España en el primer tercio del siglo XX: Dictadura de Primo de Rivera, II República y Guerra Civil

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3. La evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final (L) La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) se desarrolló en el contexto de la crisis final del sistema de la Restauración durante el reinado de Alfonso XIII. A comienzos del siglo XX, este sistema mostraba claros signos de agotamiento: el turnismo estaba desacreditado, persistía el caciquismo y las reformas eran insuficientes. A ello se sumaron la crisis de 1917, la creciente conflictividad social, el auge del movimiento obrero y de los nacionalismos, y el problema colonial en Marruecos.

El detonante inmediato del golpe de Estado fue el desastre de Annual en julio de 1921. El general Fernández Silvestre dirigió una ofensiva imprudente contra las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim, lo que provocó una grave derrota del ejército español. La investigación posterior, el Expediente Picasso, amenazaba con exigir responsabilidades políticas y militares, incluso cercanas al rey. En este contexto, el 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado, declaró el estado de guerra y difundió un manifiesto justificando su acción.

Dos días después, Alfonso XIII le encargó formar gobierno, legitimando así la dictadura, presentada como una solución temporal para regenerar el sistema y restablecer el orden. La primera etapa fue el Directorio Militar (1923-1925), integrado exclusivamente por militares. La grave situación de conflictividad social, especialmente en Barcelona, justificó la declaración del estado de guerra. Se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes y se sustituyeron los gobernadores civiles por militares. El régimen aplicó una política de represión: limitó libertades, estableció censura de prensa y militarizó el orden público. Con estas medidas el orden público se restableció.

La represión se centró especialmente en el anarquismo, cuyos locales y publicaciones fueron clausurados en 1924, obligando a sus miembros a la clandestinidad. En cambio, se mantuvo cierta tolerancia hacia los socialistas. En relación con los nacionalismos, Primo de Rivera los identificó son el separatismo. Suprimió la Mancomunidad de Cataluña y prohibió símbolos y manifestaciones culturales catalanas, lo que incrementó el descontento y favoreció el acercamiento al republicanismo. Uno de los principales problemas del régimen fue la guerra de Marruecos. Inicialmente se planteó la retirada, pero el ataque de Abd el-Krim a posiciones francesas en 1925 permitió la colaboración con Francia.

Ese mismo año tuvo lugar el desembarco de Alhucemas, operación decisiva que supuso la derrota del líder rifeño y condujo al final de la guerra en 1927. Este éxito reforzó el prestigio del régimen. Tras ello, Primo de Rivera decidió institucionalizar la dictadura, dando paso al Directorio Civil (1925-1930). Sustituyó el gobierno militar por uno con presencia de civiles y restableció el Consejo de Ministros, evidenciando su voluntad de mantenerse en el poder.

Para consolidar el régimen creó la Unión Patriótica (1924), partido único sin ideología definida, que agrupaba a sectores de la derecha; la Asamblea Nacional Consultiva (1927), una cámara no representativa y sin poder legislativo; y elaboró un proyecto de Constitución en 1929 que no llegó a aplicarse. En el ámbito económico, la dictadura coincidió con una etapa de crecimiento internacional y aplicó una política intervencionista. Concedió subvenciones a industrias, creó monopolios en sectores clave como Telefónica y CAMPSA, e impulsó obras públicas, especialmente carreteras.

También construyó infraestructuras hidráulicas como los embalses y creó las confederaciones hidrográficas para su gestión. Sin embargo, la ausencia de una reforma fiscal limitó los recursos del Estado. En política laboral, se creó la Organización Corporativa Nacional (1926), inspirada en el modelo fascista italiano, que pretendía regular las relaciones laborales mediante comités paritarios, que agrupaban a obreros y patronos, y reducir la conflictividad social. A partir de 1927, la oposición al régimen fue en aumento. Intelectuales como Miguel de Unamuno criticaron la dictadura desde el exilio.

El movimiento estudiantil protagonizó protestas, y republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas comenzaron a coordinarse contra el régimen. Además, parte del ejército retiró su apoyo, especialmente tras el fracaso de la «Sanjuanada» de 1926. La crisis económica internacional de 1929 agravó la situación: disminuyeron las exportaciones, aumentó la inflación y creció el descontento social. Aislado y sin apoyos firmes, Primo de Rivera dimitió el 28 de enero de 1930 y se exilió en París, donde murió poco después. En conclusión, la dictadura se mantuvo más de seis años gracias a sus éxitos iniciales, como el restablecimiento del orden público y el final de la guerra de Marruecos.

Sin embargo, no logró regenerar el sistema político. Su caída evidenció la quiebra del régimen de la Restauración y debilitó a la monarquía de Alfonso XIII, abriendo el camino a la Segunda República en 1931. 4. Los cambios demográficos y sociales de España durante el primer tercio del siglo XX (L) Durante el primer tercio del siglo XX (1900-1930), España experimentó importantes cambios demográficos y sociales, aunque más lentos que en otros países europeos. Estos cambios estuvieron relacionados con la industrialización, las migraciones y el impacto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que provocó inflación, escasez y conflictos sociales.

Desde el punto de vista demográfico, España inició la transición hacia el régimen demográfico moderno. A diferencia de Europa, donde primero descendió la mortalidad y después la natalidad, en España ambas tasas disminuyeron casi al mismo tiempo, lo que evitó un crecimiento muy elevado de la población. Aun así, la población creció moderadamente, pasando de 18,6 millones en 1900 a 23,7 millones en 1930. Este aumento se debió principalmente al descenso de la mortalidad, que bajó del 26 al 16,5 . Las causas fueron la mejora del nivel de vida (alimentación, vivienda, vestido) y los avances en sanidad y servicios públicos, como el alcantarillado o el agua potable.

Además, desaparecieron en gran medida las grandes crisis de mortalidad, como las hambrunas y epidemias. La principal excepción fue la epidemia de gripe de 1918-1920, que causó más de 200.000 muertes. A pesar de ello, la esperanza de vida aumentó de 35 a 50 años, sobre todo por el descenso de la mortalidad infantil. Por su parte, la natalidad descendió lentamente entre 1900 y 1920 debido a las dificultades económicas provocadas por la Primera Guerra Mundial, especialmente la subida de precios. En los años veinte se recuperó ligeramente, situándose en torno al 28 en 1930. En cuanto a las migraciones, a comienzos de siglo destacó la emigración exterior, especialmente entre 1905 y 1914.

Los principales destinos fueron países de América como Argentina, Cuba y Brasil, que demandaban mano de obra. El emigrante típico era un joven campesino varón. Sin embargo, la crisis de los años treinta frenó esta emigración y provocó retornos, aumentando el paro en España. Desde 1910 cobraron gran importancia las migraciones internas del campo a la ciudad, impulsadas por el desarrollo industrial y las obras públicas, sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Como resultado, en 1930 el 31% de la población vivía en ciudades, y más de la mitad de la población en grandes ciudades como Madrid o Barcelona era inmigrante.

Estos cambios también afectaron a la estructura económica. La población activa en la industria pasó del 14% en 1900 al 26% en 1930, mientras que la dedicada a la agricultura descendió del 70% al 47%. El sector servicios creció, aunque incluía actividades tradicionales como el servicio doméstico, lo que refleja el atraso relativo de España. En el ámbito social, la estructura cambió poco respecto al siglo XIX, aunque se produjo cierta modernización. La clase alta seguía formada por grandes propietarios agrarios, junto a la burguesía industrial y financiera y las élites políticas.

Las clases medias crecieron hasta representar el 25-30% de la población, incluyendo profesionales, funcionarios, comerciantes, militares y clero, principalmente en las ciudades. Sin embargo, la mayoría de la población (alrededor del 65%) pertenecía a las clases bajas: obreros industriales, trabajadores de servicios, pequeños campesinos y jornaleros. Sus condiciones de vida eran muy duras, con bajos salarios, largas jornadas, inestabilidad laboral y escasa alimentación y educación. Los jornaleros eran el grupo más desfavorecido por su dependencia del trabajo estacional.

A pesar de estas desigualdades, en las ciudades se observaron signos de modernización en los años veinte, como el uso de la electricidad, el teléfono, el automóvil o la radio, que reflejan cambios en la vida urbana. Por último, se produjeron avances en la situación de las mujeres, impulsados por el feminismo, especialmente entre las clases medias. Sus principales reivindicaciones eran mejorar la educación, ampliar las oportunidades laborales y conseguir derechos legales.

Se distinguían tres corrientes: el feminismo católico, que defendía el papel tradicional, pero buscaba mejorar las condiciones laborales; el feminismo moderado, que reclamaba reformas legales como la igualdad salarial; y el feminismo radical, vinculado al movimiento obrero, que defendía la igualdad total. Durante este periodo se aprobaron leyes que mejoraron las condiciones laborales de las mujeres, como el permiso de maternidad y la prohibición de trabajos peligrosos. Además, algunas mujeres accedieron a empleos en la educación y la administración.

En cuanto a los derechos políticos, el sufragio femenino no fue prioritario, aunque durante la dictadura de Primo de Rivera se reconoció el derecho al voto en elecciones municipales con limitaciones. Sin embargo, estas elecciones no llegaron a celebrarse, aunque algunas mujeres fueron nombradas concejalas. En conclusión, España experimentó una transición demográfica y una lenta modernización social entre 1900 y 1930, con crecimiento urbano, cambios económicos y algunos avances en los derechos de las mujeres, aunque persistieron grandes desigualdades y un retraso respecto a Europa occidental. 7.

La política del Bienio Radical-Cedista (1933-1936) y la revolución de octubre 1934 y sus consecuencias (L) La etapa del Bienio Radical-Cedista (1933-1935) se inicia tras el desgaste del gobierno de izquierdas del primer bienio republicano. Factores como la represión de conflictos sociales —especialmente los sucesos de Casas Viejas (1933)—, la pérdida de apoyo popular y las tensiones dentro de la coalición gubernamental provocaron la caída del gobierno de Manuel Azaña en septiembre de 1933. Ante la imposibilidad de formar un nuevo ejecutivo estable, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones.

En las elecciones de noviembre de 1933 se produjo un claro triunfo de la derecha. Este resultado se explica por varios factores: la abstención promovida por los anarquistas, la división de la izquierda (socialistas y republicanos concurrieron por separado) y la unión de las derechas en torno al Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA, liderada por José María Gil Robles. Aunque la CEDA fue el partido con más escaños, Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Lerroux para evitar una reacción de la izquierda. Se inició así el Bienio Radical-Cedista, caracterizado por una política de «rectificación» de las reformas del periodo anterior.

En primer lugar, se frenó la secularización educativa, permitiendo que las órdenes religiosas continuaran enseñando y restableciendo el pago estatal a los sacerdotes. En el ámbito militar, se aprobó una amnistía para los implicados en la sublevación de Sanjurjo (1932) y se promocionó a militares contrarios a la República. En el campo, se paralizó la reforma agraria, devolviendo tierras expropiadas y derogando leyes favorables a los jornaleros, lo que provocó una caída de salarios. Además, en 1935 se intentó una reforma constitucional para modificar aspectos como la religión, las autonomías y la propiedad, aunque no llegó a aprobarse.

Estas medidas generaron una creciente tensión social y política y radicalización de la izquierda, aumentando las huelgas y protestas. En este contexto, el ascenso del nazismo en Alemania con Adolf Hitler en enero de 1933 reforzó el miedo de la izquierda a una posible deriva autoritaria en España. La crisis estalló en octubre de 1934. La CEDA exigió entrar en el gobierno y el 4 de octubre de 1934 Lerroux formó un nuevo gabinete con tres ministros cedistas. La izquierda interpretó este hecho como una amenaza fascista. Como respuesta, la UGT y el PSOE convocaron una huelga general revolucionaria el 5 de octubre de 1934.

La insurrección fracasó en la mayor parte del país, pero tuvo especial relevancia en Cataluña y Asturias. En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó el Estado catalán dentro de una supuesta República Federal Española el 6 de octubre de 1934. El ejército sofocó rápidamente el movimiento, suspendió la autonomía catalana y encarceló a sus dirigentes. El foco principal de la revolución se desarrolló en Asturias, donde socialistas, comunistas y anarquistas se unieron en la Alianza Obrera. Los mineros protagonizaron una auténtica insurrección armada, controlando gran parte de la región y proclamando la revolución socialista.

El gobierno envió tropas desde Marruecos bajo el mando del general Francisco Franco. Tras intensos combates, la rebelión fue sofocada el 18 de octubre de 1934. El balance fue muy duro: más de 1.500 muertos y miles de heridos. La represión posterior fue también muy severa: alrededor de 30.000 personas fueron encarceladas, se suspendieron actividades políticas de la izquierda y se dictaron numerosas condenas a muerte, muchas de ellas posteriormente indultadas. Estos hechos agravaron profundamente la división política en España. Las consecuencias de la revolución de octubre fueron decisivas. Se intensificó la polarización política, debilitándose las posiciones moderadas.

En la derecha, surgieron tendencias más autoritarias, como el Bloque Nacional fundado por José Calvo Sotelo en 1934, y se creó la Unión Militar Española, una organización conspirativa de militares contrarios a la República. En la izquierda, la represión favoreció la unión de fuerzas, que acabarían formando el Frente Popular, y aumentó el apoyo a las posiciones más radicales, como la facción socialista liderada por Largo Caballero y el crecimiento del Partido Comunista. Finalmente, el Bienio Radical-Cedista entró en crisis en 1935. El Partido Radical se vio afectado por escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo, que dañaron gravemente su prestigio.

Ante esta situación y la negativa de Alcalá Zamora a entregar el gobierno a la CEDA, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones para febrero de 1936, lo que marcaría el final de esta etapa. En conclusión, el Bienio Radical-Cedista supuso un giro conservador que frenó las reformas republicanas y aumentó la conflictividad social. La revolución de octubre de 1934 y su dura represión profundizaron la división política y la radicalización de ambos bandos. Todo ello contribuyó al clima de inestabilidad que desembocó en las elecciones de 1936 y, posteriormente, en la crisis final de la República. 8.

Las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral hasta el comienzo de la guerra. Los preparativos de la sublevación militar (L) El triunfo de los partidos de centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 dio paso al Bienio Radical-Cedista (1933-1935), en el que el Partido Radical gobernó con el apoyo de la CEDA. Este periodo se caracterizó por una política de «rectificación», que frenó o revisó las reformas del primer bienio republicano (1931-1933). Esto provocó una creciente oposición de la izquierda.

La entrada de ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 desencadenó la revolución de octubre de 1934, especialmente en Asturias y Cataluña. Aunque fracasó, la dura represión posterior, con miles de detenidos, y el giro conservador del gobierno aumentaron la polarización política y social. Estos acontecimientos favorecieron la unión de las fuerzas de izquierda. Desde 1934, republicanos, socialistas y comunistas comenzaron a plantear una coalición electoral para oponerse a la derecha, recuperar las reformas y lograr la amnistía de los encarcelados por la revolución.

También influyó el contexto internacional, marcado por el ascenso del fascismo en Europa, lo que llevó a la Internacional Comunista a promover la creación de frentes antifascistas. Así se formó el Frente Popular, una coalición electoral integrada por republicanos de izquierdas, PSOE, PCE, nacionalistas catalanes y gallegos y otros grupos marxistas. Aunque los anarquistas no se integraron, la apoyaron indirectamente al no promover la abstención. La crisis del gobierno de Lerroux en 1935, debido a escándalos de corrupción, y la decisión del presidente de la República, Alcalá Zamora, de no entregar el gobierno a la CEDA llevaron a la convocatoria de elecciones en febrero de 1936.

Las elecciones se celebraron en un clima de gran tensión y enfrentaron a dos bloques: el Frente Popular, que defendía la amnistía, la reanudación de reformas y los estatutos de autonomía, y la derecha, articulada en torno a la CEDA, pero dividida y sin un programa común. La alta participación (72 %) y la unidad de la izquierda favorecieron la victoria del Frente Popular, que obtuvo la mayoría absoluta de escaños, aunque el número de votos estuvo muy igualado. Tras el triunfo electoral, el primer gobierno fue presidido por Manuel Azaña y formado solo por republicanos, con apoyo parlamentario del PSOE.

Entre sus primeras medidas destacaron la amnistía para los represaliados de 1934, la readmisión de trabajadores despedidos por motivos políticos y el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el regreso de Lluís Companys a la presidencia de la Generalitat. También se reanudaron los proyectos autonómicos vasco y gallego y se impulsó con mayor intensidad la reforma agraria, expropiándose entre marzo y julio de 1936 más de medio millón de hectáreas.

En mayo de 1936, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora y eligieron presidente de la República a Azaña, quien fue sustituido al frente del gobierno por Santiago Casares Quiroga tras el rechazo del PSOE a participar directamente en el ejecutivo. Durante la primavera de 1936, la situación política y social se deterioró gravemente. Se produjo una fuerte radicalización, con enfrentamientos violentos entre grupos de izquierda y de derecha. Mientras obreros y campesinos impulsaban huelgas y ocupaciones de tierras, grupos de extrema derecha, como la Falange, desarrollaban acciones violentas. El orden público se deterioró con atentados y asesinatos, que el gobierno tuvo dificultades para controlar.

Al mismo tiempo, desde la victoria del Frente Popular, comenzó a gestarse una conspiración militar. Un sector del Ejército, junto con grupos políticos de derecha (monárquicos, carlistas y falangistas) y apoyos de la oligarquía económica, consideraba necesario un golpe de Estado para frenar una posible revolución. La organización del alzamiento fue dirigida por el general Emilio Mola, con el respaldo del general José Sanjurjo, que debía encabezar el nuevo régimen. El gobierno intentó frenar la conspiración alejando a militares sospechosos de Madrid: Francisco Franco fue destinado a Canarias y Mola a Pamplona.

Sin embargo, estas medidas no impidieron que los preparativos avanzaran, y a finales de junio de 1936 el golpe estaba prácticamente listo para ejecutarse en julio. El detonante final fue el asesinato, el 13 de julio de 1936, del líder derechista José Calvo Sotelo por miembros de las fuerzas de seguridad, en represalia por el asesinato previo del teniente José del Castillo por falangistas. Este hecho aceleró los planes de los conspiradores. El 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación militar en Melilla, extendiéndose al día siguiente a la Península. El general Franco, inicialmente indeciso, se trasladó el 19 de julio desde Canarias a Tetuán para ponerse al frente del Ejército de África.

El general Sanjurjo, que debía liderar el golpe, murió el 20 de julio en un accidente aéreo. El golpe triunfó en algunas zonas (Marruecos, Canarias, parte de Andalucía occidental y el norte interior), pero fracasó en muchas ciudades y regiones industriales. Así, lo que se había concebido como un golpe de Estado rápido se transformó en una larga Guerra Civil (1936-1939), consecuencia de la profunda división política, social e ideológica de España. 2. La organización política del Estado franquista (L) El régimen franquista se instauró tras la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil (1936-1939) y se mantuvo hasta la muerte de Francisco Franco en 1975.

Desde sus inicios, no se planteó como una dictadura provisional, sino como la construcción de un nuevo Estado autoritario, basado en el rechazo de la democracia liberal y del comunismo. Ideológicamente, se definió como nacionalista y católico, en el que Franco concentraba todo el poder con el apoyo del Ejército. En su etapa inicial (1939-1943), el régimen mostró una clara influencia de los fascismos europeos, especialmente en el peso del partido único y en su organización política. Sin embargo, tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial (1945), el franquismo se vio obligado a adaptarse al nuevo contexto internacional.

Esto implicó suavizar sus rasgos fascistas, aunque sin abandonar su carácter dictatorial. Aun así, sufrió el aislamiento internacional en los primeros años de la posguerra. El rasgo fundamental del sistema político franquista fue su carácter personalista. Franco concentraba todos los poderes del Estado: era jefe del Estado, presidente del Gobierno, Generalísimo de los Ejércitos y jefe del partido único. No existía separación de poderes ni soberanía nacional. El dictador controlaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

A pesar de este poder absoluto, el régimen fue desarrollando un entramado institucional con el objetivo de ofrecer una apariencia de Estado de derecho y facilitar su reconocimiento internacional. Este proceso de institucionalización se concretó en las llamadas Leyes Fundamentales, que actuaban como una especie de constitución, aunque en la práctica no limitaban el poder del dictador.

Entre las principales leyes destacan: el Fuero del Trabajo (1938), que regulaba las relaciones laborales mediante un sistema sindical vertical controlado por el Estado; la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), que creaba unas Cortes unicamerales de carácter consultivo; el Fuero de los Españoles (1945), que recogía derechos y deberes muy limitados; y la Ley de Referéndum Nacional (1945), que permitía al jefe del Estado convocar plebiscitos para legitimar sus decisiones. Posteriormente, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) definía a España como una monarquía y confirmaba a Franco como jefe vitalicio, con derecho a nombrar sucesor.

La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) fijaba los principios ideológicos del régimen, como la unidad de la patria y el carácter católico del Estado. Finalmente, la Ley Orgánica del Estado (1967) estableció la estructura definitiva del sistema político, reafirmando la supremacía del jefe del Estado. l régimen se definía como una «democracia orgánica», en contraposición a las democracias parlamentarias. En este modelo, la representación política no se articulaba a través de partidos, sino mediante los llamados «órganos naturales»: familia, municipio y sindicato. Sin embargo, esta participación era indirecta y completamente controlada.

Las Cortes franquistas eran un órgano consultivo cuyos miembros, los procuradores, no eran elegidos por sufragio libre, sino designados por el régimen. El poder legislativo residía en el jefe del Estado y el Gobierno dependía totalmente de él, que nombraba y destituía ministros. Aunque en 1967 se estableció la separación formal entre jefe del Estado y presidente del Gobierno, no se hizo efectiva hasta 1973. El partido único, denominado Movimiento Nacional, era el único legal y actuaba como instrumento de control político y social. Para ocupar cargos públicos era obligatorio pertenecer a él. En el ámbito territorial, el Estado se organizaba de forma centralista.

Las provincias estaban dirigidas por gobernadores civiles nombrados por el Gobierno, que también actuaban como jefes provinciales del Movimiento. Los alcaldes eran designados por el gobernador civil, lo que impedía cualquier autonomía local. En el plano socioeconómico, el régimen implantó el sindicalismo vertical, que integraba obligatoriamente a empresarios y trabajadores en una misma organización controlada por el Estado. Este sistema eliminaba la negociación colectiva libre y prohibía la huelga, garantizando el control estatal de las relaciones laborales. A partir de la década de 1950, el régimen experimentó cierta evolución debido al contexto de la Guerra Fría.

Su carácter anticomunista favoreció su reconocimiento internacional. En 1957 se incorporaron tecnócratas al Gobierno, lo que impulsó la modernización económica, aunque sin cambios políticos significativos. En los años sesenta se aprobaron algunas leyes que aparentaban apertura, como la Ley de Prensa e Imprenta (1966), que eliminaba la censura previa, y la Ley de Libertad Religiosa (1967), que introducía cierta tolerancia religiosa. Sin embargo, estas medidas no supusieron una verdadera democratización. Finalmente, en 1969, Franco designó como sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos, con el objetivo de asegurar la continuidad del régimen tras su muerte.

En conclusión, la organización política del Estado franquista se caracterizó por la concentración del poder en la figura de Franco y la falta de participación política real. A través de leyes e instituciones, el régimen creó una apariencia de legalidad que ocultaba su auténtica naturaleza dictatorial. . Las causas que condujeron a la proclamación de la II República (C) Las causas que condujeron a la proclamación de la Segunda República en España el 14 de abril de 1931 se encuentran en la crisis del sistema político de la Restauración y en la pérdida de legitimidad de la monarquía de Alfonso XIII.

Desde comienzos del siglo XX, el sistema se hallaba desprestigiado por el caciquismo, el fraude electoral y la incapacidad de los partidos dinásticos para llevar a cabo reformas profundas, lo que provocó un creciente rechazo social. Esta crisis se agravó con la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), instaurada con el apoyo del rey. Aunque pretendió ser una solución autoritaria a esta crisis, no solucionó los problemas estructurales del país y generó una fuerte oposición política e intelectual. Además, al vincularse directamente con la dictadura, la monarquía quedó desprestigiada cuando esta fracasó.

Tras la dimisión de Primo de Rivera en 1930, Alfonso XIII intentó restablecer el sistema constitucional previo a 1923. Sin embargo, los gobiernos del general Berenguer y del almirante Aznar fracasaron en su intento de volver a la normalidad política. La llamada «dictablanda» no logró recuperar la confianza de la población, mientras los partidos tradicionales estaban desorganizados. En este contexto, la oposición se unió en el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), donde republicanos, socialistas y nacionalistas acordaron acabar con la monarquía.

Se formó un Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá-Zamora para coordinar la oposición a la monarquía y preparar la proclamación de la República. En diciembre de 1930 se produjo un pronunciamiento militar en Jaca que fracasó. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se interpretaron como un plebiscito entre monarquía y república. Aunque los monárquicos obtuvieron más concejales en conjunto, los republicanos vencieron en la mayoría de las grandes ciudades, donde el voto no estaba influenciado por el caciquismo. Esto reflejó el rechazo de las clases medias urbanas a la monarquía. Sin apoyos suficientes, Alfonso XIII abandonó el país.

En consecuencia, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en un clima de entusiasmo popular ante la esperanza de regeneración democrática y modernización. En conclusión, la República fue el resultado del desgaste del sistema de la Restauración, del fracaso de la dictadura y de la identificación de la monarquía con un régimen incapaz de reformarse, lo que provocó su pérdida definitiva de legitimidad. 11.

El contexto internacional de la Guerra Civil y el apoyo exterior recibido (C) La Guerra Civil española (1936-1939) tuvo desde su inicio una clara dimensión internacional, en un contexto de creciente tensión en Europa entre democracias, el fascismo y el comunismo, que anticipaba el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto español generó una fuerte división en la opinión pública mundial y se convirtió en un escenario donde las grandes potencias proyectaron sus intereses estratégicos e ideológicos, además de servir como campo de ensayo de nuevas tácticas y armamento.

Desde el comienzo, ambos bandos solicitaron ayuda exterior, siendo decisiva la intervención extranjera en el desarrollo de la guerra. Los sublevados recibieron un apoyo más rápido, constante y eficaz. Destacó la ayuda de la Alemania nazi de Hitler, que proporcionó aviación, armamento y asesoramiento militar a través de la Legión Cóndor, responsable del bombardeo de Guernica (1937). Italia, bajo Mussolini, envió numerosas tropas, material bélico y apoyo naval durante toda la guerra. Portugal, con la dictadura de Salazar, facilitó apoyo logístico, el uso de infraestructuras y el envío de voluntarios.

Además, la Iglesia católica respaldó a los sublevados, presentando la guerra como una «cruzada» en defensa de la fe contra el comunismo ateo, lo que reforzó su legitimidad internacional. Por su parte, la República contó con apoyos más limitados y tardíos. La Unión Soviética suministró armas y asesores desde octubre de 1936, a cambio del traslado a Moscú de las reservas de oro del Banco de España. México también proporcionó ayuda material y diplomática. Asimismo, las Brigadas Internacionales, con unos 35.000 voluntarios, tuvieron una gran importancia moral y propagandística, aunque menor impacto militar.

Las democracias occidentales (Francia, Reino Unido y Estados Unidos) adoptaron una política de no intervención, concretada en el Pacto de No Intervención (1936), que prohibía enviar armas a España. Sin embargo, esta política fracasó, ya que las potencias fascistas continuaron apoyando a los sublevados, mientras la República quedaba aislada. La Sociedad de Naciones se mostró ineficaz ante estas violaciones. En conclusión, la Guerra Civil española fue un conflicto internacionalizado en el que la desigualdad en el apoyo exterior resultó clave para la victoria del bando sublevado.