zaragoza). Implicaba el saqueo material, la pérdida total del patrimonio, la servidumbre de sus defensores y el reparto de tierras confiscadas (la quinta parte, o jums, para el Estado, y el resto entre la tropa en pleno dominio o usufructo).
• Capitulación mediante pacto (sulh): acuerdo diplomático pacífico suscrito con las aristocracias hispanovisigodas y las comunidades urbanas. A través de estos tratados, las oligarquías locales conservaban sus propiedades patrimoniales, su ordenamiento jurídico propio y su fe cristiana a cambio de jurar obediencia política y satisfacer cargas tributarias personales (la capitación o yizya) y territoriales (el jaray). El ejemplo paradigmático fue el Pacto de Teodomiro (713), suscrito en el sureste peninsular (la región de Tudmir).

2. El valiato o emirato dependiente de Damasco (711-756)

Durante cuatro décadas, el territorio peninsular incorporado a la Umma (comunidad de creyentes) recibió el nombre de Al-Ándalus y funcionó administrativamente como una provincia periférica o valiato subordinada al Califato Omeya de Damasco y a la gobernación de Kairuán (en la provincia norteafricana de Ifriqiya). El gobierno recaía en un gobernador o valí (wali), cuya autoridad se vio constantemente sacudida por la inestabilidad política y por cruentas disputas clánicas y étnicas entre la élite árabe (yemeníes frente a qaysíes) y las masas de tropa bereberes, relegadas a las peores tierras de pasto y cultivo de la Meseta.

En el plano expansivo exterior, el empuje bélico andalusí encontró sus fronteras infranqueables en el norte:

• En el año 722, un destacamento omeya sufrió un revés militar en las montañas astures en la batalla de Covadonga frente a un núcleo de disidentes cristianos agrupados en torno a Pelayo, hito que permitió la consolidación del reino de Asturias.
• Hacia el norte pirenaico, los ejércitos francos mandados por Carlos Martel frenaron en seco la penetración islámica en el corazón de Europa en la batalla de Poitiers (732), forzando el repliegue definitivo al sur de la cordillera.

Como consecuencia de estos reveses y de la posterior revuelta de las tropas bereberes del año 740, la franja meridional del valle del Duero quedó prácticamente desprovista de ocupación militar efectiva y de poblamiento denso, perfilándose como una amplia zona desértica y fronteriza amortiguadora entre el norte cristiano y Al-Ándalus.

3. El emirato independiente de Córdoba (756-929)

La trayectoria política andalusí dio un vuelco trascendental en el año 750 cuando la dinastía de los Abasíes derrocó y asesinó a la práctica totalidad de la familia omeya en Damasco, trasladando la capital del califato a Bagdad. Únicamente sobrevivió un joven príncipe, Abderramán I («el Emigrado»), quien tras huir por el norte de África desembarcó en Almuñécar amparado por clientelas tribales fieles a su linaje.

En el año 756, Abderramán I tomó Córdoba y se proclamó emir. Nació formalmente el emirato independiente de Córdoba: Al-Ándalus rompió todo vínculo político y administrativo con Bagdad, aunque continuó reconociendo la primacía espiritual y religiosa del califa abasí. Abderramán I sentó las bases de un Estado centralizado mediante la creación de un ejército mercenario fiel a su persona, la designación de jueces de estricta observancia coránica (cadíes), la concentración de atribuciones legislativas y ejecutivas y la estructuración del gabinete ministerial, encabezado por el primer ministro o chambelán (hachib) y los secretarios o ministros (visires).

Durante el mandato de Abderramán II (822-852), la administración emiral alcanzó un refinamiento sin precedentes, organizando el cobro tributario y emitiendo ingentes cantidades de moneda de plata (dírhems). Asimismo, ante los destructivos saqueos costeros de los piratas vikingos o normandos acaecidos en Sevilla (844), el emir impulsó la construcción de una poderosa armada naval militar que facilitó una expedición que impuso tributo a las islas Baleares (848) y consolidó el control del litoral. También bajo su reinado se fundó la ciudad de Murcia (825) con la finalidad de pacificar las querellas interétnicas de la vega del río Segura.

No obstante, la segunda mitad del siglo IX y los inicios del X contemplaron un debilitamiento estructural emiral bajo los mandatos de Muhammad I, Al-Mundir y Abd Allah, marcado por epidemias, malas cosechas, insurrecciones en las marcas fronterizas militares (Toledo, Zaragoza, Mérida), el movimiento martirial de los mozárabes en Córdoba y la gran sublevación muladí de Umar ibn Hafsun en Bobastro.

4. El califato de Córdoba (929-1031): apogeo y colapso militar

En el año 912 ascendió al poder Abderramán III en un escenario desolador de arcas exhaustas y fragmentación territorial. Tras década y media de metódicas campañas de pacificación interior, en el año 929 adoptó una resolución política de enorme alcance: se autoproclamó califa (sucesor del Profeta y «Príncipe de los Creyentes») con el título honorífico de al-Nasir. De este modo, Al-Ándalus consumó su independencia absoluta respecto a Bagdad, asumiendo simultáneamente la soberanía política, militar y el liderazgo espiritual de la comunidad islámica.

El califa reorganizó el ejército integrando contingentes mercenarios y tropas de esclavos eslavos (saqaliba), imponiendo tributos regulares y sumisión de vasallaje a los monarcas de León, Navarra, Castilla y los condados catalanes. Con el objetivo de contrarrestar el avance del califato rival chií de los fatimíes en el norte de África y proteger el tráfico comercial mediterráneo, ocupó Melilla (927) y Ceuta (931), intercambiando además embajadas diplomáticas de primer orden con el Imperio bizantino y con el emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico.

El cénit cultural e institucional prosiguió con su hijo Al-Hakam II (961-976), quien disfrutó de un periodo de paz hacendística y militar, inmortalizado por su mecenazgo intelectual y una portentosa biblioteca en Córdoba con más de 400.000 volúmenes manuscritos, así como la ampliación arquitectónica del mihrab de la mezquita aljama cordobesa.

A la muerte de Al-Hakam II, el trono pasó a su hijo menor de edad, Hisham II (976-1013), coyuntura aprovechada por su hachib Muhammad ibn Abi Amir, inmortalizado como Almanzor («el Victorioso»). Almanzor apartó al califa de cualquier tarea política efectiva recluyéndolo en la ciudad palatina de Madinat al-Zahra (Medina Azahara) e instauró una dictadura militar personal sustentada en tropas mercenarias bereberes y norteafricanas. Para legitimar su liderazgo incontestable y nutrir el tesoro público, desplegó más de cincuenta campañas bélicas de castigo (aceifas o razzias) contra los reinos cristianos, saqueando enclaves neurálgicos como Zamora, León, Barcelona (985) y el santuario de Santiago de Compostela (997).

Sin embargo, el aparato militarista de Almanzor dependía enteramente de su figura. A su muerte en Medinaceli (1002), Al-Ándalus se precipitó en un torbellino de guerra civil (fitna) entre banderías árabes, bereberes y eslavas. Tras desfilar una decena de califas efímeros en tres décadas, una asamblea de notables cordobeses abolió el califato y depuso a su último titular, Hisham III, en el año 1031.

5. Los reinos de taifas y las invasiones norteafricanas (1031-1246)

La caída del califato desembocó en la atomización política de Al-Ándalus en más de una veintena de pequeños principados soberanos e independientes denominados reinos de taifas (del árabe tawa'if, banderías o facciones). Estas taifas se estructuraron siguiendo lealtades étnicas: taifas árabes (Sevilla, Córdoba, Zaragoza), bereberes (Badajoz, Toledo, Granada, Málaga) y eslavas (en el arco levantino, como Valencia o Denia).

Pese a experimentar un sobresaliente florecimiento cultural y urbano derivado del mecenazgo de sus soberanos, su flagrante debilidad militar y sus disputas endémicas las colocaron a merced de los reinos cristianos en plena fase expansiva. Estos impusieron a las taifas el pago de cuantiosos tributos anuales en oro y plata denominados parias, mecanismo mediante el cual los monarcas del norte financiaban su rearme y demoraban la conquista a cambio de promesas de protección militar ficticia.

La toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI precipitó que los reyes de taifas solicitaran el socorro de los almorávides, una cofradía nómada bereber del Sahara caracterizada por una lectura rigorista del Corán. Al mando de Yusuf ibn Tasufin, los almorávides aplastaron a las huestes cristianas en Zalaca (1086), pero procedieron de inmediato a destronar a los monarcas andalusíes e incorporar Al-Ándalus a su imperio magrebí.

El agotamiento del celo religioso almorávide propició su caída y una efímera eclosión de segundas taifas a mediados del siglo XII, hasta la irrupción de los almohades, otra confederación bereber del Atlas aún más intolerante y puritana. Aunque los almohades infligieron una severa derrota a Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos (1195), su hegemonía en la Península se derrumbó tras la histórica victoria de la coalición cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa (1212).

Este colosal triunfo cristiano abrió las puertas de Sierra Morena y desató la fulminante reconquista del valle del Guadalquivir (Córdoba en 1236, Sevilla en 1248) y del levante ibérico, dejando expedita la ruta hacia el último reducto musulmán peninsular.

6. El reino nazarí de Granada (1246-1492)

Tras la firma del Pacto de Jaén (1246) entre Muhammad I al-Ahmar y el rey Fernando III el Santo de Castilla, quedó configurado el reino nazarí de Granada, el único Estado islámico que logró mantenerse en pie en la península ibérica durante casi dos siglos y medio. Comprendía geográficamente las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería, auxiliado por una abrupta topografía montañosa y una sólida red de fortalezas roqueras fronterizas.

La prolongada supervivencia del enclave granadino obedeció a factores estratégicos muy concretos:

1. Vasallaje y sumisión económica: el soberano nazarí se declaró formalmente vasallo de la Corona de Castilla, obligándose al pago de tributos regulares anuales en oro y a prestar auxilio militar en las Cortes castellanas.
2. Válvula de absorción demográfica y cohesión social: actuó como receptor de las nutridas migraciones de población andalusí que huían de las conquistas cristianas del valle del Guadalquivir, lo que le otorgó una extraordinaria densidad humana, cohesión religiosa sin presencia de comunidades mozárabes y un activo dinamismo manufacturero y mercantil.
3. Coyuntura exterior favorable: contó con el auxilio esporádico de los benimerines del Magreb y se benefició de la crónica crisis bajomedieval castellana (guerras civiles trastámaras) y del desvío de la atención bélica aragonesa hacia la expansión mercantil por el Mediterráneo (véase «Tema 3: Los reinos cristianos — Repoblación y modelos políticos de Castilla y Aragón»).

El balance de poder se extinguió a finales del siglo XV con la culminación de la unión dinástica castellano-aragonesa (véase «Tema 4: La monarquía hispánica — Los Reyes Católicos y la unión dinástica»). Aprovechando las enconadas guerras dinásticas internas entre Boabdil, su padre y su tío El Zagal, los Reyes Católicos asediaron la urbe y forzaron su rendición el 2 de enero de 1492, clausurando definitivamente ocho siglos de presencia política musulmana en España.

A lo largo de la Edad Media, el avance de los núcleos cristianos frente al territorio de Al-Ándalus (véase «Tema 2: Al-Ándalus — Evolución política del emirato al reino nazarí») conllevó no solo una progresiva conquista bélica, sino la necesidad de colonizar, organizar y asegurar de forma estable los territorios ocupados. Este proceso de repoblación condicionó la estructura de la propiedad y la estratificación social peninsular, al tiempo que dio pie a dos concepciones políticas radicalmente diferentes: la tendencia autoritaria y unitaria de la Corona de Castilla frente a la estructura confederal y pactista de la Corona de Aragón.

1. Modelos de ocupación y repoblación territorial

La incorporación de tierras se desarrolló en cuatro grandes fases sucesivas, cada una determinada por el contexto demográfico, la geografía y el ritmo del avance militar:

• Repoblación concejil (siglos XI-XII): Aplicada entre el Duero y el río Tajo, así como en el valle del Ebro. El territorio se estructuró en alfoces regidos por una ciudad o villa cabecera (concejo). Para atraer pobladores a zonas fronterizas expuestas, los reyes otorgaron fueros o cartas puebla que conferían exenciones fiscales, libertades cívicas y tierras comunales. Generó una notable clase de campesinos libres y caballeros villanos encargados de la autodefensa.
• Encomiendas de las Órdenes Militares (primera mitad del siglo XIII): Desarrollada en áreas extensas y con escasa densidad de habitantes como La Mancha, Extremadura, el Maestrazgo y las sierras andaluzas. La defensa y colonización se encomendó a órdenes militares (Santiago, Calatrava, Alcántara, el Temple y el Hospital). La división del territorio en encomiendas originó extensos latifundios orientados a la ganadería ovina, base del poderío socioeconómico de la nobleza caballeresca.
• Repartimientos (mitad y segunda mitad del siglo XIII): Implementado tras los triunfos en el valle del Guadalquivir, Murcia y el reino de Valencia. Consistió en la tasación y adjudicación planificada de fincas, inmuebles y heredades por parte de comisionados regios entre quienes habían participado en la conquista militar, según su rango nobiliario o militar (donadíos mayores para la nobleza y heredamientos para peones y caballeros). Los pobladores musulmanes fueron mayoritariamente expulsados del medio urbano o reducidos a mano de obra rural sometida a régimen señorial.

2. La crisis bajomedieval del siglo XIV y el fortalecimiento regio

A mediados del siglo XIV, la Península Ibérica padeció una severa quiebra demográfica desatada por las malas cosechas y el impacto devastador de la Peste Negra de 1348. El desplome poblacional provocó escasez de mano de obra campesina, abandono de explotaciones agrícolas y la subsiguiente caída de las rentas feudales. Para contrarrestar sus pérdidas, la alta nobleza endureció las exacciones sobre el campesinado y trató de arrebatar tierras y prebendas a la Corona, agudizando la conflictividad social (como las revueltas de los campesinos de remensa en Cataluña).

Frente a las turbulencias nobiliarias, las monarquías procuraron robustecer su legitimidad acudiendo al Derecho Romano Justinianeo, que concebía al monarca como fuente suprema de ley frente a las costumbres feudales consuetudinarias. En Castilla destacaron dos jalones legislativos:

1. Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio: Monumental código legal enciclopédico concebido en el siglo XIII para dotar a la Corona de un ordenamiento unificado de base romanista, estableciendo que la potestad legislativa residía con exclusividad en la figura del soberano.
2. El Ordenamiento de Alcalá (1348): Promulgado bajo el reinado de Alfonso XI, fijó un estricto orden de prelación de fuentes del derecho castellano. Situó las leyes regias emanadas de las asambleas generales en la cúspide normativa, relegando los fueros locales a un papel subsidiario y confirmando las Siete Partidas como derecho supletorio.

3. La Corona de Castilla: el modelo de monarquía autoritaria

La Corona de Castilla configuró un marco territorial unitario donde el rey ostentaba una amplia potestad legislativa, ejecutiva y judicial («rey soberano por derecho divino»). Su administración central descansaba sobre:

• El Consejo Real: Establecido formalmente en las Cortes de Valladolid de 1385, operaba como el máximo órgano consultivo de gobierno y asesoramiento directo a la persona del monarca.
• La Audiencia (o Chancillería): Órgano colegiado supremo para la administración ordinaria de justicia, con sede fija en Valladolid desde finales del siglo XIV.
• La Real Hacienda: Encargada de recaudar impuestos indirectos (como las alcabalas sobre las transacciones comerciales), dotando al rey de autonomía financiera.
• Las Cortes de Castilla: Nacidas en 1188 a partir de la Curia Regia leonesa con la suma de los procuradores del tercer estamento. Carecían de capacidad legislativa vinculante; su función primordial consistía en aprobar subsidios extraordinarios solicitados por la monarquía y formular peticiones que el soberano aceptaba o desestimaba a su discreción. Con el tiempo, los estamentos privilegiados dejaron de acudir al estar exentos del pago tributario ordinario, reduciéndose la representación a diecisiete ciudades con voto.

En el ámbito local, la autonomía de los concejos urbanos fue paulatinamente fiscalizada mediante el corregidor castellano, delegado permanente de designación regia con facultades gubernativas, judiciales y defensivas que garantizaba el cumplimiento de las órdenes de la Corona frente a las oligarquías municipales.

A pesar del autoritarismo institucional, el siglo XIV conoció graves enfrentamientos internos: la guerra fratricida entre Pedro I y Enrique II de Trastámara entronizó a la nueva dinastía Trastámara, cuyos monarcas debieron sortear constantes rebeliones de la nobleza en los reinados de Juan II y Enrique IV. En el plano exterior, Castilla se volcó hacia el control del Estrecho de Gibraltar y la proyección atlántica; durante el reinado de Enrique III, los normandos Juan de Bethencourt y Gadifer de La Salle iniciaron en 1402 la conquista de las islas Canarias bajo vasallaje de la monarquía castellana.

4. La Corona de Aragón: la estructura confederal y el pactismo

A diferencia de la homogeneidad jurídica castellana, la Corona de Aragón se configuró como una confederación de entidades políticas autónomas (el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca). Cada territorio conservó sus propias leyes (fueros, usatges o furs), costumbres, hacienda y Cortes privativas. Al ausentarse el rey de un territorio, delegaba sus atribuciones en un lugarteniente general o virrey.

Para velar por este delicado equilibrio se crearon dos instituciones privativas fundamentales:

• El Justicia de Aragón: Magistratura suprema de origen nobiliario e inamovible encargada de defender los fueros aragoneses, dirimir contenciosos entre la nobleza y la monarquía e impedir cualquier abuso de poder por parte del rey o sus oficiales.
• La Diputación del General (o Generalitat): Comisión delegada permanente de las Cortes (surgida en Cataluña y extendida después a Valencia y Aragón) concebida originariamente para recaudar los tributos concedidos al soberano en las reuniones parlamentarias. Con el tiempo se erigió en un verdadero órgano permanente de control político y contrapeso institucional frente a la Corona mientras las Cortes permanecían disueltas.

En las ciudades catalanas, el autogobierno recaía en oligarquías de patriciado urbano y mercaderes, encarnadas en instituciones locales como el célebre Consell de Cent en Barcelona.

Durante los siglos XIII al XV, la Corona de Aragón protagonizó una enérgica expansión marítima comercial y militar por el Mediterráneo Occidental (incorporación de Mallorca, Sicilia en 1282, Cerdeña en 1324, los ducados griegos de Atenas y Neopatria en el siglo XIV y el reino de Nápoles en 1443 con Alfonso V el Magnánimo). La extinción de la dinastía reinante por la defunción de Martín I el Humano sin heredero condujo al Compromiso de Caspe (1412), donde compromisarios de Aragón, Cataluña y Valencia eligieron como rey a Fernando I de Antequera, introduciendo en la Corona a la dinastía castellana de los Trastámara. Décadas después, bajo Juan II, estalló la Guerra Civil Catalana (1462-1472), en la que se solaparon la resistencia de las instituciones estamentales frente al rey, la insurrección campesina antiseñorial de los remensas y la pugna municipal barcelonesa entre la Biga (patriciado oligárquico) y la Busca (artesanos y mercaderes modestos).

5. Cuadro comparativo entre ambos modelos institucionales

Las marcadas discrepancias entre el marco castellano y el aragonés sintetizan la diversidad organizativa de la España medieval previa a la unión de los Reyes Católicos (véase «Tema 4: La monarquía hispánica — Los Reyes Católicos y la unión dinástica»):

1. La pugna sucesoria en Castilla y la unión dinástica

La gestación de la monarquía hispánica moderna hunde sus raíces en la crisis sucesoria de la Corona de Castilla en el último tercio del siglo XV. En 1468, mediante el Pacto de los Toros de Guisando, Enrique IV reconoció como legítima heredera a su hermanastra Isabel frente a su hija Juana (llamada despectivamente «la Beltraneja» por los sectores nobiliarios opuestos al monarca, que atribuían su paternidad a Beltrán de la Cueva). Dicho pacto condicionaba el título de Isabel al consentimiento regio de sus nupcias; sin embargo, en 1469 contrajo matrimonio secreto en Valladolid con Fernando, primogénito de Juan II y heredero de la Corona de Aragón. Como represalia, Enrique IV desheredó a Isabel y rehabilitó la candidatura sucesoria de Juana.

Tras la muerte de Enrique IV en 1474, Isabel se autoproclamó reina en Segovia, desencadenando la Guerra de Sucesión castellana (1475-1479). El conflicto dividió el territorio peninsular en dos bloques nítidos:

• Bando isabelino: respaldado por las ciudades del centro y norte peninsular, gran parte del clero, la baja nobleza y las fuerzas militares aragonesas comandadas por el príncipe Fernando.
• Bando juanista: apoyado por la alta nobleza cortesana, el arzobispo de Toledo Carrillo y, fundamentalmente, el reino de Portugal tras desposarse Juana con su tío el rey Alfonso V de Portugal, junto con el auxilio diplomático de Francia.

El enfrentamiento armado se decantó militarmente a favor de los partidarios de Isabel tras la batalla de Toro (1476). La contienda concluyó diplomáticamente con la firma del Tratado de Alcaçovas (1479), en el que Portugal reconocía a Isabel I como reina legítima de Castilla, al tiempo que se delimitaban las esferas de expansión náutica atlántica: Castilla consolidaba el dominio sobre las islas Canarias, mientras que Portugal obtenía el monopolio de navegación al sur del cabo Bojador, la exclusividad en la costa africana occidental, Madeira, Azores y Cabo Verde.

Ese mismo año de 1479, Fernando II accedió al trono aragonés tras el deceso de su padre. Quedaba así materializada la unión entre Castilla y Aragón, derivada del matrimonio de 1469 (capitulaciones de Cervera) y de la herencia aragonesa de 1479. Previamente, la Concordia de Segovia (1475) había regulado el reparto de funciones de gobierno entre Isabel y Fernando en Castilla, donde Fernando aún no era rey de Aragón: se acordó el gobierno conjunto de ambos monarcas («Tanto monta, monta tanto»), reservando para Isabel los derechos patrimoniales y la administración exclusiva de los recursos en territorio castellano. No se constituyó un Estado unificado centralista, sino una confederación de reinos agregada en la persona de los soberanos.

2. Proceso de unificación peninsular y proyección atlántica

La política territorial de los Reyes Católicos pretendió articular bajo su soberanía el conjunto del espacio geográfico peninsular a través de diversas vías:

1. La conquista del reino nazarí de Granada (1482-1492): justificada bajo la concepción de guerra santa y cruzada, supuso el cierre definitivo del proceso de avance territorial cristiano frente a Al-Ándalus (véase «Tema 2: Al-Ándalus — Evolución política del emirato al reino nazarí»). El conflicto se prolongó durante diez años gracias a la aportación financiera eclesiástica (bulas de cruzada), el reclutamiento señorial, el empleo intensivo de la artillería en asedios y la explotación de las disputas dinásticas internas nazaríes entre Boabdil y su pariente el Zagal. Tras las sucesivas caídas de Málaga, Baza y Almería, Boabdil capituló entregando la capital el 2 de enero de 1492. Las capitulaciones iniciales garantizaban el respeto a las leyes, religión, bienes y costumbres de la población mudéjar.
2. Recuperación de los condados catalanes pirenaicos (1493): la habilidad negociadora de Fernando culminó en el Tratado de Barcelona, por el cual el monarca francés Carlos VIII restituyó el Rosellón y la Cerdaña a cambio de la neutralidad hispana en las guerras de Italia.
3. Ocupación definitiva de Canarias (1496): tras sofocar la resistencia guanche en Tenerife y Gran Canaria, las islas quedaron plenamente sometidas a la Corona de Castilla, erigiéndose en punto logístico indispensable y banco de pruebas institucional para la navegación hacia el Nuevo Mundo.
4. Incorporación de Navarra (1512-1515): producida siendo Fernando regente de Castilla tras la muerte de Isabel. Aprovechando el alineamiento de la dinastía Foix-Albret con Francia y la excomunión papal que pesaba sobre los soberanos galos, las tropas comandadas por Fadrique Álvarez de Toledo (II duque de Alba) ocuparon el reino en 1512. En las Cortes de Burgos de 1515, Navarra se incorporó formalmente a la Corona de Castilla manteniendo inalteradas sus instituciones privativas, sus fueros propios y sus aduanas.

El proyecto colombino y el descubrimiento de América

En abril de 1492 se rubricaron las Capitulaciones de Santa Fe entre la reina Isabel y Cristóbal Colón. En dicho documento contractual, los soberanos castellanos otorgaban a Colón los títulos de almirante de la Mar Océana, virrey y gobernador general vitalicio y hereditario sobre los territorios que descubriese, junto con una décima parte de los beneficios económicos obtenidos. El 12 de octubre de 1492, la expedición colombina arribó a la isla antillana de Guanahaní (San Salvador).

Para salvaguardar las conquistas frente a las pretensiones portuguesas amparadas en Alcaçovas, la diplomacia hispana obtuvo del papa Alejandro VI las Bulas Alexandrinas (1493). La disconformidad lusa obligó a entablar una renegociación directa que cristalizó en el Tratado de Tordesillas (1494), mediante el cual se desplazó el meridiano de partición atlántica a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, reservando el hemisferio occidental para Castilla y permitiendo más adelante la colonización portuguesa de Brasil.

3. Política exterior y alianzas dinásticas

La proyección exterior de la monarquía se estructuró a partir de dos líneas geoestratégicas diferenciadas: los intereses atlánticos de Castilla (rutas ultramarinas y plazas de seguridad en el norte de África frente a la piratería berberisca como Melilla, Mazalquivir, Orán y Trípoli) y los compromisos mediterráneos tradicionales aragoneses frente a Francia. En las guerras italianas por el Reino de Nápoles, el ejército reorganizado por Gonzalo Fernández de Córdoba («el Gran Capitán») consolidó la supremacía militar hispana y la incorporación de Nápoles a la Corona de Aragón en 1504.

Para consolidar su preeminencia internacional y cercar a la monarquía francesa, los Reyes Católicos articularon una exhaustiva red de enlaces matrimoniales con sus cinco hijos:

4. Fortalecimiento regio y administración polisinodial

La construcción del Estado moderno requirió disciplinar a la nobleza y a las jerarquías eclesiásticas sin suprimir sus cimientos socioeconómicos. Para afianzar la fidelidad nobiliaria sin merma de la autoridad monárquica, las Cortes de Toro de 1505 instituyeron formalmente el mayorazgo, figura legal que blindaba el patrimonio terrateniente aristocrático impidiendo su enajenación, embargo o parcelación, transmitiéndose íntegro al primogénito del linaje.

El control del orden público y los caminos se canalizó a través de la Santa Hermandad (creada en las Cortes de Madrigal de 1476), una fuerza policial y judicial rural sufragada por los municipios que desarticuló el bandolerismo nobiliario y señorial.

El gobierno de la monarquía se basó en el sistema polisinodial, un entramado de consejos colegiados integrados predominantemente por juristas y letrados procedentes de la baja nobleza o sectores urbanos, desplazando a la aristocracia de la toma directa de decisiones gubernativas:

• Consejos territoriales: el Consejo Real de Castilla (máximo órgano gubernativo, legislativo y tribunal supremo castellano), el Consejo de Aragón (creado en 1494 para canalizar los asuntos de los reinos de la Corona aragonesa) y, con posterioridad, los Consejos de Indias e Italia.
• Consejos especializados o temáticos: destacaron el Consejo de la Suprema e Inquisición (con jurisdicción sobre ambas coronas), el Consejo de Órdenes Militares (tras asumir Fernando el maestrazgo de Santiago, Calatrava y Alcántara) y el Consejo de Cruzada.

En la escala territorial e intermedia, el poder de los reyes se vertebró en los siguientes niveles:

• Virreyes: delegados permanentes que personificaban la figura del monarca en los territorios donde este no residía (Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia y Nápoles).
• Audiencias y Chancillerías: administración superior de justicia centralizada en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, sumadas a las Reales Audiencias en los distintos reinos aragoneses.
• Corregidores: delegados regios nombrados directamente por la Corona en los principales municipios castellanos para fiscalizar a los regidores, supervisar las finanzas locales y ejercer funciones de orden público y justicia.
• Hacienda: reorganizada a través de la Contaduría Mayor de Hacienda (gestión de tributos sobre el estado llano) y la Contaduría General de Cuentas (fiscalización de cobros y pagos).
• Cortes: paulatinamente marginadas en Castilla tras las reuniones de Madrigal (1476) y Toledo (1480), convocadas casi exclusivamente para votar subsidios extraordinarios o jurar lealtad a los herederos al trono.

5. Uniformidad religiosa: Inquisición, expulsión de judíos y mudéjares

La cohesión social y política del Estado se buscó mediante la homogeneización confesional católica obligatoria, erradicando la centenaria coexistencia de las tres religiones monoteístas medievales peninsulares.

La intolerancia institucionalizada avanzó a través de dos medidas trascendentales:

1. Expulsión de los judíos (31 de marzo de 1492): mediante el Edicto de Granada, se forzó a la comunidad judía a elegir entre la conversión forzosa o la salida irrevocable de los dominios hispánicos en un plazo improrrogable de cuatro meses, prohibiéndoseles sacar oro, plata o metales acuñados. Alrededor de 80.000 a 100.000 sefardíes salieron al exilio (hacia el norte de África, Flandes o el Imperio otomano), mientras que unos 50.000 optaron por el bautismo, originando una comunidad de «conversos» permanentemente sospechosa de falsedad religiosa ante el Santo Oficio. El impacto económico resultó sensible en ámbitos mercantiles, crediticios y artesanales.
2. Fin de la tolerancia mudéjar: las iniciales Capitulaciones de Granada promovidas por fray Hernando de Talavera cedieron ante el rigor intransigente del cardenal Cisneros desde 1499, imponiendo bautismos en masa y requisas doctrinales. Esto desató la revuelta mudéjar en las Alpujarras (1499-1501). Tras su aplastamiento, la pragmática real de 1502 impuso a todos los musulmanes de Castilla la disyuntiva entre el bautismo o el destierro obligatorio, naciendo así la condición de moriscos (nuevos cristianos musulmanes), sobre los cuales se intensificó la represión de lengua, usos y tradiciones culturales a partir de 1518.

6. Desenlace sucesorio

Tras la muerte de Isabel en Medina del Campo en 1504, la corona de Castilla recayó en su hija Juana I, asumiendo su marido Felipe I el Hermoso el poder efectivo. El fallecimiento repentino de este en 1506 y la incapacidad de la reina derivaron en la regencia del cardenal Cisneros y la posterior asunción de la regencia de Castilla por Fernando el Católico hasta su propia muerte en 1516, momento en que el nieto de ambos, Carlos de Gante (Carlos I), inauguró la dinastía Habsburgo heredando una monarquía territorialmente articulada y proyectada internacionalmente.