Historia de España EBAU Canarias: apuntes de 1808 a 1986

1. El colapso del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia (1808-1814)

El reinado de Carlos IV (iniciado en 1788) se vio profundamente condicionado por el impacto de la Revolución francesa. Ante el temor al contagio revolucionario, la monarquía española osciló entre el aislamiento inicial y la posterior subordinación a Francia tras la firma del Tratado de San Ildefonso y el Tratado de Fontainebleau (1807). Este último permitió la entrada de tropas imperiales en territorio español con el pretexto de invadir Portugal.

La crisis dinástica se aceleró a través de dos episodios determinantes: el Proceso de El Escorial (1807), una fallida conspiración del príncipe heredero contra Manuel Godoy, y el Motín de Aranjuez (marzo de 1808), revuelta palaciega que provocó la caída del valido y la forzada abdicación de Carlos IV en su primogénito, Fernando VII. Aprovechando el conflicto dinástico, Napoleón convocó a ambos monarcas a Francia y forzó las Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808), cediendo la corona a su hermano José Bonaparte (José I).

El vacío de poder institucional y la ocupación militar detonaron el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid, marcando el inicio de la Guerra de la Independencia. Se generó de inmediato una situación de doble legitimidad política:

• El régimen bonapartista: sustentado por el Estatuto de Bayona de 1808 (una carta otorgada, no una constitución votada por representantes soberanos) y apoyado por los ilustrados conocidos como afrancesados.
• El frente patriótico: organizado de abajo hacia arriba mediante la formación espontánea de juntas locales y provinciales integradas por élites locales, eclesiásticos y notables para dirigir la resistencia militar y el gobierno en nombre del monarca cautivo.

Para coordinar los esfuerzos bélicos y diplomáticos, las juntas delegaron su autoridad en la Junta Suprema Central, creada en septiembre de 1808 bajo la presidencia del conde de Floridablanca. Ante las derrotas militares y el avance del ejército imperial, la Junta se retiró a Sevilla y finalmente a Cádiz en 1810, plaza inexpugnable protegida por las fortificaciones terrestres y la escuadra británica.

2. Las particularidades canarias: juntas y pleito insular

La lejanía insular y las noticias de las abdicaciones obligaron al archipiélago canario a organizar su propia estructura defensiva y gubernamental. En 1808 se constituyó en San Cristóbal de La Laguna la Junta Suprema de Canarias con la intención de ejercer el mando sobre todo el archipiélago. Sin embargo, este movimiento despertó el rechazo inmediato de las instituciones de Las Palmas de Gran Canaria al no haber sido consultadas, reactivando con fuerza el histórico conflicto de representatividad conocido como pleito insular.

3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Sitiada en Cádiz, la Junta Suprema Central traspasó sus atribuciones a un Consejo de Regencia, el cual procedió a convocar elecciones a Cortes generales y extraordinarias. A diferencia de las tradicionales Cortes estamentales del Antiguo Régimen, los liberales consiguieron imponer una asamblea única con voto individual por diputado, asumiendo la representación directa del cuerpo social.

El 19 de marzo de 1812, festividad de San José (de ahí su apelativo popular, «La Pepa»), las Cortes promulgaron la primera carta magna contemporánea de España. En sus debates desempeñaron un papel activo cuatro diputados canarios, entre los que sobresalió el sacerdote ilustrado Antonio José Ruiz Padrón, célebre por su encendida y decisiva defensa de la abolición del Santo Oficio.

De forma paralela al texto constitucional, las Cortes desarrollaron una profunda obra legislativa desmanteladora del régimen señorial:

1. Abolición de los señoríos jurisdiccionales: eliminación de las atribuciones judiciales y de vasallaje de los nobles sobre los campesinos, transformando los señoríos territoriales en propiedad privada capitalista.
2. Supresión de los gremios: implantación de la libertad de trabajo, comercio, industria y contratación, poniendo fin al monopolio corporativo medieval.
3. Extinción de la Inquisición: supresión de los tribunales del Santo Oficio en 1813 (restablecidos por Fernando VII en 1814 y abolidos definitivamente en 1834), traspasando las faltas religiosas a los obispos.
4. Desamortizaciones iniciales: incautación y venta de bienes de las órdenes militares y conventos destruidos por la guerra para sufragar la deuda pública.

4. La dialéctica entre absolutismo y liberalismo bajo Fernando VII (1814-1833)

El retorno del rey tras el Tratado de Valençay (1813) abrió un ciclo de confrontación abierta entre el proyecto liberal reformista y la reacción ultraconservadora del Antiguo Régimen.

A. El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Al pisar suelo español, Fernando VII rechazó jurar la Constitución. En abril de 1814 recibió en Valencia el denominado Manifiesto de los Persas, documento suscrito por 69 diputados absolutistas que justificaba ideológicamente el restablecimiento de la monarquía absoluta. Mediante el Decreto de Valencia del 4 de mayo de 1814, el rey declaró nula la Constitución y toda la legislación de Cádiz «como si no hubiesen pasado jamás tales actos».

Durante estos seis años se restauraron los privilegios estamentales, los señoríos y el Tribunal de la Inquisición. Los liberales y afrancesados sufrieron cárcel, ejecución o el exilio. Ante la clausura de las vías políticas, la oposición se canalizó a través de sociedades secretas y constantes pronunciamientos militares (Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy), todos fallidos hasta 1820. Coincidió además con los primeros triunfos decisivos de los movimientos de emancipación criolla en la América continental.

B. El Trienio Liberal (1820-1823)

En enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego se sublevó en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) al frente de las tropas destinadas a sofocar las revueltas coloniales en América. El pronunciamiento se propagó por diversas ciudades, obligando a Fernando VII a claudicar y jurar la carta de Cádiz con su célebre frase:

«Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional»

Durante este periodo se repuso la legislación gaditana: abolición definitiva del régimen señorial, restablecimiento de la Milicia Nacional, supresión de la Inquisición y secularización de órdenes religiosas. Sin embargo, el liberalismo sufrió una temprana división interna:

• Doceañistas o moderados: partidarios de reformas prudentes, de otorgar mayores prerrogativas a la Corona y de pactar con las clases privilegiadas.
• Veinteañistas o exaltados: defensores de la aplicación estricta de la Constitución de 1812, de reformas aceleradas y de apoyarse en las clases urbanas.

Frente a ellos, la contrarrevolución realista operó mediante conspiraciones regias, la insurrección campesina y la proclamación de la Regencia de Urgel en 1822. Finalmente, la Santa Alianza intervino en el Congreso de Verona (1822) encomendando a Francia el restablecimiento del absolutismo. En abril de 1823, el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, mandado por el duque de Angulema, cruzó la frontera y puso fin al régimen constitucional sin apenas resistencia.

C. La Década Ominosa (1823-1833)

El restablecimiento del absolutismo inauguró una etapa caracterizada por una feroz represión contra el liberalismo (ejecuciones de Rafael del Riego, Mariana Pineda y el general Torrijos tras su fallido desembarco en 1831). Se formaron las comisiones militares y las Juntas de Fe (sustitutas de la ya no recuperada Inquisición).

Pese a ello, la quiebra financiera y la pérdida definitiva del imperio colonial obligaron al monarca a introducir reformas administrativas y técnicas de carácter moderado con ministros ilustrados como López Ballesteros (creación del Consejo de Ministros, Presupuestos Generales del Estado y el Código de Comercio). Esto provocó la fractura del bloque absolutista:

• Sector moderado o reformista: partidario de concesiones arancelarias y de gestión técnica para evitar la bancarrota de la Hacienda.
• Sector ultra o apostólico: absolutistas intransigentes que recelaban de las medidas fernandinas por considerarlas tibias. En 1827 protagonizaron la revuelta armada de los Malcontents (Agraviados) en Cataluña y pasaron a alinearse en torno al hermano menor del monarca, el infante Carlos María Isidro.

El desenlace del reinado estuvo marcado por el conflicto dinástico: en 1830, ante el embarazo de su cuarta esposa, María Cristina de Borbón, el rey promulgó la Pragmática Sanción, aprobada en las Cortes de 1789 pero nunca publicada. Dicha norma dejaba sin efecto la Ley Sálica borbónica de 1713 y permitía reinar a las mujeres, habilitando los derechos al trono de su hija, la futura Isabel II. A la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, don Carlos desconoció la sucesión legítima, dando inicio a la primera de las guerras carlistas (conflicto analizado en «Tema 1: La construcción del Estado liberal (1808-1874) — El moderantismo liberal en la era isabelina»).

El advenimiento de la Restauración y el diseño político canovista

Tras la inestabilidad que caracterizó al Sexenio Democrático (véase «Tema 1: La construcción del Estado liberal (1808-1874) — El Sexenio Democrático»), se produjo el pronunciamiento de Sagunto (véase «Tema 1: La construcción del Estado liberal (1808-1874) — El Sexenio Democrático»), que proclamó rey a Alfonso XII. Aunque el principal artífice civil del retorno borbónico, Antonio Cánovas del Castillo, prefería una restauración alcanzada exclusivamente por vía política y civil, asumió la dirección del nuevo régimen con dos objetivos prioritarios inmediatos:

• Apartar al estamento militar de la deliberación política: erradicar la constante intromisión de generales y los pronunciamientos decimonónicos que habían derribado gabinetes a lo largo de todo el siglo XIX.
• Lograr la pacificación territorial del Estado: clausurar los frentes bélicos abiertos. Por un lado, se puso fin a la Tercera Guerra Carlista en 1876, lo que conllevó la supresión del régimen foral en las provincias vascas; por otro, se rubricó en Cuba la Paz de Zanjón en 1878, concluyendo provisionalmente la Guerra de los Diez Años.

El marco institucional: la Constitución de 1876

Para dotar de sustento legal duradero a la nueva monarquía, se promulgó un texto constitucional deliberadamente flexible y ecléctico, concebido para que las diversas facciones del liberalismo moderado y conservador pudieran gobernar sin necesidad de redactar una nueva carta magna cada vez que cambiase el gabinete.

Los ejes institucionales que definieron la Constitución de 1876 fueron:

• Prerrogativas regias reforzadas: la figura del monarca actuaba como árbitro o poder moderador por encima de las fuerzas parlamentarias. Ostentaba el mando supremo del ejército, nombraba y destituía libremente al jefe de gobierno, no respondía ante el legislativo y compartía la capacidad de legislar e intervenir en las Cortes.
• Cortes bicamerales: compuestas por el Congreso de los Diputados, cuyos miembros eran elegidos formalmente mediante sufragio directo, y el Senado, de carácter fuertemente conservador, integrado por miembros con derecho propio por su rango, miembros designados directamente por la Corona y senadores electos entre los mayores contribuyentes y corporaciones del Estado.
• Derechos individuales tutelados: recogía libertades formales como imprenta, expresión, asociación y reunión, si bien su desarrollo efectivo quedó remitido a leyes ordinarias posteriores que restringían notablemente su ejercicio según el color del ejecutivo.
• Confesionalidad religiosa: declaración del catolicismo como la religión oficial de la nación, obligando al Estado al sostenimiento del clero y encomendando a la Iglesia católica un influyente control doctrinal sobre la educación moral e intelectual.
• Ambigüedad electoral y centralismo: el texto no fijó el cuerpo electoral; inicialmente rigió el sufragio censitario restringido, hasta que en 1890 el Partido Liberal promulgó la ley de sufragio universal masculino. A nivel territorial, el régimen consagró un estricto centralismo administrativo que situó bajo la tutela directa del Ministerio de la Gobernación a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

El bipartidismo dinástico y la mecánica del turno pacífico

El núcleo de la estabilidad política canovista radicó en el turno pacífico, un mecanismo de rotación pactada entre dos formaciones oficiales o «partidos del turno» que acataban la monarquía alfonsina: el Partido Conservador, guiado por Cánovas del Castillo y apoyado por las élites agrarias aristocráticas y la burguesía tradicional, y el Partido Liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta y respaldado por sectores comerciales, profesionales urbanos y la burguesía industrial.

A diferencia de una democracia parlamentaria real —donde el cuerpo electoral vota, el parlamento resultante refleja la mayoría y este otorga la confianza al gobierno—, el engranaje canovista funcionaba exactamente a la inversa: cuando un gabinete sufría desgaste, los líderes de ambos partidos acordaban el relevo, el rey encargaba la presidencia al líder de la oposición y le otorgaba el decreto de disolución de Cortes. A continuación, el nuevo gobernante organizaba las elecciones para asegurarse la mayoría parlamentaria requerida.

La maquinaria del fraude: encasillado, caciquismo y pucherazo

Para garantizar que el resultado en las urnas ratificara de forma invariable la decisión previa del monarca y del ministerio saliente, se articuló una pirámide de adulteración comicial cimentada en tres prácticas inseparables:

1. El encasillado: desde la sede del Ministerio de la Gobernación en Madrid se elaboraba la parrilla o cuadrícula de las circunscripciones. Se determinaba de antemano qué candidato («candidato adicto») debía resultar vencedor en cada distrito para otorgar una mayoría cómoda al gobierno entrante, reservando siempre una minoría pactada para el partido que pasaba a la oposición.
2. La mediación caciquil: los gobernadores civiles trasladaban las directrices del encasillado a los caciques locales. En una España mayoritariamente campesina, analfabeta y dependiente de la posesión de la tierra, estos oligarcas controlaban los arrendamientos, los contratos de trabajo, las exenciones del servicio militar y las cargas tributarias, asegurando mediante favores clientelares o represalias el acatamiento ciego de los votantes.
3. El pucherazo: si la sumisión electoral de los votantes fallaba o el candidato opositor no dinástico amenazaba con ganar, se recurría a la manipulación física y directa de los comicios: compraventa de sufragios, alteración del censo electoral (incorporando votos de electores fallecidos o «lázaros»), secuestro o rotura de urnas, y modificación descarada de las actas de escrutinio.